La investigación que validó las fotos del horror sirio

Susan Black es una reputada forense y antropóloga escocesa. Hace doce días recibió una llamada de teléfono. Era el despacho de abogados londinense Carter-Ruck y tenía una propuesta de trabajo para ella. Debía viajar a un tercer país, donde examinaría miles de fotografías de cadáveres y decidiría si aquellas fotos eran veraces. Luego conocería a César, el informante que había aportado las fotos y trataría de averiguar si la información que mostraban las imágenes casaba con la versión del garganta profunda. Tres veteranos juristas internacionales y otros forenses la acompañarían en la misión, le explicaron.

Lo que ni Black ni sus compañeros imaginaron tras recibir aquellas llamadas es que lo que iban a encontrar en las fotos podrían ser las pruebas documentales más precisas y concluyentes de supuestos crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen sirio de Bachar el Asad. Que iban a enfrentarse a miles de imágenes de cuerpos muertos de hambre, apaleados o estrangulados en cárceles sirias. Y que iban a desvelar un sofisticado entramado burocrático en el que los asesinatos se fotografían, se clasifican y almacenan con un celo y una frialdad de espanto.

Los investigadores concluyen en su informe que al menos 11.000 personas murieron en tres cárceles sirias, a cuyas víctimas mortales César, un expolicía militar, tuvo acceso. El informe de 31 páginas que Black y sus compañeros escribieron en apenas tres días ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en la foto fija de un conflicto que se ha cobrado más de 130.000 muertos en los últimos tres años. Las potencias mundiales, reunidas esta semana en Suiza han sido una vez más incapaces de poner freno a la barbarie que desangra Siria. La esperanza de que las imágenes se conviertan en el Srebrenica sirio que fuerce al mundo a actuar no se ha materializado de momento.

Desmond de Silva, el fiscal que llevó al presidente Charles Taylor ante la justicia internacional por crímenes de guerra ha presidido la investigación y fue el encargado de poner en pie el equipo que pasaría una semana reunido en un país de oriente próximo con el desertor, analizando las supuestas pruebas. De Silva fue el encargado de decidir quién le acompañaría en la investigación: David Crane, también fiscal del tribunal penal internacional para Sierra Leona y Geoffrey Nice, fiscal jefe tribunal penal para la antigua Yugoslavia que acusó al expresidente Milosevic de genocidio. Entre los tres, acumulan casi un siglo de interrogatorios, parte de ellos dedicados a incriminar a jefes de Estado. Su trabajo consistía esta vez en interrogar al desertor y determinar si era o no creíble. Tres forenses, una de ellas Black se encargarían de verificar la autenticidad de las imágenes.

El sábado 11 de enero De Silva y otros tres componentes del equipo se instalaron en el hotel de un país, cuya identidad prefieren no desvelar para proteger al testigo. Durante los tres primeros días, los juristas interrogaron al desertor, que el propio De Silva apodó César. Les contó que trabajó durante 13 años en un hospital en Siria. Allí llegaban los cadáveres procedentes de tres centros de detención. El trabajo de César consistía en fotografiar a los cuerpos. Esas fotos, les permitían a las carceleros acreditar que las ejecuciones ordenadas se habían consumado y completar los certificados de defunción. Ya en el hospital, a los cadáveres se les cambiaba el número identificativo y a las familias se les decía que la muerte había sido a causa de un ataque al corazón o un fallo respiratorio.

La conclusión de los juristas tras interrogar al testigo fue unánime. Estimaron que era un testigo creíble. De Silva comparte por teléfono sus impresiones: “Obviamente, César estaba nervioso, pero era absolutamente sincero. Podría haber exagerado y decir que había presenciado ejecuciones, pero no lo hizo. Él explicó que se limitaba a fotografiar y que durante tres años, había conseguido sacar del país a través de contactos y en lápices de memoria 55.000 imágenes de cuerpos muertos”. ¿Les pudo engañar? “Mire, entre los tres tenemos una experiencia única en preguntar para llegar a la verdad. Estamos muy acostumbrados, porque operamos en sistemas judiciales que se asientan en el interrogatorio y los testimonios orales”, asegura De Silva, que no duda cuando asegura que Damasco ha puesto un pie un mecanismo de “asesinatos sistemáticos a escala industrial” . Lo que más le ha impactado, dice, ha sido la cantidad de fotos en las que se ve a hombres jóvenes muertos de hambre. “Esas imágenes me recordaron a Auschwitz”.

La otra pata del equipo de investigación la componían los forenses. Black y su colega Stuart Hamilton. Un especialista en fotografía forense digital les asesoró en la distancia. Recibieron 24.000 fotografías y seleccionaron al azar 5.000. Durante dos días, se dedicaron a estudiar las fotos sin tener acceso al informante para que su versión no les influyera. “Aquellas personas no habían muerto en el campo de batalla. No había disparos, ni heridas de granadas, ni impactos de restos de edificios. Era gente a la que habían atado y golpeado sistemáticamente y en algunos casos estrangulado”, estima Hamilton. “Eran fotos de mucha calidad , de la policía. Hubiera sido prácticamente imposible falsificar esas heridas”, añade Black, que ha trabajado como forense en los Balcanes, Sierra Leona y en el tsunami en Indonesia.

Superada la fase inicial, los dos equipos, el legal y el forense se reunieron para ver si sus impresiones casaban. Los cinco estuvieron de acuerdo en que se encontraban ante lo que consideraron pruebas convincentes de crímenes contra la humanidad y posiblemente de guerra, perpetrados por el régimen sirio.

El bufete de abogados Carter-Ruck había sido contratado por el Gobierno de Catar, que apoya abiertamente a los rebeldes sirios que luchan por derribar a El Asad. Lo partidista de la financiación ha despertado no pocas suspicacias tras la publicación del informe. De Silva defiende la seriedad de su trabajo “primero porque el hecho de que Catar tenga un cierto interés no quiere decir que las evidencias sean falsas y porque además, Catar es el primer interesado en desvelar algo que ha sido verificado previamente”. Crane, otro de los investigadores añade desde Nueva York: “Nosotros mismos éramos muy escépticos al principio, pero juntos llegamos a la conclusión de que lo que teníamos delante era un ejemplo clásico de asesinato sistemático contra civiles. El Gobierno de Catar no interfirió en ningún momento”.

Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) estiman que la información que aparece en el documento encaja con los testimonios de 200 ex detenidos y desertores a los que han tenido acceso a lo largo de los últimos tres años. Lo que les sorprende en este caso son las cifras, el alcance de la maquinaría de matar del régimen. “Si las fotos son reales, eso demostraría que los casos de torturas en cárceles a lo que nosotros hemos tenido acceso son sólo al punta del iceberg”, explica Lama Fakih, investigadora de HRW en conversación desde Beirut. Fakih ha viajado en varias ocasiones a la Siria en guerra. En uno de esos viajes pudo ver maquinaria de tortura en antiguos centros de detención. Uno de ellos, explica por ejemplo es una cruz de tamaño natural, a la que se ata a los detenidos y que está partida en dos para doblarse por la mitad.

Los activistas antigubernamentales sirios cifran en decenas de miles los desaparecidos en las cárceles. La posibilidad de acabar detenido en la telaraña de checkpoints que ha tejido el Ejército aterroriza a la población. Moverse entre barrios o pueblos constituye toda una hazaña. Si los soldados les paran en un control, les piden los papeles y, si son por ejemplo originarios de una zona tomada por los rebeldes, hay muchas posibilidades de acabar en un calabozo, aseguran varios sirios huidos y que ahora temen por la suerte de sus familiares en Siria. Dicen tener la certeza de que el trayecto al centro de detención es un camino sin retorno.

HRW al igual que otras organizaciones internacionales ha pedido sin éxito al Gobierno Sirio que les permita acceder a las cárceles para ver qué trato reciben los detenidos. El acceso de los periodistas al país es también cada vez más restringido y peligroso. Sin testigos, las imágenes robadas por César se han convertido en la apariencia de realidad capaz más detallada obtenida hasta el momento y con capacidad de dar una idea de la dimensión de los crímenes del régimen. Ahora, dicen sus autores hay que pasar a la siguiente fase, una investigación criminal en la que las imágenes sirvan de prueba para una acusación formal de crímenes de guerra y contra la humanidad. “En el futuro será posible vincular los números de los cadáveres con los de los detenidos y se podrá saber quiénes fueron los culpables”, cree Black, la forense.