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Venta de material militar a Venezuela

La venta de barcos a Chávez dividió al Gobierno español

EE UU presionó insistentemente para impedir la entrega de patrulleras y aviones, que enfrentó a Moratinos y Bono

Un acuerdo de venta de patrulleras y aviones de transporte españoles a Venezuela hizo saltar las alarmas en la embajada de EE UU en Madrid, en cuyas comunicaciones con Washington queda reflejado el enfrentamiento que esa operación provocó entre Miguel Ángel Moratinos, ministro de Exteriores, y José Bono, titular de Defensa. EE UU presionó insistentemente para evitar que se cerrase el acuerdo, que se convirtió en uno de los principales obstáculos para la normalización de las relaciones entre España y EE UU tras la retirada de las tropas españolas de Irak.

Decenas de documentos confidenciales muestran cómo Washington presionó una y otra vez a altos cargos de Exteriores y Defensa, incluidos sus titulares, e incluso al propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Finalmente, la venta de barcos se cerró, pero EE UU vetó la transferencia de tecnología necesaria para el contrato de los aviones.

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Las reticencias de EE UU hacia la política española sobre Venezuela son previas a ese contrato. La visita de Chávez a España de finales de 2004 ya provocó malestar en la embajada de EE UU por "la retórica revolucionaria y las proclamas de Chávez contra EE UU al lado de autoridades españolas". El Gobierno español se disculpó alegando que solo invitó a Chávez tras meses de insistentes peticiones.

Un contrato "muy importante"

Pero fue el acuerdo de venta de material militar, pactado por Bono en un viaje a Caracas en enero de 2005, el que encendió los ánimos. En febrero, el propio Bono llamó a la embajada para subrayar que los barcos eran patrulleras y que Caracas había dado garantías de que no se usarían con fines ofensivos, sino para proteger su costa y su zona marítima exclusiva. Bono aseguraba que la razón para la venta no era política, sino que suponía un contrato "muy importante para Izar".

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Días después, el director general para Latinoamérica, Javier Sandomingo, iba a la embajada e indicaba que la operación no solo no estaba cerrada sino era objeto de "un vigoroso debate interno" en el Gobierno. La impresión que se llevaron los diplomáticos estadounidenses es que la venta generaba un "considerable malestar" en Exteriores. La propuesta de la embajada era presionar para influir en "las deliberaciones internas".

EE UU se puso a repetir el mensaje insistentemente. A finales de marzo, la embajada recapitulaba que sus preocupaciones habían sido transmitidas al Gobierno español al menos en ocho reuniones distintas, y que también se habían expresado a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y a Moratinos por parte del fiscal general el 10 de marzo. Varios contactos del ministerio de Moratinos insistieron en que estaban incómodos con la operación e insistieron en que Bono había "impulsado el acuerdo pese a la fuerte oposición de Exteriores" y llegaron a criticar al propio Zapatero.

Material contra el terrorismo

El entonces vicesecretario de Estado, Robert Zoellick, aprovechó su visita a Madrid en abril de 2005 para transmitir el mismo mensaje al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que aseguró que lo que se vendía era material defensivo que permitiría luchar contra el tráfico de drogas y el terrorismo.

En esos mismos días, el 20 de abril de 2005, el secretario de Estado de Defensa, Francisco Pardo, se reunió con el número dos de la embajada, Robert Manzanares. Para convencer a la embajada de que España no estaba vendiendo "corbetas", como acusaba el Partido Popular, sino "patrulleras oceánicas", Pardo enseñó el acuerdo a Manzanares. "No debería enseñar este documento secreto", dijo Pardo según el entrecomillado que le adjudica la embajada, "pero quiero que quede muy claro lo que estamos vendiendo y lo que no estamos vendiendo". "Los barcos no llevarán misiles, eso es lo que estoy intentando explicar. Por favor, confíen en nosotros", cuentan que añadió. Manzanares replicó: "Lo último que se necesita hacer ahora es algo que dé a Chávez más músculo militar y político, que parece exactamente lo que está haciendo España".

El propio Bono volvió a intentar tranquilizar a EE UU dos días después. Bono dijo a Manzanares que si hablase inglés, él mismo habría llamado al secretario de Estado de Defensa, Donald Rumsfeld, para explicarle la venta y cómo de lo que se trataba era de salvar los astilleros de Izar. Bono insistió en que otros países amigos de EE UU, como Suecia, vendían armas a Venezuela y también subrayó que EE UU no solo vendía armas a países democráticos, sino también a Arabia Saudí, Kuwait, Marruecos o Pakistán.

La llegada de Eduardo Aguirre como nuevo embajador a mitad de 2005 no cambió las cosas. Aguirre se reunió enseguida con Moratinos y con Bono y planteó la cuestión a ambos. Bono sacó un argumento nuevo para la ocasión: los barcos no serían probablemente entregados hasta seis años después, plazo para el que veía "altamente improbable" que Chávez siguiera en el poder, algo que los hechos han desmentido. Aguirre se reunió el 12 de julio hora y media con Zapatero y volvió a insistirle en que sus "atenciones" daban a Chávez una legitimidad de la que de otro modo carecería.

Tema recurrente en la relación bilateral

El tema se convirtió en recurrente en la relación bilateral. España quería salvaguardar la operación, pero al tiempo acercar distancias con EE UU, dado que compartía la preocupación por el deterioro democrático en Venezuela. Moratinos pidió incluso a la subsecretaria Paula Dobriansky que EE UU plantease propuestas concretas para ayudar a la oposición venezolana. En otra reunión, el secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León señaló que "España no ve a Chávez como a un amigo, pero cree que aún hay una posibilidad de influir para que aplique reglas democráticas".

El 22 de diciembre de 2005, Aguirre llamó a Moratinos para dar un repaso a la relación bilateral. La situación había mejorado, pero lo habría hecho más sin la venta de material militar a Venezuela. "Aguirre le dijo a Moratinos que sabía que Exteriores había hecho un esfuerzo de buena fe por hacer descarrilar el acuerdo, pero había sido desbordado por Bono. Moratinos (...) dijo que tanto él como Bernardino León creyeron que habían logrado frustrar la parte de la venta de aviones cuando se dirigieron al embajador. Sin embargo, Bono ganó la batalla interna y cerró la venta", relata el resumen.

Pasadas las Navidades, el problema seguía sobre la mesa. El embajador se reunió con Moratinos el 12 de enero de 2006 para comunicarle que EE UU había decidido denegar la transferencia de tecnología para los aviones de transporte de EADS/CASA que España quería vender y la relación pasó por uno de los momentos de mayor tensión. Ahí es cuando, según la versión de la embajada, la rabia de Moratinos estalló: "Somos la octava potencia mundial, pero EE UU nos trata como un país de quinta fila". Con todo, Aguirre comunicó al Departamento de Estado que "Moratinos ha sido una influencia positiva durante todo este episodio, pese a haber tenido que jugar (otra vez) el papel de perdedor en una lucha interna con Bono".

Una vez que la venta de aviones quedó descartada ante la negativa de EE UU (algo de lo que se felicitó León), las presiones por los barcos perdieron algo de fuerza, pero no desaparecieron del todo. Cuando, a mediados de 2007, EE UU vio que las relaciones de España con Venezuela empeoraban no solo volvió a insistir en que se anulase la venta, sino que hasta se ofreció a proporcionar una lista de países que podrían estar interesados en comprar los barcos. Pero la operación siguió adelante y ni siquiera los intentos de aprovechar el momento más crítico de las relaciones entre España y Venezuela (el "¿por qué no te callas?" del Rey a Chávez) dieron fruto. La mayoría de las patrulleras han sido ya entregadas a Venezuela.

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El presidente venezolano, Hugo Chávez, charla con el entonces ministro de Defensa, José Bono, durante la firma del acuerdo en 2005.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, charla con el entonces ministro de Defensa, José Bono, durante la firma del acuerdo en 2005.AP

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