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El nuevo presidente deberá equilibrar el poder de los militares

El creciente poder del Ejército en la vida pública estriba en una posible fractura de sus filas por conflictos vinculados a preferencias políticas

Un grupo de soldados llegan a un colegio electoral en Caracas.
Un grupo de soldados llegan a un colegio electoral en Caracas.RAUL ARBOLEDA (AFP)

Para los venezolanos la señal de que este domingo comenzaba una nueva jornada electoral fue el sonido de la diana con que despiertan a los soldados en los cuarteles. Ya están acostumbrados a que se los trate como tropa. Desde el año 2000, Hugo Chávez instruyó a sus comandos electorales y grupos de base a utilizar ese penetrante sonido de madrugada para llamar al combate electoral. Uno de los tantos símbolos de la conjunción cívico-militar que el fallecido presidente impulsó como columna vertebral de su proyecto político y que se convirtió en el rasgo distintivo de la autodenominada Revolución Bolivariana.

Desde 2007, en instalaciones y actos militares se exhibe el lema e importación cubana, “Patria, Socialismo o Muerte, ¿Venceremos!”. Chávez, que se había declarado “socialista” en 2005, alentó ese grito de guerra como testimonio de lealtad y, a la vez, amenaza a la disidencia. Con ello contrariaba los esfuerzos deliberados que a lo largo del medio siglo anterior los líderes civiles de la república habían desplegado para confinar a los uniformados en sus cuarteles y en algunas sinecuras burocráticas desde la que podían disfrutar de ciertas prebendas.

Sin embargo, en su deriva para constituirse en sí mismas en el partido político de la revolución, las fuerzas armadas venezolanas pasaron de ser el árbitro final en el equilibrio de poder, a ser el poder a secas. Su poder de fuego se incrementó considerablemente durante el gobierno de Chávez: cálculos de la organización no gubernamental Control Ciudadano sostienen que entre los años 2005 y 2012 Venezuela gastó 16.000 millones en compras de equipo militar a proveedores externos de Rusia, China y España. Pero su capacidad de incidencia no viene precisamente de allí. El sistema de control e inteligencia política del gobierno, así como la logística de las misiones de asistencia social, descansan sobre la estructura castrense. Once de los actuales gobernadores de las 23 provincias venezolanas, elegidos por voto popular el pasado diciembre, son oficiales retirados –doce, si se incluye al opositor Henri Falcón, gobernador del estado de Lara y Jefe del Comando Electoral de Henrique Capriles. Alrededor de 1500 oficiales, activos o en retiro, dirigen institutos del Estado en el gobierno central, los entes autónomos y las gobernaciones regionales.

Al nuevo presidente de Venezuela, supuesto a completar desde esta semana el periodo constitucional hasta 2019, le tocará lidiar con esa hipertrofia de lo militar. No será sencillo. Muerto Chávez y desaparecidos con él su ascendiente y conocimiento íntimo de la vida castrense, las claves para devolver a los militares a los cuarteles quedan encerradas en una caja negra. El reto parece idéntico para el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que entre sus filas cuenta con algunos pupilos de Chávez venidos de las fuerzas armadas, como Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, pero que por circunstancias generacionales no tienen jerarquía para imponerse entre las promociones activas de la oficialidad.

La actuación del actual ministro de la Defensa, el almirante Diego Molero, durante la recién finalizada campaña electoral permite calibrar el gusto que los uniformados le han tomado a la partisanía abierta. Desde su cuenta en Twitter llamó sin escrúpulos a votar por la opción del presidente encargado, Nicolás Maduro, y se enfrascó en polémicas con dirigentes de la oposición. Mediante un oficio instruyó a los mandos de los diversos componentes a incorporar al saludo entre militares la consiga: “Chávez vive, la lucha sigue”. Durante el proceso de votación de este domingo, fueron frecuentes las denuncias del público sobre incidentes en los que el personal militar encargado de la custodia de los centros electorales, iban más allá de ese papel y se abrogaban papel de fiscales.

Otra amenaza implícita en el creciente poderío de los militares en la vida pública estriba en una posible fractura de sus filas por conflictos vinculados a preferencias políticas o intereses grupales. En particular, la incógnita más apremiante es la de la Milicia Bolivariana, un cuerpo creado por Chávez y puesto a las órdenes directas de la presidencia –sin rango constitucional, sin embargo-, y por el que sienten fundados recelos los otros cuatro componentes profesionales: Ejército, Aviación, Armada y Guardia Nacional. Su comandante, Mayor General Gustavo González López, se ufana de su afinidad con Chávez y el sector más radical de la base oficialista. Diseñados para funcionar como un maquis en caso de invasión externa o conmoción interna. Hasta hace poco se cifraban en unos 150.000 sus efectivos. Sin embargo, este sábado un tuit de la ministra de la Juventud, Maripili Hernández, escrito en clave de chiste para desmedro del candidato opositor, Capriles Radonski, reveló otra cosa: “En lo que Capriles oyó que la Milicia tiene 375.000 combatientes, pueblo disciplinado en armas, dijo: mejor voto por @NicolasMaduro”.

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