La CIDH pide al Gobierno colombiano que suspenda la destitución de Petro
El Consejo de Estado había rechazado este martes las 23 tutelas que buscaban evitar la remoción del alcalde de Bogotá
Cuando la batalla contra la destitución de Gustavo Petro parecía perdida, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, decidió otorgar medidas cautelares al alcalde de la capital colombiana y pidió que se frene la sanción disciplinaria que le impuso la Procuraduría. “La Comisión requiere a Colombia que suspenda inmediatamente los efectos de la decisión de 9 de diciembre de 2013, emitida y ratificada por la Procuraduría General de la Nación el 13 de enero de 2014, a fin de garantizar los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego y pueda cumplir con el periodo para el cual fue elegido como alcalde de Bogotá D.C. el 30 de octubre de 2011”, dice el comunicado de la CIDH.
Para este organismo, los derechos políticos de Petro “se encontrarían en una situación de gravedad y urgencia”, por lo que le dan un plazo de 15 días al gobierno colombiano para que le informe sobre la adopción de las medidas cautelares.
El anuncio se conoció cerca de la medianoche de lunes, solo unas horas después de que el Consejo de Estado, la máxima instancia administrativa en Colombia, negara un grupo de 23 tutelas (amparos judiciales) que buscaban dejar sin fundamento la sanción de la Procuraduría de además de destituir al alcalde de su cargo lo inhabilita por 15 años para ocupar cargos públicos, algo que en la práctica significa su muerte política.
Estos amparos judiciales se convirtieron en la estrategia central de los defensores del alcalde –que bautizaron como ‘tutelatón’– y que en un principio tuvo resultado, ya que lograron frenar provisionalmente la destitución del exguerrillero del desmovilizado grupo M19 y actual líder del movimiento Progresistas. Sin embargo, con la decisión del Consejo de Estado (con una votación 15-8) de rechazar el último grupo de tutelas, quedaba en firme la sanción de la Procuraduría, con lo se asumía que en cuestión de días, Petro debería abandonar el segundo cargo de elección popular más importante de Colombia.
Ahora, con las medidas cautelares, todo queda en manos del presidente Juan Manuel Santos, quien deberá decidir si acoge la petición de la CIDH, un tema que ha sido de amplio debate en Colombia, ya que algunos, como el fiscal general, Eduardo Montealegre, consideran que es de obligatorio cumplimiento, pero otros insisten en que se trata de una recomendación. Así lo considera el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez.
A Petro, quien estaba confiado de que la CIDH se pronunciara a su favor, le llegó su salvavidas, por lo que también quedaría en firme la realización de un referendo revocatorio, programado para el 6 de abril, en donde los bogotanos decidirán si Petro sigue o no en su cargo. Esta consulta es un proceso diferente de la sanción disciplinaria y el alcalde está confiado en que sus electores evitarán que lo revoquen.
Tras el anuncio de la CIDH, Petro se pronunció a través de su cuenta personal en Twitter, donde celebró y convocó a sus seguidores. “Mañana a las cuatro de la tarde espero a toda la ciudadanía bogotana a festejar este triunfo democrático. Colombia va a cambiar”, escribió.
El motivo de la destitución de Gustavo Petro se remonta a finales de 2012, cuando el alcalde de Bogotá implementó un nuevo esquema de recolección de basuras en la capital colombiana, con el que pretendía quitarle los contratos a empresas privadas para darle el manejo de las basuras a una compañía pública. Esto provocó un caos en las calles de la ciudad durante tres días, lo que dio inicio a la investigación disciplinaria que parecía que le iba a costar su salida. Pero un giro de último momento, vuelve a poner su caso en suspenso.
