El mayordomo del Papa será juzgado por robo de documentos junto a un cómplice
Un informático colaboró con Gabriele en el robo de documentos del Vaticano El juicio se abrirá en otoño y el acusado afronta una pena de seis años
Paolo Gabriele irá a juicio. El mayordomo de Benedicto XVI, a quien el Pontífice solía llamar familiarmente Paoletto, será procesado por el robo con agravantes de documentos secretos de la Santa Sede. Ahora bien, no se sentará solo en el banquillo porque el juez instructor del Tribunal de Estado vaticano, Piero Antonio Bonnet, pide que también sea juzgado Claudio Sciarpelletti, un programador informático de 48 años empleado en la Secretaría de Estado de la Santa Sede. El delito del informático se refiere a que supuestamente ayudó a Paolo Gabriele en el tráfico de documentos. Estas son las principales novedades que cierran la fase de instrucción del caso sobre la enorme filtración de documentos que el pasado mes de mayo destapó todo tipo de intrigas y maquinaciones en la cuna de la Iglesia católica.
La decisión del juez —que fue publicada junto al sumario del fiscal Nicola Picardi— confirma el protagonismo de Gabriele, que podría enfrentarse a una condena de hasta seis años de cárcel al final del juicio que comenzará en otoño. “Todavía no sabemos cuándo”, detalló el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi. “Hasta el 20 de agosto el tribunal permanecerá cerrado y solo después los magistrados fijarán la primera vista”, precisó el jesuita.
El hombre de confianza del Papa, de 46 años, casado, padre de tres hijos y bajo arresto domiciliario desde el 21 de julio, está oficialmente acusado de haber sustraído del despacho de su superior jerárquico, el secretario de Ratzinger, monseñor Georg Gänswein, numerosos mensajes, cartas y correos secretos. Durante el registro de su piso, situado en el territorio de la Ciudad del Vaticano, la policía del pequeño Estado encontró fotocopias de varios documentos y también algunos objetos del Papa, como una pepita que parece de oro y una edición del siglo XVI de La Eneida. La policía halló asimismo un cheque, por valor de 100.000 euros, que la Universidad Católica de San Antonio, ubicada en Guadalupe (Murcia), firmó para el Papa el 26 de marzo de este año.
Estos hallazgos fueron suficientes para decretar la detención inmediata, el pasado 23 de mayo, del hasta entonces fiel colaborador del Pontífice. Desde aquella fecha, el mayordomo ha sido interrogado tres veces y, al parecer, ha colaborado con las investigaciones. Él mismo confesó haber entrado en contacto con el periodista Gianluigi Nuzzi para pasarle material sensible sobre la corte vaticana. Se trata de un material que Nuzzi recopiló en su ensayo Sua Santità, que llegó a las librerías italianas cuatro días antes de las pesquisas en casa de Gabriele.
El camarero, que desde el año 2006 logró la confianza de Ratzinger, declaró sentirse “invadido por el Espíritu Santo”, que le animaba a poner orden en el Vaticano. Por este detalle, que está incluido en sus confesiones, los investigadores pidieron que Paoletto fuera sometido a un examen psiquiátrico. El resultado fue que Gabriele está sano mentalmente y, por tanto, podía ser imputado.
El auto que decreta la apertura de juicio contra los dos laicos significa el cierre parcial de la fase de instrucción. “Parcial significa que queda mucho por investigar”, subrayó Lombardi, que dio a entender que la acusación por el delito de robo podría acompañarse de otra por difusión de secretos: “De momento los investigadores pensaron dejar claro que fue él quien sustrajo ilícitamente los archivos. Pero sus mismas confesiones van más allá”, apostilló.
Del sumario sobresale también que Sciarpelletti mantuvo solo “un papel marginal”. Esta circunstancia explica que fuera arrestado el 25 de mayo sin que la noticia trascendiera hasta ayer. Pero enseguida fue puesto en libertad provisional. En las 35 páginas que recogen las conclusiones del fiscal aparecen muchas más personas a las que se cita con letras del alfabeto. “Allí está el punto de mayor interés”, comenta Alessandro Speciale, corresponsal en la ciudad vaticana de la agencia Religion News Service. “Por fin aparece negro sobre blanco”, añade Speciale, “lo que todos sospechábamos: hay más personas implicadas. Los magistrados interrogaron a dos docenas de personas informadas sobre los hechos. Lo más probable es que alguien acabe siendo investigado”. Se trata de una hipótesis que parece barajar también el portavoz de la Santa Sede, que en una larga rueda de prensa explicó el informe: “No creemos haber terminado el trabajo. La investigación sigue abierta con respecto a otras personas”.
Benedicto XVI sigue la investigación, que hace temblar con sacudidas muy terrenales su Santa Sede al otro lado del río Tíber, desde la residencia estival de Castelgandolfo, a las afueras de Roma. El 27 de julio convocó a la comisión cardenalicia —presidida por el español Julián Herranz, que está llevando a cabo una investigación interna, como desarrollaría una comisión parlamentaria en un Estado normal— a los magistrados; a su secretario, Georg Gänswein; y al comandante de la Gendarmería, Domenico Giani, para informarse. En aquella reunión Ratzinger animó a los investigadores a proseguir su labor “con diligencia” para llegar a la verdad.
