“Los agentes no salen de comisaría”

“¿La huelga termina o continúa?”, pregunta una voz a través de la megafonía. “Continúa”, claman como un solo hombre unos 500 agentes de la Policía Militar reunidos en asamblea en la ciudad brasileña de Salvador de Bahía. Los huelguistas acaban de abandonar la sede del Palacio Legislativo bahiano, que ocupaban desde que iniciaron la protesta el pasado 31 de enero. Los ánimos están caldeados entre los policías amotinados, cuya acción ha colocado a los habitantes de Bahía en una situación de máxima inseguridad. La ola de violencia desatada en los últimos nueve días ha costado 146 homicidios en la región metropolitana de Salvador. No hay cifras del conjunto del Estado.

“Los policías están dispuestos a seguir en huelga hasta que el Gobierno dé respuesta a sus peticiones”, dice al terminar la asamblea el capitán Tadeu, antiguo miembro del cuerpo y actual diputado, que se ha erigido en mediador de los huelguistas. Aunque de momento ninguna autoridad le reconoce tal condición. Después de nueve días de conflicto, las reivindicaciones se resumen en un aumento salarial del 20% (menor que la petición inicial del 40%) y en la liberación de los detenidos y la ausencia de represalias. Una demanda de difícil cumplimiento a juzgar por los acontecimientos y declaraciones de las últimas horas. Marco Prisco, cabecilla de los huelguistas, fue detenido por efectivos del Ejército en la madrugada de ayer, junto a Antonio Angelini, otro de los líderes de la revuelta. Horas después, la presidenta Dilma Rousseff expresaba su total rechazo a un eventual perdón de los implicados en actos de vandalismo.

El conflicto policial de Bahía ha dado un giro significativo en las últimas 24 horas. Todo empezó con la difusión de unas escuchas telefónicas en las que Prisco ordenaba a otros de los cabecillas de la huelga una serie de acciones violentas, que incluían cortes de tráfico y quema de vehículos. En los primeros días del paro, individuos armados bloquearon con camiones y autobuses diversas vías de acceso a Salvador. En otra de las conversaciones interceptadas, Benevenuto Daciolo, cabo de la Policía Militar de Río de Janeiro desplazado a la capital bahiana, anunciaba a su interlocutor la intención de boicotear la celebración de los carnavales en Río y Bahía, previstos para la semana próxima. El agente fue detenido anoche a su llegada al aeropuerto de la capital carioca. Informaciones recogidas en varios Estados de la federación brasileña dan cuenta de acciones encubiertas de sectores policiales para extender la protesta y poner en aprietos al Gobierno de Rousseff.

La detención o entrega de Prisco a los efectivos militares que rodeaban la sede del Parlamento bahiano se produjo a primera hora de la mañana de ayer. Ninguno de los numerosos periodistas que hacían guardia permanente vio nada. Ni una fotografía ni una sola imagen de vídeo de la captura y salida del cabecilla de los huelguistas. Tanta discreción ha despertado la sospecha de que la detención fue pactada con los captores para impedir la presencia de testigos. El capitán Tadeu, mediador de los amotinados, asegura que “Prisco se entregó voluntariamente para fortalecer el movimiento e impedir la radicalización de las partes”. Y añade: “Hasta ahora nadie ha presentado ninguna propuesta a los policías”.

Tras la detención del jefe de los huelguistas, que está preso en un cuartel del Ejército, los más de 300 policías y familiares que ocupaban la Asamblea Legislativa abandonaron pacíficamente el recinto ante la atenta mirada de los militares y se dirigieron en vehículos particulares y autobuses a la sede del Sindicato de Trabajadores de Banca, donde han instalado su nuevo cuartel general. Atrás quedaron numerosas huellas en el recinto desalojado. El gobernador Jacques Wagner, del Partido de los Trabajadores (PT) de la presidenta Rousseff, ha hecho un llamamiento a los huelguistas a deponer su actitud. Las autoridades bahianas aseguran que solo una minoría de los 32.000 efectivos de la Policía Militar secunda el paro. La cifra real es probablemente muy superior, sin llegar al 90% que difunden los amotinados.

Las consecuencias del conflicto se sienten sobretodo en las favelas y los barrios más pobres de la región metropolitana de Salvador, donde la presencia policial brilla por su ausencia. La violencia ha golpeado incluso en rincones que el Gobierno del Estado presentaba como ejemplo de su política de pacificación. Como la favela Calabar, en el sur de la ciudad, donde hacía más de un año que no se cometía un homicidio. “Los narcotraficantes han vuelto y el martes tuvimos el primer asesinato”, explica uno de los moradores, que prefiere no dar su nombre. “La policía está aquí en la favela, pero estos días no sale de la comisaría”. Lo mismo ocurre en el suburbio ferroviario, inmensa aglomeración de barrios pobres en la periferia Norte, y en la favela Nordeste de Amaralina, donde se han producido numerosos crímenes.

Los 1.500 efectivos militares enviados a Salvador patrullan las zonas más turísticas y hasta ayer rodeaban la Asamblea Legislativa. Pero en muchos barrios de la ciudad, la sensación de inseguridad se palpa a plena luz del día. El miedo ha provocado el cierre de establecimientos comerciales y escuelas, con los consiguientes efectos económicos. “Nuestros ingresos han caído el 60%”, se queja Armando, un taxista que acostumbra a trabajar en los hoteles de la Barra. Las pérdidas de bares y restaurantes llegan hasta el 90%, y se ha cancelado el 40% de las reservas para el carnaval, que suele atraer más de un millón de personas de fuera del Estado.

Con este telón de fondo, los huelguistas tratan de mantener viva una protesta que cada día tiene más detractores en Bahía.