El defensor del pueblo de Rusia cuestiona los métodos de la lucha antiterrorista

Vladímir Lukin ejerce la poco agradecida tarea de defensor del pueblo en Rusia. Lo hace desde hace nueve años por “sentido de la responsabilidad” y porque cree que puede “ser útil” a su país con su terco, pero siempre diplomático, impulso al desarrollo democrático en un entorno de creciente intolerancia, según explica en una conversación poco después de publicar el último informe anual de su departamento, correspondiente a 2012.

Lukin, que fue embajador en EE UU y diputado del partido liberal Yábloko, es un político experimentado que maniobra entre el presidente del Estado, Vladímir Putin, en el Kremlin, y los manifestantes contra la política de este, en la calle. Antiestalinista a ultranza, Lukin sabe a dónde quiere ir y, aunque suele medir mucho sus palabras, en su último informe se evidencian las dificultades que afronta. Entre ellas está la arrogancia de los órganos del orden público, que le ignoran cuando solicita información sobre la muerte de ciudadanos a manos de los representantes de la autoridad.

Alegando que es parte de la lucha contra el terrorismo, las autoridades rusas no dan explicaciones ni al Defensor del Pueblo ni la sociedad ni a los tribunales, según se deduce del documento. También los gobernadores hacen oídos sordos a la institución del Defensor del Pueblo, que existe en 71 de los 83 territorios de Rusia. Lukin ha pedido a Putin que la Administración Presidencial envíe el informe anual a los gobernadores junto con preguntas de obligada respuesta.

La Fiscalía del Estado, el Comité Investigador y la policía de Rusia se han negado a suministrar al defensor del pueblo la información que este les ha solicitado sobre operaciones en las que la policía eliminó primero a infortunados ciudadanos y luego los declaró terroristas. Estos casos “casi nunca” llegan a los tribunales y el acceso a sus expedientes es “prácticamente imposible”, señala el informe, que cita varios ejemplos ocurridos en el Cáucaso del Norte, territorio donde la violencia sigue produciendo un reguero constante de sangre.

Cuando los órganos del Estado matan a alguien debe hacerse una investigación bajo “control público”, subraya Lukin en su informe. Ese control es “doblemente necesario” dada la “desconfianza histórica” de la sociedad rusa en sus autoridades, advierte. En caso contrario, la sociedad sospecha que cualquier persona que fallezca de muerte violenta estando bajo custodia de las autoridades ha sido víctima de una “ejecución extrajudicial”. “Las investigación debe determinar si las acciones de los funcionarios de los órganos estatales causantes de una muerte violenta son legales y justificadas”, señala.

De momento, la realidad es otra. En septiembre de 2012 el Defensor del Pueblo de Ingushetia, en el norte del Cáucaso, inquirió sobre la muerte de cuatro personas a manos de agentes de las fuerzas de seguridad durante operaciones y registros. La fiscalía de Ingushetia respondió que los muertos estaban siendo investigados por atentar contra la vida de funcionarios de orden público, pero se negó a facilitar los documentos de estos casos afirmando que no estaban cerrados.

El informe acusa a la fiscalía de obstaculizar la labor del Defensor del Pueblo y de intentar evadirse de la investigación de la muerte de un ciudadano de la Federación Rusa en Ingushetia. En aquel caso los agentes obligaron a su víctima a entrar en su domicilio, que ya habían registrado, alegando una supuesta “inspección suplementaria”, tras lo cual le pegaron un tiro y se marcharon. El Comité de Investigación de la Federación Rusa, entidad con competencias para instruir procesos, tampoco respondió al Defensor del Pueblo sobre este asunto, constata el informe.

Otro caso mencionado data de 2009 y afecta a un habitante de la república de Daguestán (en el Cáucaso del Norte) “desaparecido y liquidado” cuando acudió al centro del distrito de Levashinski para sacar la partida de nacimiento de su hija. El infortunado fue detenido y enviado a Majachkalá, la capital de Daguestán, tras lo cual se le perdió la pista. A las preguntas del Defensor del Pueblo sobre su desaparición, la fiscalía de Daguestán informó que fue “liquidado” cuando intentaba atacar armado a un agente de policía. Contra el fallecido se inició un proceso por supuesto atentado que después fue cerrado por “defunción”. La institución se tomó dos años para responder al Defensor del Pueblo y no le proporcionó prueba alguna sobre el supuesto delito del muerto al que, de paso y con la misma ligereza, acusaba también de pertenecer a una banda armada. El Defensor del Pueblo, que intenta en vano obtener documentos sobre el asunto desde octubre de 2010, no ha recibido respuesta del Comité de Investigación, señala el informe, y añade que la institución “se ve obligada a constatar que los órganos de orden público de distintos departamentos eluden a menudo la cooperación con él prevista por la ley, especialmente en los casos en los que perecen ciudadanos sospechosos de pertenecer a formaciones armadas ilegales”.

Algunas instituciones del Estado se caracterizan por su actitud “corporativa” y ven a quienes los critican como “enemigos jurados” y no como “oponentes políticos”. En la sociedad existen “nuevos focos de tensión” y más intolerancia, constata el documento. El aparato de justicia se distingue por su orientación condenatoria, según el informe.

En lo que al derecho a la vida de los ciudadanos rusos se refiere, Lukin denuncia además la utilización de reclutas inexpertos para destruir a mano los viejos explosivos de los arsenales de la URSS, una práctica que se generalizó a partir de 2010 por orden del Estado Mayor, ya que resultaba más barata que la destrucción mecánica a distancia. De las 250.000 toneladas de municiones que fueron explosionadas en 2010 se pasó a 1,7 millones de toneladas en 2012. Y con este aumento se incrementó también el número de soldados muertos en accidentes, que en 2011-2012 fueron 23 (y 149 heridos), frente a 19 en el periodo de 2002 a 2010.

En 2012 la institución del Defensor del Pueblo recibió 24.000 quejas, algo menos que en 2011, pero el titular de la institución se vio obligado a actuar por iniciativa propia en más ocasiones, ya que aparentemente los que más sufren no son los que más se quejan (sólo un 4,3% de las quejas procede del Cáucaso) En el capítulo positivo, Lukin ve la ratificación por parte de Rusia de la convención sobre los derechos de los minusválidos.

En el capítulo negativo, la legislación sobre las Organizaciones No Gubernamentales. Lukin califica de “primitiva” la idea de que en Rusia hay “una sociedad que aspira a un desarrollo acelerado hacia la libertad y la democracia y un grupo de mala gente que lo impide”. “Es mucho más complicado, pues en Rusia una parte de la sociedad es a menudo bastante más conservadora que las autoridades y estas maniobran y tratan de actuar de acuerdo con las tendencias de esa sociedad”. “Una excesiva adaptación a los sectores tradicionales de la sociedad por parte de las autoridades puede entrar en contradicción con las necesidades objetivas del desarrollo y modernización de Rusia”, señala.