Maduro conduce a Venezuela hacia el socialismo real
El presidente venezolano regula por decreto alquiler de locales comerciales. Según analistas, la medida afectará a las empresas transnacionales que habían invertido en bienes inmuebles
El viaje hacia el socialismo real en Venezuela se profundiza. Este viernes el presidente Nicolás Maduro ha firmado un decreto que regula el cobro de alquileres en locales comerciales, los cuales, según dijo, fomentan en Venezuela relaciones feudales entre arrendadores y arrendatarios. La medida entrará en vigencia apenas se publique en la Gaceta Oficial extraordinaria antes del fin de semana y es la nueva decisión tomada en el marco de la llamada ofensiva económica del gobierno, iniciada hace tres semanas con la confiscación y remate de artículos de electrodomésticos que se venden en el país.
Maduro, fiel al estilo de su padre político Hugo Chávez, ordenó la difusión obligatoria de su mensaje a través de la televisión e hizo un largo prólogo de su decisión con algunas anécdotas y cifras. Comentó que en los centros comerciales se alquilan locales por precios muy elevados para la capacidad de pago de los comerciantes. Y luego, explicó, los arrendatarios cargaban a su inquilino una serie de incrementos dependiendo del volumen de ventas. “Si se retrasan en el pago del arriendo les cortan la luz. Y luego los multan si no abren a tiempo o si no cierran a la hora estipulada en el centro comercial”, agregó. El gobierno decidió entonces fijar el canon de arrendamiento en Bs 250 el metro cuadrado (29 euros al cambio oficial). El pago del condominio no podrá exceder el 25% del precio del alquiler.
La decisión es parte de los esfuerzos que hace el gobierno para que los precios de los bienes y servicios no escalen al ritmo de la frenética inflación (un 45,8% entre enero y octubre de 2013) ni se establezcan de acuerdo con el marcador del dólar estadounidense en el mercado negro, que multiplica por nueve el valor oficial de la cotización de esa moneda. En vez de atacar las causas que la originan el gobierno, preso de la herencia de la política económica del caudillo bolivariano, ha decidido atacar las consecuencias y pretende establecer un tope a las ganancias de los importadores y de la cada vez más escasas fuerzas productivas del país. Según cifras del Banco Central de Venezuela al cierre del tercer trimestre de 2013 apenas el 3,72% de lo que se exporta no pertenece al sector petrolero, que está controlado por el Estado.
En el criterio del jefe de Estado venezolano parte del aparato productivo nacional y su dirigencia, representada por los gremios Fedecamaras y Consecomercio, son “parásitos” que sólo quieren obtener dólares preferenciales para alimentar el mercado negro y enriquecerse con el diferencial cambiario. En parte eso es cierto. En Venezuela no hay estímulo para la producción debido por la apreciación de la divisa oficial, Muchos comerciantes envilecidos simulan la importación de bienes y otros sobrefacturan sus necesidades de materia prima con el objetivo de ponerle la mano a los dólares baratos.
Pero en ese lance el gobierno ha hecho tabla rasa y todos los empresarios y comerciantes están siendo sometidos a una cruel campaña de satanización en los medios oficiales, calificados como ladrones y usureros. La población ha recibido con beneplácito esas medidas en el entendido que en esta época, cuando pagan las bonificaciones de fin de año, el dinero les está alcanzando para comprar los obsequios de fin de año o para renovar los electrodomésticos del hogar. Los economistas advierten, sin embargo, que el jolgorio no durará muchos meses. “Y entonces se liberarán los demonios”, advierte el economista Asdrúbal Oliveros, socio director de la firma Ecoanalítica.
Los gremios de empresarios han respondido a esos señalamientos con un dato hasta ahora desconocido. Sólo el 2% de las empresas afiliadas reciben los dólares preferenciales de la estatal Cadivi, la instancia que autoriza la entrega de divisas a particulares y compañías. El dato hizo enfurecer a Maduro, que ha tomado la declaración de Jorge Roig, presidente de Fedecamaras, como un desafío a la ofensiva económica. “Aténgase a las consecuencias legales, señor Jorge Roig. Usted le ha declarado la guerra al país. No se declare perseguido político cuando se salga de la ley”, advirtió.
La medida de la regulación de la tarifa de alquileres no es nueva en Venezuela. En 2011 la Asamblea Nacional aprobó una Ley de Inquilinato que estableció topes al precio que los caseros pueden cobrar por rentar su propiedad. En la práctica esta decisión provocó que la oferta haya desaparecido, de acuerdo con los cálculos del presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, porque además la ley ha distorsionado la relación comercial hasta el punto de que hoy es casi imposible desalojar a un inquilino por medios legales. La ejecución de los juicios está suspendida por órdenes del Ejecutivo.
Esta vez la medida de poner límites al precio del arriendo afectará no sólo la construcción de nuevos centros comerciales, sino incluso a las grandes transnacionales que operan en el país. Imposibilitados de repatriar las ganancias debido al control de cambios y a la decisión de Cadivi de no aprobar esas operaciones, las filiales han optado por protegerse de la devaluación comprando locales comerciales, galpones y pisos en exclusivos edificios para luego rentarlos. A estas grandes empresas, que, de acuerdo con cálculos de la firma Ecoanalítica representan 4% del universo empresarial del país, comienza a cerrárseles lo que los economistas llaman mecanismos de cobertura. “Cada vez esas compañías nadan en bolívares con pérdidas crecientes”, advierte Oliveros. “Son más de 15 mil millones de dólares en dividendos represados desde 2009”, precisa.
Maduro parecía molesto por la forma cómo el empresariado ha acatado la orden de bajar los precios. Reveló que de 1.705 establecimientos fiscalizados por el gobierno apenas 1.4% había fijado precios justos, esto es, un margen máximo de ganancia de 30%. “El resto no tiene hueso sano”, explicó el gobernante con una imagen que quizás alude al cáncer que carcome a la economía venezolana. El Presidente asegura que “no está jugando” en su esfuerzo de fijar precios. Al tiempo que amenaza a los comerciantes también hace llamados más cordiales para que se acaten sus decisiones. Algo ha heredado del personaje del redentor que decía encarnar Chávez cada vez que anunciaba decisiones polémicas. “Me quiero convertir, y ya me estoy sintiendo, en el presidente obrero protector de la clase media en el país”.
