Bruselas vetará la colaboración con Israel que afecte a los territorios ocupados

La Unión Europea no volverá a firmar ningún acuerdo con Israel que implique la participación de los territorios ocupados. La Comisión Europea ha aprobado unas normas de cooperación con ese país que excluyen los proyectos que tengan que ver con las zonas ocupadas en 1967. Eso supone, por ejemplo, que no habrá financiación para planes de investigación y desarrollo que tengan como protagonistas a centros de estudio con sede en los territorios palestinos ocupados.

El Ejecutivo comunitario adoptó esa decisión a finales de junio, pero la prensa israelí ha empezado a hacerse eco este martes de esas implicaciones. Una portavoz comunitaria asegura que las normas de actuación no hacen sino ratificar la actitud que ha mantenido hasta ahora la Unión Europea, que no reconoce la potestad israelí sobre esos territorios. La única novedad es que ahora se pone por escrito. No obstante, la publicación de esta guía amenaza con abrir un conflicto político con Israel, que se ha tomado como una afrenta ese texto. Máxime porque en la práctica obliga a consignar que los acuerdos firmados con la Unión Europea excluirán la utilización de los asentamientos.

“Esa guía permitirá a la Unión Europea y a Israel discutir sobre los acuerdos bilaterales que se están preparando con vistas a introducir una cláusula territorial clara”, asegura la portavoz comunitaria. Es decir, para beneficiarse de esos intercambios, las autoridades israelíes tendrán que reconocer, más o menos explícitamente, que los proyectos no incluyen a ninguna entidad pública o empresa con sede en esos territorios ocupados. Las normas adoptadas por la Comisión derivan de un mandato que otorgaron los Estados miembros a finales de 2012 para limitar los acuerdos con Israel a los territorios reconocidos por la comunidad internacional.

La mayor parte de la cooperación entre Israel y la Unión Europea se centra en el ámbito comercial o en proyectos de investigación y desarrollo, donde Israel es puntero. Hasta ahora había casos en los que podía concurrir a un proyecto (y obtener financiación europea) con una universidad enclavada en los asentamientos ilegales o bien vender productos con un arancel más bajo de empresas cuya sede social o materia prima procedía de las zonas ocupadas. Algunos de esos casos se habían frenado por protestas realizadas sobre todo por organizaciones palestinas, pero a partir de ahora quedará claro que la operación es imposible desde el principio.

Esa nueva doctrina será de aplicación para todos los nuevos proyectos firmados en el marco presupuestario 2014-2020, en buena medida en el programa de investigación Horizonte 2020. La portavoz comunitaria asegura que las instituciones europeas simplemente aplican su convicción de que los asentamientos “son ilegales bajo las leyes internacionales”. Y espera que Israel se implique igualmente en los proyectos comunitarios. “Queremos asegurarnos de que la participación israelí no se pone en cuestión, de forma que Israel pueda hacer uso de todas las posibilidades que ofrece el nuevo marco financiero”.

Las primeras reacciones del Ejecutivo israelí ponen en duda esa reacción amistosa. “Se trata de una iniciativa muy inquietante adoptada en un mal momento porque no hace sino reforzar el rechazo de los palestinos a retomar las negociaciones”, ha asegurado el viceministro de Asuntos Exteriores, Zeev Elkin, informa France Presse. Pese a todo, el dirigente ha intentado quitar hierro a lo aprobado: “Está claro que va a crear dificultades adicionales en nuestros contactos con la Unión Europea pero no hay que exagerar el impacto. No se trata de una llamada al boicoteo”.