El día en que el PRI renunció al control de los gastos de campaña

El partido del presidente Enrique Peña Nieto propuso hace semanas a la oposición mexicana una reforma legal en la que los partidos políticos cederían al Instituto Federal Electoral (IFE) el manejo de los recursos económicos durante las campañas políticas.

“Con el objeto de dar cumplimiento al Compromiso 90 del Pacto por México, así como de modernizar nuestro sistema democrático, con mayor agilidad, transparencia, certeza y economía, se presenta la siguiente propuesta”, se lee en el documento elaborado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El primer punto establece que “el IFE manejará los recursos de los partidos políticos”. Enseguida desglosa ese apartado en los siguientes términos: “Aplica para los gastos de campaña (no para actividades ordinarias). El IFE administrará las cuentas de los partidos políticos (chequera). Las contrataciones que realicen los partidos políticos serán pagadas a través del IFE”.

La propuesta priísta, compuesta de diez puntos y a la cual tuvo acceso EL PAÍS, formó parte de una mesa de trabajo del Pacto por México en la que estaban representados el PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD). Estos dos partidos, que conforman las más grandes organizaciones de la oposición mexicana, han condicionado la aprobación de otras reformas –como la hacendaria y la energética, previstas para este mismo semestre- a que primero se acuerde una nueva ley electoral, cuya aprobación estaba programada originalmente para el primer semestre del 2014, aunque en mayo el Pacto por México acordó que ese plazo se adelantara.

Cuando en septiembre se retomó la negociación para redactar esa reforma electoral, el PRI propuso a sus contrapartes no solo reducir tiempos y recursos para las campañas (en alrededor de 25%), sino que los partidos políticos recibieran a partir de esta reforma solo financiamiento público. “Se elimina la posibilidad de que reciban financiamiento privado a través militantes, simpatizantes, autofinanciamiento y rendimientos financieros”. El documento apunta en este sentido que al prohibir otro financiamiento que no sea el público se “genera transparencia y legalidad en el origen y el destino de los recursos que reciben los partidos políticos, eliminando la posibilidad de aportaciones de la delincuencia organizada y de los poderes fácticos”.

Otra de las propuestas formuladas por el PRI fue limitar el monto destinado a gasto en “utilitarios (promocionales)” como son gorras, camisetas, etcétera, y se prohibía explícitamente la “entrega de despensas y materiales de construcción” en las campañas. Además, establece que “la publicidad exterior (espectaculares) será contratada por los partidos políticos a través del IFE”, con ello, dice el partido de Peña Nieto, “se facilita la fiscalización”.

El PRI propuso además acabar con la espotización, como se conoce en México al aluvión de anuncios que los partidos políticos emiten a través de la radio y televisión durante las campañas. Estos mensajes no les cuestan a los partidos, y está prohibido que esos organismos, o cualquier otro como la patronal, por ejemplo, contrate mensajes políticos en los medios electrónicos. En los 90 días de campaña del año pasado, cuando se renovaron la presidencia de la República y el Congreso de la Unión, entre otros cargos, el IFE ordenó que se pautaran 96 anuncios diarios, de 30 segundos cada uno, que fueron emitidos por 2.335 estaciones en el país entre las 6.00 y las 24.00 horas. En total, el IFE tramitó más de 133.000 órdenes de trasmisión de spots o más de 43 millones de spots para todas las campañas (incluidas las estatales).

Acusado históricamente de haber creado una cultura de gasto sin límite para las campañas, de utilización desmedida de promocionales tanto en espectaculares (anuncios de gran formato desplegados en calles y edificios) como en utilitarios -camisetas y gorras, por ejemplo-, así como de entrega de materiales para la construcción, el PRI ahora sometió al PRD y al PAN una propuesta para cambiar la manera en que se llevan a cabo las campañas, donde el dinero lo manejaría durante ese periodo el IFE.

El año pasado la oposición acusó al candidato presidencial del PRI de rebasar el tope de campaña. Los opositores reclamaron desde la cantidad de espectaculares que promocionaban al candidato Peña Nieto hasta el uso de tarjetas de la tienda de autoservicio Soriana como supuesto pago por el voto, así como de la financiación de su operación electoral de manera oscura con tarjetas de débito de la marca Monex.

Según una fuente consultada por el PRI, en la mesa del Pacto por México la propuesta priista fue recibida inicialmente con frialdad por el PAN y posteriormente el PRD también se hizo a un lado de este decálogo.

En los últimos días se ha informado que el borrador definitivo de la reforma electoral estará listo en los próximos días. Éste incluiría un nuevo órgano electoral nacional, que sustituirá en parte a los organismos electorales estatales. La oposición acusa que esos institutos son controlados por los respectivos gobernadores de cada entidad de las 32 que componen la federación, y que por ello es necesario reformarlos o hacerlos desaparecer, concentrando en un sólo aparato nacional toda la estructura electoral del país. De igual forma, la reforma incluiría la posibilidad de reelección de legisladores y alcaldes, hoy prohibida en México.

Los detalles finales de la iniciativa de reforma electoral se conocerán en los próximos días, ahí se verá cuánto queda, si es que algo, del proyecto que en su momento presentó el PRI y que daba control directo al IFE sobre el dinero de los partidos durante las campañas, algo histórico.