EE UU acusa a México de torturar a dos ciudadanos norteamericanos
El Departamento de Justicia estadounidense acusa a las autoridades mexicanas de torturar a dos ciudadanos estadounidenses detenidos en Ciudad Juárez. Shohn Huckabee, de 23 años, y su amigo Carlos Quijas fueron condenados a cinco años de prisión en diciembre de 2009, acusados de tráfico de drogas.
Huckabee, que siempre ha mantenido que el ejercito mexicano le tendió una trampa, quedó en libertad el pasado viernes de manera inmediata gracias al respaldo del Gobierno norteamericano. El joven había sido encarcelado en una prisión de Juárez durante 24 meses y el pasado mes de septiembre logró el traslado a una cárcel en territorio norteamericano, gracias a un acuerdo entre los dos países al que ha tenido acceso el diario The Wall Street Journal. Quijas, por su parte, sigue en México a la espera de conseguir su traslado.
Los dos norteamericanos cruzaron la frontera el 18 de diciembre de 2009 para reparar la camioneta de Huckabee. Al regresar a Estados Unidos, a unos dos kilómetros de la frontera, miembros del ejército mexicano les dieron el alto y poco después fueron acusados de posesión de más de 50 kilogramos de marihuana. Huckabee y Quijas, que ahora cuentan con el respaldo del Gobierno estadounidense, defendieron desde un primer momento que les vendaron los ojos y fueron llevados a una base militar, donde recibieron golpes, descargas eléctricas y fueron amenazados de muerte. Huckabee declaró a la cadena ABC durante una entrevista en prisión que la primera vez que vio las bolsas con la droga fue después de ser torturado durante horas, cuando les retiraron la venda de los ojos.
Durante todo este tiempo la familia de Huckabee ha mantenido una campaña por la libertad de los dos jóvenes, apoyados por la versión de varios testigos del momento de la detención y que afirman que vieron a militares colocando dos bolsas en el maletero de la furgoneta de los americanos.
El Ejército mexicano ha negado estas acusaciones, mientras que el Gobierno de Calderón todavía no se ha pronunciado al respecto. Las afirmaciones del Departamento de Justicia norteamericano podrían complicar la colaboración entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico. La Iniciativa Mérida, por la que EE UU ha donado más de 1.000 millones de euros establece que México podría perder un 15% de la ayuda económica de su vecino del norte si hay pruebas de violaciones de los derechos humanos.
La acusación del Departamento de Justicia coincide con denuncias recientes contra el Gobierno mexicano por violaciones de derechos humanos en la lucha contra el narcotráfico. Las autoridades estiman que unas 45.000 personas han perdido la vida en incidentes violentos relacionados con el tráfico de drogas desde que Felipe Calderón fuera investido presidente de México a finales de 2006.
En este momento, más de 5.000 ciudadanos mexicanos han presentado denuncias ante la comisión de derechos humanos del país contra miembros del ejército, acusado en repetidas ocasiones de cometer torturas. La Corte Penal Internacional de La Haya también recibió el pasado 25 de noviembre una petición, firmada por 23.000 mexicanos, para que se investigue al presidente de México Felipe Calderón en relación con las torturas y muerte de civiles en la lucha contra el narcotráfico. Los denunciantes alegan que la policía y el ejército habrían cometido violaciones de derechos humanos en al menos 470 casos.
La organización Human Rights Watch presentó hace unas semanas su informe “Ni derechos ni seguridad: asesinatos, torturas y desapariciones en la ‘guerra contra el narcotráfico’ en México”, en el que afirma haber encontrado pruebas de la participación de las fuerzas de seguridad mexicana en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 asesinatos extrajudiciales desde que Calderón tomara posesión de su cargo.
El Gobierno mexicano negó entonces las acusaciones en un comunicado, afirmando que estaban “claramente equivocadas y carecen de pruebas”, y amenazó con tomar acciones legales contra los activistas que han llevado el caso hasta La Haya. Calderón recibió días antes a los miembros de HRW en su residencia oficial, donde insistió que México ha dado pasos decisivos para la protección de los derechos humanos “siempre en un marco de transparencia y apertura al escrutinio público, ya sea de carácter internacional o doméstico”.
