Colombia espera el fin de su guerra

Como un enfermo en cuidados intensivos que se resiste a morir, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son la última guerrilla que sobrevive en América Latina. Escondidos en sus campamentos y armados con fusiles, han visto desde la selva colombiana cómo Sendero Luminoso fue derrotado en Perú; o cómo sus pares de Nicaragua y El Salvador abandonaron las armas y lograron consolidar sus propios partidos políticos.

Por 50 años, las FARC han estado convencidas de que llegarán al poder por las armas. “El único país que no pudo vencer a las guerrillas en el siglo XX fue Colombia por dos razones: porque el establishment colombiano no fue capaz de ganar la guerra, y porque el virus del narcotráfico la mantuvo durante años”, asegura el analista político Jairo Libreros.

Las FARC han secuestrado políticos, militares y civiles colombianos. Se han involucrado en el narcotráfico, han puesto bombas en pueblos y ciudades, han masacrado, torturado y desaparecido gente en nombre de la revolución. Desde 1982, han hablado con cuatro gobiernos distintos para firmar la paz e intentaron trascender a la política con la Unión Patriótica, pero fueron aniquilados por la extrema derecha, que emprendió una ola de asesinatos en su contra. Todo se fue al traste.

Ahora, por quinta vez, se sientan en la mesa de negociación. Con Rodrigo Londoño, alias Timochenko a la cabeza, las FARC intentarán negociar con el presidente Juan Manuel Santos, quien llegó al cargo en agosto de 2010 con la promesa de una “prosperidad democrática” para los colombianos sobre “cinco locomotoras de la economía”: el agro, la infraestructura, la innovación, la vivienda y la minería. Jamás habló de firmar la paz.

Por eso fue una sorpresa que, la semana pasada, en una breve alocución radiotelevisada, Santos revelara su secreto mejor guardado desde que llegó a la Casa de Nariño: el Gobierno ha mantenido conversaciones durante seis meses con las FARC en Cuba y han ultimado un primer acuerdo sobre el que se sentarán a hablar el próximo 8 de octubre en Oslo.

Colombia apenas si podía creer la noticia. El país se había acostumbrado a la mano dura del presidente Álvaro Uribe (2002- 2010), que había logrado resultados nunca vistos. Durante operativos militares murió en marzo de 2008 Raúl Reyes, comandante de las FARC. En una maniobra inédita, el Ejército rescató en el mismo año a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, a tres estadounidenses y a 11 policías y militares que llevaban hasta 10 años sin ver a sus familias.

Muchos colombianos, que antes de Uribe temían salir a las carreteras por temor a un retén guerrillero, en este tiempo tomaron sus coches gracias a la sensación de seguridad que inyectó la Política de Seguridad Democrática. Los secuestros, el delito que más trauma ha generado a este país, bajaron un 83% y la economía creció un 7,4%, por encima de la media latinoamericana (5,5%).

Santos, ministro de Defensa durante el Gobierno de Uribe, retomó la bandera de la seguridad para su campaña presidencial. El actual presidente ganó las elecciones al tiempo en que el Ejército logró la muerte de uno de los líderes míticos de las FARC, Mono Jojoy. Más tarde, en noviembre de 2011 se anotaron otro resultado sin precedentes: la muerte del máximo jefe de la guerrilla, Alfonso Cano.

Con unos 9.000 hombres en armas (hace 10 años alcanzaron a ser casi 22.000), en notoria desventaja militar y con un rechazo general tanto en Colombia como en el extranjero, la guerrilla decidió liberar hace cinco meses a los últimos 10 policías y militares que tenían en su poder que llevaban secuestrados hasta 12 años. Además, prometieron que jamás volverían a secuestrar a un civil, por quienes antes cobraban millonarias extorsiones a sus familias para su financiación.

Por su parte, el Gobierno de Santos ha firmado desde agosto de 2010 una Ley de Tierras, una Ley de Víctimas y un marco jurídico para la paz previendo la posible desmovilización de la guerrilla, lo que le valió una pelea a muerte con su otrora mentor Álvaro Uribe, el enemigo número uno del diálogo con las FARC. “El problema es que así lleguen a un acuerdo, la guerrilla no quiere ir a la cárcel y han cometido crímenes de lesa humanidad. Así sea en 20 años, posiblemente tendrán que responder ante Corte Penal Internacional”, dice Rafael Guarín, ex viceministro de Defensa.

Con los vientos de cambio, otro que alzó la mano para sentarse a hablar con el Gobierno fue la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. De ideología marxista-leninista, al igual que las FARC, el ELN está prácticamente aniquilado, con solamente unos 2.500 combatientes. “Estamos abiertos a un diálogo abierto y sin condiciones para comenzar a discutir los grandes problemas del país”, dijo en entrevista a Reuters Nicolás Rodríguez, alias Gabino, un guerrillero que lleva años peleando en el monte.

Aun así, los colombianos no olvidan la amarga experiencia que les dejó el último proceso de paz en el Caguán (1998-2002) bajo el Gobierno de Andrés Pastrana cuando esta guerrilla se convirtió en el estado local en una zona desmilitarizada de cuatro departamentos del tamaño de Suiza, mientras en el resto del país ocurrió una de las peores etapas del conflicto en mucho tiempo. Aunque el de ahora parece ser un acuerdo diferente porque no habrá despeje militar, dialogarán a puerta cerrada y lo harán en otro país, que las FARC hayan dicho en La Habana que ya no tienen secuestrados deja muchas dudas.

Clara Rojas, secuestrada por las FARC durante seis años y directora de la fundación País Libre que lucha por las víctimas del secuestro, asegura que este año se han registrado 10 secuestros atribuidos a la guerrilla y, en los últimos 10 años, 400 personas han sido plagiadas.

“Creo que si las FARC quieren un proceso verdadero de paz, deben recuperar la confianza de la gente", dice Rojas, secuestrada junto con Ingrid Betancourt en 2002. En cautiverio dio a luz a un niño que las FARC le quitaron a los meses de nacido. Hoy está junto a ella.

Hay quienes creen que la guerrilla miente y que el presidente lo que está buscando es asegurar su reelección en dos años. El analista Francisco Gutiérrez, de la Universidad Nacional de Colombia, opina que las FARC llegaron a los diálogos con la intención de canjear rehenes y por eso mientras el Gobierno incluyó entre sus principales negociadores a un militar radical, a un policía y a un representante de empresarios, la guerrilla está pidiendo que uno de los suyos sea Simón Trinidad, condenado en EE UU a 60 años de prisión por el secuestro de tres norteamericanos.

Colombia sabe que el camino no será fácil. Ya lo ha advertido el presidente y el país ha aprendido de tantos golpes en el pasado. Aún no se ha firmado la paz. Pero esta es una oportunidad de que las FARC y el gobierno, por fin, se sienten en una mesa y acaben esta guerra por las buenas.