_
_
_
_
_

El congreso exige a Obama la entrega de documentos secretos

La Cámara vota este jueves sobre la decisión del presidente de retener papeles respecto a un envío de armas a México

Antonio Caño
El fiscal general Eric y el presidente Barack Obama
El fiscal general Eric y el presidente Barack Obama Susan Walsh (AP)

Estados Unidos puede encontrarse ante un delicado conflicto entre poderes cuando el pleno de la Cámara de Representantes vote este jueves sobre un complicado caso que incluye la retención de documentos oficiales por parte del Departamento de Justicia y del propio Barack Obama. El asunto, en el que algunos en el Partido Republicano aprecian la sombra de un Watergate, se ha convertido en una amenaza para la supervivencia del fiscal general, Eric Holder, y promete complicarle la vida al presidente en un momento decisivo de la campaña electoral.

Si la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, se pronuncia este jueves, como es probable, a favor de que Holder entregue todos los documentos que se le solicitan, el Legislativo entrará directamente en colisión con Obama, que la semana pasada hizo uso, por primera vez en su mandato, de sus prerrogativas presidenciales para negarse a facilitar esos mismos papeles al Congreso.

El caso se conoce genéricamente como Fast and Furious (rápido y furioso), que es el nombre que la Agencia para el control del Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego (ATF), una rama del Departamento de Justicia, dio a una operación de introducción de armas en México para seguir la pista que podría llevarles hasta los capos de los carteles de las drogas.

Es conocido que esos ejércitos privados mexicanos se nutren de armamento en este lado de la frontera, donde comprar una un fusil o una ametralladora es tan fácil en algunos Estados como comprar un café. Se calcula que unas 2.000 armas cruzan diariamente de forma ilegal la línea divisora entre México y EE UU.

Esa fue precisamente la cantidad que, aparentemente, la ATF introdujo en 2009 con la esperanza de llegar hasta los últimos responsables de ese tráfico. La operación concluyó en un fiasco cuando se comprobó que una de esas armas había acabado sirviendo para asesinar a un agente de la policía fronteriza norteamericana.

A partir de ahí, los republicanos, capitaneados por el presidente del comité de Supervisión del Gobierno en la Cámara de Representantes, Darrell Issa, iniciaron una investigación para la que solicitaron documentos a Holder. Éste, al principio, negó la existencia de Fast and Furious, pero después acabó poniendo en manos del Comité 7.600 papeles relacionados con ese episodio.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Suscríbete

No los que quería Issa, quien cree ver en todo este asunto un intento de parte de la Administración de limitar la venta de armas en los Estados de la frontera con México. Ante la presión de los republicanos, Obama, hasta ese momento ajeno al conflicto, tuvo que involucrarse, y el pasado día 20 anunció que eran papeles protegidos por el secreto oficial y que seguirían siendo reservados. El martes mismo hubo un último intento de negociación entre la Casa Blanca y los republicanos para evitar la votación de este jueves, pero ese intento fracasó y todo indica que el enfrentamiento constitucional será inevitable.

Desde el punto de vista legal, los republicanos no tienen muchas posibilidades de llegar muy lejos. Aunque una votación favorable de la Cámara exigiría formalmente el nombramiento de un fiscal independiente para resolver el conflicto, en situaciones anteriores no se ha nombrado ese fiscal o éste siempre ha acabado reconociendo el derecho del Gobierno a mantener ciertos secretos.

Desde el punto de vista político, sin embargo, se crea una situación muy difícil para Holder e incómoda para Obama. Retener documentos, por mucho que esté justificado por lo delicado de la materia que tratan –y esta lo es por múltiples razones de seguridad y de política exterior-, crea siempre una imagen de uso arbitrario del poder que no es lo más recomendable en periodo electoral.

Muchos creen ver en este asunto la mano de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el poderoso lobby de defensa de las armas, que ha pedido a los congresistas que voten hoy a favor de Issa, ha anunciado que observará el comportamiento de cada cual y ha advertido que actuará en consecuencia. La NRA, que comparte la sospecha de que Obama pretendió usar Fast and Furious para limitar las armas de fuego, es uno de los mayores contribuyentes a las campañas electorales.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_