_
_
_
_
_
Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Espionaje, hackeos y persecución: La novela de enero en Ecuador

Una serie de acciones desmedidas de espionaje y abuso de poder por parte del Gobierno de Rafael Correa muestran el doble discurso del régimen

Una serie de acciones desmedidas de espionaje y abuso de poder por parte del Gobierno de Rafael Correa ocurridas en los últimos días dejan a la luz el doble estándar de un régimen que mientras por un lado promueve la transparencia pública protegiendo al fundador de Wikileaks Julian Assange y apoyando al ex contratista de inteligencia norteamericano Edward Snowden; por otro utiliza el aparato judicial para allanar los domicilios y las oficinas de dirigentes opositores, acusándolos de espionaje, y utiliza los medios de comunicación oficiales para divulgar información privada de otros opositores, obtenida presuntamente a través del acceso ilegal a sus cuentas de email.

El pasado 26 de diciembre, en plenas fiestas de fin de año y aparentemente para no generar mayor ruido, desde el Poder Ejecutivo se ordenó a la fiscalía iniciar un proceso judicial contra el asambleísta opositor Clever Jiménez y el periodista Fernando Villavicencio, acusándolos de “espionaje”. Ambos individuos han sido los principales denunciantes de actos de corrupción por parte del Gobierno. Como primera medida, la fiscalía allanó los domicilios de ambos dirigentes, así como también la oficina del asambleísta. Durante el allanamiento se incautaron computadoras, laptops, teléfonos celulares y tabletas.

Al día siguiente, el presidente Correa a través de su cuenta de Twitter dio a conocer que dentro de los equipos incautados se habían encontrado comunicaciones internas de funcionarios del Gobierno. La pregunta que se hace uno es ¿Cómo es posible que el presidente posea dicha información horas después de lo ocurrido, si en teoría el procedimiento lo había realizado el Poder Judicial?.

Los días siguientes al allanamiento, en las redes sociales se sintió un apoyo incondicional a Jiménez y Villavicencio, en parte por que quedo a la vista que la división entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, no existe y en parte por que según reportaron los medios y declaraciones del propio Villavicencio, el allanamiento a su domicilio fue realizado de la manera más brutal posible, en el medio de la noche, mientras él, su esposa y sus hijos dormían, y con una brutalidad solo comparable con la de los gobiernos militares de décadas pasadas.

Pero cómo al presidente no le gusta que las redes sociales y los medios lo desautoricen, tres días después del allanamiento, la Secretaría de Comunicaciones publicó en cadena nacional un video-montaje desmintiendo la supuesta agresividad del allanamiento y defendiendo una vez más la acción judicial. Otra vez, el Poder Ejecutivo metiendo sus manos en una investigación judicial.

Pero esto no fue todo. La misma semana, Xavier Bonilla, caricaturista de el diario El Universo, publicó un dibujo haciendo referencia al allanamiento y dando a entender que el gobierno buscaba desaparecer evidencia de corrupción en manos de Villavicencio y Jiménez. Inmediatamente, el Gobierno respondió solicitando al periódico información acerca de Bonilla, y exigiendo la entrega de una copia auténtica del dibujo, en lo que puede ser considerado como otro acto de intimidación y persecución. Así mismo, en su programa de televisión, el propio Correa amenazó a Bonilla diciendo que “tendrá que demostrar el contenido de la caricatura”.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Suscríbete

Pero el doble estándar en el actuar del Gobierno no acabó allí. El día lunes 6 de enero, el diario El Telégrafo, cuyo principal accionista es el propio Gobierno, publicó una nota de investigación en la cual “acusaban” a la dirigente opositora de centro-izquierda Martha Roldos y al periodista Juan Carlos Calderon de estar en comunicaciones con el National Endowment for Democracy y la Open Society Foundation, ambas basadas en Washington DC, para obtener financiamiento para un proyecto periodístico en el país. El Telégrafo utilizó como fuente de esta alegación emails y documentos obtenidos directamente de la cuenta de email de Roldos. Más aún, en el artículo presentan una infografía la cual incluye fotos de dichos emails. En otras palabras, la cuenta de Roldos fue hackeada, y los correos fueron entregados a El Telégrafo. Al día siguiente, la Agencia Pública de Noticias (también propiedad del Gobierno) y la Agencia Prensa Latina ya se encontraban difundiendo la información.

Dados que El Telégrafo es un medio propiedad del Gobierno, no extrañaría que hayan sido los propios servicios de inteligencia ecuatorianos los que penetraron la cuenta de email de la ex Asambleísta Roldos.

Las contradicciones de Correa y su gobierno son cada día más evidentes. Por un lado dieron asilo a Assange y apoyaron a Snowden, pero por otro lado, acusan y persiguen judicialmente a Jiménez y Villavicencio de poseer documentos confidenciales del Gobierno, y por otro, promueven a través de medios de su propiedad el contenido de emails y documentos provenientes de una cuenta de correo privada como la de Martha Roldos. El doble discurso, una vez más.

Ezequiel Vázquez-Ger es consultor y analista político basado en Washington DC | Twitter: @Ezequielvazquez | www.ezequielvazquez.com

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_