La UE eludirá el permiso de Israel para sus proyectos de desarrollo en Cisjordania

La construcción de nuevos asentamientos y la anexión de territorio palestino por parte de Israel va cerrando rápidamente la ventana de oportunidad para la creación del Estado palestino, según refleja textualmente un informe confidencial elaborado por la Oficina del Representante de la UE en Jerusalén, al que ha tenido acceso este periódico. El documento también asegura que Bruselas dejará de pedir permiso al Gobierno israelí para los planes de desarrollo que impulsa en gran parte de Cisjordania.

De acuerdo a las estadísticas reflejadas en este texto de 16 páginas, que cita a diversas agencias de Naciones Unidas con presencia en el terreno y a varias ONG locales, el número de colonos israelíes en Cisjordania se ha triplicado desde que comenzara el Proceso de Oslo (310.000, en 2010 frente a los 110.000, en 1993), y se ha duplicado respecto del número de palestinos que viven en la Zona C (es decir, la áreas rurales, que representan el 62% de Cisjordania y en las que viven 150.000 palestinos bajo jurisdicción israelí).

El informe sistematiza las consecuencias negativas que provocan estas políticas. La construcción de la “barrera de separación” -verja de seguridad para los israelíes o muro del apartheid para los palestinos, cuyo trazado es contrario a los dictados de la Corte Internacional de Justicia de La Haya- ha supuesto la anexión unilateral de un 9,5% de Cisjordania. Además, los 124 asentamientos formalmente reconocidos y los más de 100 outposts (puestos formados por caravanas y contenedores, embriones de futuras colonias) ocupan otro 10%.

Pero hay más. Las carreteras e infraestructuras que conectan los asentamientos entre sí y a su vez con el territorio israelí aumentan hasta el 40% el dominio ejercido por Israel sobre Cisjordania. Asimismo, la declaración de “zonas militares cerradas” y de “espacios naturales protegidos” facilita que los recursos naturales del próspero valle del Jordán y los acuíferos sean fagocitados por empresas públicas israelíes, que obligan a los palestinos a pagar el litro de agua a precio de mercado, mientras subvencionan el que pagan los colonos.

Esta expansión territorial, según especifica el texto, conlleva la expulsión gradual de los palestinos y los beduinos. Las demoliciones de viviendas practicadas por el Ejército y el destrozo de tierras de cultivo (a menudo, fruto del vandalismo de grupos de colonos) provocan una “transferencia forzada de población civil por parte del poder ocupante”, lo que contraviene las Convenciones de Ginebra.

La expansión territorial israelí en Cisjordania conlleva la expulsión gradual de los palestinos y los beduinos

En este sentido, el informe pone en evidencia el fracaso del plan del primer ministro palestino, Salam Fayad -“Acabando con la Ocupación, Estableciendo el Estado”-, por el que la Autoridad Nacional Palestina se arrogaría poderes en el ámbito de la planificación urbanística y en el de la construcción de infraestructuras (carreteras, escuelas, clínicas, depuradoras de aguas, etc). En este ámbito el llamado Plan Fayad se ha quedado en una mera declaración de intenciones, imposibilitado por el Gobierno israelí.

Así las cosas, y ante el supuesto de que esta política de hechos consumados impida en breve la creación de un Estado palestino territorialmente contiguo y económicamente viable, la UE encomienda a sus Estados miembros y sus respectivas agencias de cooperación que promuevan y financien proyectos de desarrollo en las Zonas C. “Por primera vez se hará de forma unilateral sin la autorización previa de Israel”, ha asegurado un diplomático europeo a este diario. La misma fuente también explica que a partir de 2012 la UE dedicará una partida presupuestaria específica para el desarrollo de proyectos de agua o infraestructuras en estas zonas que resultan críticas para garantizar la viabilidad del futuro Estado palestino, “lo que supone una presión de facto al Gobierno israelí para que las cosas se hagan “, ha añadido el diplomático.

Valga como ejemplo los paneles solares instalados en una pequeña aldea situada al sureste de Hebrón por la ONG catalana Servicios Energéticos Básicos y financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por un coste de 365.000 euros. El pasado mes de octubre a punto estuvieron de ser demolidos por los militares, ejecutores de las órdenes de la administración civil, si no hubiera sido por las gestiones del Consulado español de Jerusalén y la presión ejercida sobre algunos diplomáticos israelíes, tras la publicación de la noticia en varios medios de comunicación españoles.