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Un fiscal imputa al secretario de Derechos Humanos de Argentina

El funcionario es investigado por el presunto ocultamiento de antecedentes de César Milani, jefe del Ejército

Alejandro Rebossio

El secretario de Derechos Humanos de Argentina, Martín Fresneda, hijo de desaparecidos en la última dictadura militar de su país (1976-1983), fue imputado este jueves por un fiscal por el presunto ocultamiento de los antecedentes del jefe del Ejército, César Milani, acusado a su vez por supuestos delitos de lesa humanidad durante el régimen. El fiscal Carlos Stornelli sospecha que Fresneda incumplió sus deberes de funcionario.

La polémica comenzó en junio pasado, cuando la presidenta de Argentina, la peronista Cristina Fernández de Kirchner, removió a toda la cúpula militar y puso al frente del Ejército a Milani, un militar sobre el que pesaban algunas acusaciones de particulares por violaciones de los derechos humanos, pero que al asumir el cargo se mostró a favor de defender el “proyecto nacional” del Gobierno. A lo largo de julio resurgieron aquellas denuncias contra Milani, que nunca han prosperado en la justicia hasta ahora. El Senado debía aprobar su ascenso de general de división a teniente general, pero una organización de defensa de los derechos humanos de estrecha relación con el Ejecutivo y compromiso con los juicios a los criminales de la dictadura, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentó entonces un informe que criticaba a Milani por elaborar un documento interno contra un soldado acusado de desertor y después desaparecido. El CELS pidió que Milani renunciara, pero el militar no lo hizo y fue ratificado en su cargo por Fernández. Eso sí: el kirchnerismo decidió postergar hasta diciembre, es decir, después de las elecciones legislativas de octubre, el debate en el Senado por el ascenso del jefe del Ejército.

En aquel momento de discusión legislativa, dirigentes de la centrista Unión Cívica Radical (UCR) presentaron una denuncia penal contra el secretario de Derechos Humanos bajo la acusación de que había ocultado ese informe del CELS. Esta organización reaccionó y deslindó de responsabilidades a Fresneda. Sin embargo, el fiscal Stornelli, que en su momento militó en el peronismo, pero que también ha investigado a varios funcionarios kirchneristas por presunta corrupción, optó este jueves por imputar al funcionario del Gobierno de Fernández. Fresneda participó esta semana de los festejos por los diez años de la derogación de las leyes de impunidad que el Gobierno del radical Raúl Alfonsín (1983-1989) impulsó para los militares de rangos medios e inferiores del régimen, de modo que solo fueran condenados los máximos jerarcas. Fue el entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007) el que impulsó aquella derogación y desde entonces ha habido 91 sentencias judiciales que condenaron a 370 criminales. Ningún otro país latinoamericano ha avanzado tanto en el juzgamiento de sus dictaduras. Por eso ha llamado tanto la atención la defensa que Fernández ha hecho de Milani, cuestionado por diversas organizaciones de derechos humanos y que además ha sido recientemente imputado por otro fiscal por presunto enriquecimiento ilícito.

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