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El ‘Caso Riggs’ se cierra sin procesar a ningún familiar de Pinochet

La investigación estudia el origen de 21 millones de dólares no justificados por el dictador

Seis oficiales retirados están inculpados por el delito de malversación de fondos públicos

Rodrigo García, nieto de Pinochet.
Rodrigo García, nieto de Pinochet. AFP

Después de nueve años de trabajo, acumulados en 388 tomos de indagaciones, el ministro chileno Manuel Valderrama ha decidido cerrar el sumario del llamado caso Riggs sin inculpar a ningún familiar de Augusto Pinochet (1915-2006). La investigación pretende determinar el origen de la fortuna de más de 21 millones de dólares que el dictador –que gobernó Chile entre septiembre de 1973 y marzo de 1990– mantenía en una serie de cuentas secretas en el desaparecido Riggs Bank de Estados Unidos.

El caso se inició en 2004 cuando una subcomisión del Senado estadounidense, que investigaba la financiación terrorista tras los ataques al Pentágono y al World Trade Center en 2001, descubrió el dinero en distintas cuentas inscritas con nombres falsos, como Daniel López o John Long, lo que sacó a la luz pública el periódico The Washington Post.

“A juicio del tribunal ya se cuenta con todas las diligencias”, dijo a la prensa el ministro Valderrama, que confirmó los procesos contra seis oficiales del ejército retirados por el delito de malversación de fondos públicos. Se trata de los generales Jorge Ballerino y Ramón Castro, quienes usando el seudónimo John Long presuntamente abrieron la primera cuenta de Pinochet en el Riggs: banco que tras varios escándalos corporativos y problemas de administración se fusionó en 2005 con la compañía PNC Financial Services.

El otro general retirado acusado es Sergio Moreno, que habría traspasado a las cuentas de Pinochet 23.721 dólares que correspondían a gastos reservados del Ejército. Por último, en calidad de secretarios privados, que ejecutaron diversas gestiones para ocultar dinero y transferirlo a Pinochet, permanecen procesados los coroneles Eugenio Castillo, Juan MacLean y Gabriel Vergara. Todos los militares podría ser condenados a penas que van desde los cinco hasta los diez años de prisión.

Tras su muerte el 10 de diciembre de 2006, Augusto Pinochet –que cuatro meses antes había sido desaforado por la Corte de Apelaciones de Santiago en su calidad de expresidente– fue sobreseído de la causa de malversación de fondos públicos. Luego, en noviembre de 2007, la Corte Suprema revocó 15 de los 23 procesamientos dictados por el entonces ministro a cargo de la causa Carlos Cerda, favoreciendo al entorno familiar directo de Pinochet. El dictamen del máximo tribunal chileno benefició a su viuda Lucía Hiriart e hijos Augusto, Lucía, Verónica, Marco Antonio y Jacqueline, además de a su contador José Sobarzo y al albacea Óscar Aitken.

Más tarde, en octubre de 2008 el pleno de la Corte Suprema decidió reemplazar a Cerda por Valderrama, que en enero pasado cerró la investigación que buscaba establecer si el tráfico de armas había sido uno de las fuentes de los 17 millones de dólares no justificados en las cuentas del dictador; un monto que fue determinado por una auditoría de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Rodrigo García, nieto de Pinochet y portavoz de la familia, aseguró que las cuentas en el Riggs de su abuelo no representaban un acto ilícito. “Lamento que tras nueve años de investigación se cierre el caso con un velo de duda con respecto del origen del patrimonio”, dijo en una entrevista con CNN Chile. García lamentó el “daño” que sufrió su familia durante el proceso. “Pasamos por grandes acusaciones de todo tipo, incluso se encarceló a toda la familia, se habló de tráfico de armas, se habló del tema de los lingotes de oro (…) Esto siempre fue un tema político”.

Los abogados de la acusación, Carmen Hertz y Alfonso Insunza, dijeron que estaban evaluando pedir la reapertura de la causa y nuevas diligencias, para lo que tienen 15 días. Es el mismo plazo que tienen los abogados defensores de los seis militares procesados y el Consejo de Defensa del Estado, entidad que –según el periódico El Mercurio– estudia presentar una demanda civil contra la familia.