Argentina rechaza las peticiones de extradición de los colaboradores de la dictadura
Entre los afectados por el decreto que ha aprobado el Gobierno de De la Rúa se encuentran tribunales españoles
El Gobierno argentino ha aprobado un decreto que rechaza todas las peticiones de extradición "por hechos ocurridos en territorio nacional o lugares sometidos a la jurisdicción nacional", dejando sin efecto los reclamaciones de tribunales extranjeros -españoles, entre otros-, para juzgar a presuntos colaboradores en la represión de la última dictadura militar (1976-1983).
"Ningún Estado puede atribuir unilateralmente, mediante su derecho interno, competencia a sus propios tribunales para juzgar hechos ocurridos fuera de su territorio", sostiene el decreto 1581/2001 publicado ayer lunes en el Boletín Oficial. El decreto, que lleva la firma del presidente Fernando de la Rúa; del jefe de Gabinete, Chrystian Colombo; del ministro de Justicia, Jorge de la Rúa; y del titular de Asuntos Exteriores, Adalberto Rodríguez Giavarini, ratifica la política llevada a cabo hasta el momento por Argentina.
El actual Gobierno de De la Rúa, al igual que el de su antecesor Carlos Menem, se ha negado de forma sistemática a extraditar a los súbditos argentinos reclamados por varios países europeos, alegando el principio de "territorialidad". Francia, España, Alemania e Italia son los países de la Unión Europea que han solicitado la extradición de militares y civiles acusados por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el régimen militar del ex general Jorge Videla. La mayoría de ellas han sido rechazadas por el Ejecutivo sin llegar a pasar por la instancia judicial.
Lluvia de indultos
Argentina indultó a todos aquellas personas involucradas en los crímenes de la dictadura por medio de las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987). Poco después, en 1989 y 1990, el ex presidente Carlos Menem extendió las medidas a los responsables militares del régimen, que habían sido juzgados y condenados en 1985.
Los represores sólo pueden ser acusados y procesados en Argentina por el robo y apropiación de menores, por la que están presos los Jorge Videla y Emilio Massera, entre otros, o por robo de bienes, causas que no formaron parte del juicio a las Juntas, por lo que no estuvieron incluidas en los indultos.
