El Congreso de Brasil propone recortar los poderes del Supremo
El PT presenta un proyecto de ley que propone que las decisiones juidiciales en materia de reforma constitucional sean sometidas al Congreso
A pesar de que Brasil es uno de los países en desarrollo con instituciones democráticas más fuertes que muchos de sus vecinos latinoamericanos y de los países que integran a los Brics, el partido de los Trabajadores (PT), en medio a la polémica desencadenada por el proceso del caso mensalão, ha abierto un contencioso entre el Congreso y el Supremo.
Un proyecto de ley presentado el pasado 23 de abril por el diputado Nazareno Fonteles, del PT, que es el partido del Gobierno, propone que las decisiones del Supremo en materia de reforma constitucional sean sometidas al voto del Congreso Nacional.
Al mismo tiempo, el PT propone que la Fiscalía General de la República pierda la prerrogativa de la que actualmente goza de ser un órgano investigativo previo a las investigaciones policiales.
El Presidente del Supremo, Joaquim Barbosa, que se ha convertido en una especie de héroe nacional después de su actitud firme como instructor del mensalão, y que es aplaudido cuando aparece en público, ha calificado de “peligro a la democracia” dicha decisión del Congreso.
El diputado Alvaro Dias, del partido opositor PSDB, ha afirmado que la tentativa del Congreso de querer someter al legislativo las decisiones del Supremo, está íntimamente relacionada con el descontento del PT con la actuación de la Corte Suprema que ha condenado en el histórico proceso del mensalão a la cúpula del partido del primer Gobierno del expresidente Lula da Silva.
“Es inevitable constatar que existe en el PT una especie de revancha a las decisiones del Supremo sobre el mensalão”, afirma.
Por su parte, el partido de Gobierno defiende que no se trata de someter el Supremo al ejecutivo sino de impedir que pueda entrometerse en su poder que también es independiente.
Por ejemplo, el Congreso no vio con buenos ojos que fuera el Supremo el que zanjase temas polémicos en la sociedad como la legalidad del matrimonio de personas del mismo género; la aprobación del uso de las células madre o del aborto cuando el feto presenta una malformación grave e irreversible.
El Supremo alegó que zanjó como constitucionales los tres temas en discusión porque el Congreso se sintió incapaz de ponerse de acuerdo y las personas que sufrían esos problemas “no podían esperar”.
Últimamente, otro episodio ha creado un nuevo enfrentamiento entre el legislativo y el judicial. El Congreso, en vísperas de unas elecciones presidenciales, decidió en 24 horas un tema discutido sin acuerdo durante diez años: la prohibición de crear nuevos partidos y que los últimos creados no pudieran gozar en las elecciones del año próximo del tiempo de televisión gratuita y de la ayuda económica del Gobierno, lo que supondría condenarlos al ostracismo.
El Supremo vio en aquella decisión tomada tan rápidamente una forma de anular la acción del nuevo partido La Red, que está fundando por la ecologista Marina Silva y que en las últimas presidenciales había conseguido 20 millones de votos obligando a Dilma Rouesseff a disputar una segunda vuelta y que podría también esta vez arrancarle muchos votos. Silva es vista como una Lula con faldas por sus orígenes humildes, por ser negra y haber sido analfabeta hasta los 16 años cursando después la Universidad. Y por su apuesta por una economía sostenible y compatible con la defensa del Planeta.
El ministro del Supremo Gilmar Mendes, paró la votación del Congreso hasta que el Supremo no decidiera sobre la constitucionalidad de la medida ya que la Carta Magna prevé la libertad de crear nuevos partidos.
A ello hay que añadir que en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado, que aprobó el control del Supremo por parte del Congreso, figuran los diputados José Genoino, expresidente del PT, y Joáo Paulo Cunha, expresidente del Congreso, ambos condenados ya por el Supremo en el proceso del mensalão a ocho y diez años de cárcel respectivamente y que siguen en activo porque la sentencia del Supremo aún no ha sido ejecutada, pero que su presencia en la Comisión más importante del Senado desorienta a la opinión pública.
La tentativa de controlar el Supremo en un momento en que goza, gracias al proceso del mensalão, de un consenso popular como nunca había tenido en el pasado ha hecho que, ante las presiones de las redes sociales, la propuesta del Senado de recortar los poderes del Supremo, haya quedado momentáneamente parada en el Congreso que debería ratificar la decisión del Senado.
