Vida de una ley

Así que este es el aspecto que tiene una víctima del acoso de los grupos de presión. Ojeras, sombra de barba, pelo revuelto, mirada despierta. Karlheinz Florenz, 66 años de edad, originario del Bajo Rin, con un máster en agricultura y diputado de la CDU en el Parlamento europeo, está sentado en su despacho del Parlamento de Estrasburgo; por la ventana se asoma un día gris. No ha tenido tiempo para afeitarse, ya lo hará luego, delante del espejo de la oficina. Primero quiere hablar de los grupos de presión y de su ingenioso juego consistente en influir sobre las leyes y aislar a los diputados que no despiertan sus simpatías. Un breve buenos días y, acto seguido, mete la mano debajo de la mesa y saca una bolsa de tela. “Mire todo lo que ellos me han enviado”.

Ellos son los representantes de los intereses de la industria tabacalera, de consorcios y de pequeños y medianos proveedores. Durante meses se han desplegado en enjambres, como los insectos, para controlar la nueva directiva prevista para la fabricación de productos del tabaco. La Comisión Europea se había propuesto aumentar drásticamente la protección de los no fumadores. Y el lobby quería impedir que se aprobaran normas que hagan poco atractivo el fumar y que conviertan a los fumadores en no fumadores, o que consigan que los no fumadores no lleguen a tocar un cigarrillo porque no es cool.

“Si existiera un premio para el mejor trabajo de cabildeo, lo habría ganado Philip Morris”, asegura Florenz, reconociendo a regañadientes la habilidad del consorcio estadounidense. “Era un aparato compuesto por más de 150 personas trabajando en Bruselas, Düsseldorf y Berlín. Se habían reunido previamente y habían imaginado cómo sería el desarrollo de todo el proceso de negociación”. Escena por escena. Comparecencia pública sobre la proposición de ley, 25 de febrero de 2013. Deliberaciones en la Comisión de Medio Ambiente, 24 de abril. Cierre del plazo de la recepción de enmiendas, 8 de mayo a las 12 horas. Deliberación sobre las enmiendas en la Comisión, 30 de mayo. Votación, 10 de julio. Votación en el Parlamento, 8 de octubre, y a continuación negociaciones en pequeños grupos para lograr un compromiso. Y luego, el 18 de diciembre, el acuerdo formal con los 27 Estados miembros. “Siempre tenían a punto la respuesta adecuada. Estaban preparados para cualquier decisión, también para cualquier decisión negativa”, explica Florenz.

Este trabajo de lobby planificado con precisión militar tenía como objetivo aguar la directiva sobre la fabricación de productos del tabaco. Para los fabricantes y los proveedores esta directiva pone en peligro cifras de ventas y puestos de trabajo.

Y más teniendo en cuenta que los defensores de los derechos de los consumidores y de la salud se han propuesto intervenir enérgicamente. Quieren que se regulen las sustancias adictivas que se añaden al tabaco. El derecho alimentario autoriza el empleo de 700 productos químicos que también se utilizan en la fabricación de productos del tabaco. Florenz quería analizar 60 productos químicos que posiblemente reaccionan durante la combustión. “No se tiene la más mínima certeza de lo que ocurre en ese proceso”, señala Florenz, que se proponía determinar en un listado positivo cuáles son los productos químicos inocuos.

Cada día mueren 300 fumadores. Así que, para mantener un nivel de ventas constante, la industria tabacalera tiene que persuadir diariamente a 300 no fumadores para que empiecen a fumar "

Pero está claro que Florenz ha fracasado en su intento de confeccionar esa lista positiva de aditivos inocuos. Aunque está en lo más alto de una lista muy diferente. Philip Morris ha escaneado diputados en un expediente de 160 páginas y ha marcado en rojo aquellos que se muestran demasiado críticos.

A todo esto, hay que decir que Florenz no es un defensor de la línea dura, sino un amante de los habanos. Pero resulta molesto porque esgrime un argumento muy contundente. “Cada día mueren 300 fumadores. Así que, para mantener un nivel de ventas constante, la industria tabacalera tiene que persuadir diariamente a 300 no fumadores para que empiecen a fumar”.

Durante los meses en los que tuvieron lugar las negociaciones Florenz recibió diversos regalos. Un calendario de Adviento con 24 puertecitas, decorado con un barrigudo Papá Noel y con la frase “demasiado chocolate engorda” estampada en blanco y negro, al estilo de las advertencias que aparecen en los paquetes de cigarrillos. Una botella de vino tinto con tejido canceroso pegado en buena parte de su superficie: Drinking can cause cancer [Beber puede provocar cáncer]. Una tarjeta de cumpleaños en la que se ve una desagradable barriga de anciano desnuda y se lee la frase “Comer demasiados pasteles engorda”. Acompañada de buenos deseos personalizados: “Deseamos a todos un futuro en el que podamos decidir sin tutelas, por nosotros mismos, qué cosas queremos disfrutar y cuáles no”. Además, se dejaron caer inesperadamente por la oficina el jefe del grupo parlamentario el jefe de la fracción así como algunos empresarios para persuadir a Florenz de que abandonara su argumentación.

Bruselas, con un total de 8.000 organizaciones, ocupa el segundo puesto en la clasificación de los epicentros de actividad de presión más importantes del mundo, por detrás de Washington DC. El motivo es la presencia de las instituciones europeas. En la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo y en los consejos de ministros se debaten leyes que repercuten en la vida cotidiana de 506 millones de europeos y en el mercado único más grande del mundo.

Cuatro de cada cinco leyes vigentes a escala nacional tienen su origen en Bruselas.

Empresas, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y bufetes de abogados han creado un poderoso sector cuyos empleados cobran para que las leyes se redacten de tal forma que no supongan ninguna desventaja para las empresas ni hagan peligrar las ventas de sus productos y, con ellas, su volumen de negocio y sus beneficios. Resultan especialmente eficaces los consorcios tabacaleros, los ofertantes de juegos de azar, los consorcios de telecomunicaciones, los bancos y las aseguradoras, los consorcios energéticos, las empresas químicas y farmacéuticas, los consorcios armamentísticos, los fabricantes de productos alimenticios y los constructores de automóviles. Sectores en los que hasta las más pequeñas modificaciones legislativas pueden dar ventaja a la competencia, y en los que se mueve realmente mucho dinero. Los grupos de presión insinúan que quieren cuidar del común de las gentes, pero en realidad defienden intereses particulares.

El fundamento de las conversaciones es el párrafo 11 del Tratado de Reforma de Lisboa, que regula la cooperación entre los Estados miembros.

Después, la Comisión de la UE es la instancia legislativa responsable de oír a todos los peticionarios.

Este organismo tiene el cometido de procurar que el mercado único se rija por unas reglas del juego claras y justas. Cosa que en absoluto se puede dar por sobreentendida. Los 28 Estados miembros son enconados competidores dentro del mercado único que luchan por hacerse con clientes y porcentajes. La controvertida directiva sobre los productos del tabaco se remonta a la visión de una Europa libre de humos presentada en el año 2007 por la Comisión Europea. Poco antes, en 2005, la OCDE había firmado un acuerdo marco para el control del tabaco.

Pero las ampliaciones y modificaciones de las normas aplicables al tabaco resultaron ser más complicadas de lo que se pensaba.

Antes de que en el verano de 2013 el sector tabacalero se concentrara en los parlamentarios, desplegó su actividad en el organismo donde se redactaba la ley.

El 16 de octubre de 2012, John Dalli, comisario de salud responsable del tema, tuvo que dimitir debido a supuestos contactos con los grupos de presión. Se sospechaba que un amigo de Dalli extorsionaba a un productor de tabaco sueco con su conocimiento. Tras una breve conversación, el presidente de la Comisión Europea José Manuel Barroso echó al maltés. Según la declaración oficial, Dalli dejaba el cargo por voluntad propia. Dalli lo negó. Según él, había pedido un tiempo de reflexión para buscar asesoramiento jurídico y le habían concedido 30 minutos, así que le pareció que se estaban burlando de él.

En el momento de concluir la redacción de este informe, la dimisión de Dalli sigue aún sin aclarar.

Dalli niega haber tenido noticia de un intento de extorsión. Supuestamente, su amigo Silvio Zammit exigió al consorcio tabacalero Swedish Match 60 millones de euros para parar, con ayuda de Dalli, el proyecto de prohibir el snus, un tabaco tipo rapé, en todo el territorio europeo. Swedish Match se dirigió indignada a los máximos representantes de la Comisión Europea. Además, Dalli no había notificado los encuentros con el lobby tabacalero y había infringido las directrices de un acuerdo marco de la Organización Mundial de la Salud. Según dichas directrices, este tipo de contactos deberían ser transparentes y se debería rendir cuentas de ellos. Pero estas directrices no son jurídicamente vinculantes.

Mientras que la Comisión de Lucha contra el Fraude de la UE investiga la primera sospecha referente a la extorsión, el segundo reproche parece venir de un mundo ajeno a las costumbres de la UE. Otros funcionarios o comisarios de la UE también se reúnen regularmente con cabilderos de las tabacaleras sin que nadie se escandalice por ello. Se dice que desde el círculo más próximo a Barroso, el presidente de la Comisión, se mantienen contactos cordiales con la industria tabacalera. Por ejemplo, Michel Petit, abogado del bufete Clifford Chance con importantes clientes en el mundo del tabaco, fue miembro del consejo ético de la Comisión Europea creado para ello, hasta su renuncia en diciembre de 2013.

Dalli, exfumador empedernido, quiere endurecer drásticamente las reglas. Le parece que 700.000 víctimas mortales anuales del tabaco son demasiadas. Hay que restringir la venta y la publicidad de numerosos productos que contienen nicotina.

Antes de que se viera obligado a irse, vio cómo se frenaba su trabajo. El 25 de julio de 2012, unos colaboradores estrechos de Barroso escribieron una carta de dos páginas a Paola Testori Coggi, directora general de sanidad. En ella se decía que la directiva prevista despertaba “serios reparos”. Criticaban que no se había analizado “la posibilidad de recurrir a medidas menos duras”. Eran objeto de crítica la “proscripción general de los productos del tabaco sin humo” y el tratamiento dado a los artículos que contienen nicotina. Para terminar, remitían a la “sensibilidad política” de toda la legislación sobre el tabaco. Según ellos, el borrador de la directiva de Dalli todavía no se podía votar dentro de la Comisión.

Entonces Dalli tuvo que irse y Malta envió a un sucesor, Tonio Borg. El trabajo para sacar adelante la directiva se retrasó un año.

A partir de 2017, las cajetillas de cigarrillos y los paquetes de tabaco de liar y de tabaco de pipa de agua llevarán imágenes impactantes impresas en el 65% de sus caras anterior y posterior (hasta ahora sólo cubrían el 40%); los cigarrillos aromatizados estarán prohibidos a partir de 2020.

El grupo de presión aprovechó ese tiempo.

Representantes de los intereses de todos los sectores afectados apelaron a la conciencia de la Comisión y del Parlamento, y también de los políticos nacionales. Con motivo de la celebración de la feria especializada Intertabac, los representantes del sector hicieron un llamamiento para que se tuvieran en cuenta los intereses de hasta 100.000 trabajadores del ramo tabacalero alemán. Al mismo tiempo, el sector advirtió del descenso de las ventas que las nuevas medidas traerían consigo, lo cual, como es natural, también supone menos ingresos fiscales.

En el primer semestre de 2013, las ventas oficiales de cigarrillos descendieron un 5,5% en Alemania, pasando de 38.800 millones en el período correspondiente del año anterior a 36.600 millones de unidades. En lo que respecta al tabaco de liar, el descenso ha sido similar, pasando de 12.545 a 11.937 toneladas. Se calcula que, en el segundo trimestre de 2013, el porcentaje de cigarrillos consumidos en Alemania sin pagar impuestos en el país es un 20,7% de media nacional y, por tanto, un 0,6% más alto que el valor registrado en el trimestre correspondiente del año anterior.

Como es natural, las consecuencias de todo esto se presentaron ligadas al interés público: menos ventas o menos éxito en la lucha contra el contrabando de tabaco supone menos cobro de impuestos.

Esta advertencia remite de nuevo a las relaciones existentes entre la industria tabacalera y las instituciones europeas. Existen acuerdos entre la Comisión Europea, los Estados miembros y diversos consorcios tabacaleros, entre ellos Philip Morris y British American Tobacco, que vinculan ambas partes “mediante un complejo conjunto de compromisos recíprocos”, en palabras de Giovanni Kessler, máximo encargado de la lucha contra el fraude de la UE. Llevan el sello de “confidencial”. Son acuerdos que revelan la existencia de pactos confidenciales y, al mismo tiempo, ponen de manifiesto el escaso control que pueden ejercer los parlamentos no solo en Europa, sino también en las capitales nacionales.

En total, se trata de cuatro grandes acuerdos legalmente vinculantes. La industria tabacalera paga miles de millones de euros a la Comisión Europea y a las capitales nacionales para que puedan combatir mejor el contrabando. Como contrapartida, el fisco renuncia a adoptar medidas contra las empresas tabacaleras si se llega a probar que estas son culpables de fraude fiscal. Es un trato habitual en la jurisprudencia de EE UU y de otros estados. Y al mismo tiempo, contraviene la comprensión usual del derecho y en Alemania huele a soborno. Los Estados de la UE se benefician de unos ingresos regulares; las empresas tabacaleras están a salvo de investigaciones estatales por posibles delitos fiscales. “Analizado con sentido crítico, viene a ser similar al pago de un rescate”, explica el eurodiputado del FPD Michael Theurer, presidente de la Comisión de Control Presupuestario. Theurer ha exigido, infructuosamente hasta el momento, que el Parlamento Europeo tenga acceso a amplia información sobre los contactos periódicos entre la Comisión Europea y la industria tabacalera, o al menos disponga de ella.

Estamos ante un conflicto de intereses. ¿Cómo puede alguien que recibe dinero de otra persona controlarla de forma independiente y prescribir normas?

Los juristas de la industria tabacalera tratan de calmar los ánimos diciendo que estos miles de millones se destinan oficialmente a la lucha contra el contrabando, los plagios, la pérdida de ingresos fiscales y, por tanto, a la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude. Recalcan expresamente que los consorcios no pueden suspender los pagos así sin más, si les parece que las normas que aprueba la UE son demasiado estrictas. Según ellos, si la UE promulga una directiva para el control del tabaco que pone en peligro el volumen de negocio de los consorcios y las empresas dejan de pagar por eso, este cambio no debería interpretarse simplemente como una reacción ante la nueva normativa.

Algunos parlamentarios consideran sospechosos estos acuerdos. Como las empresas tabacaleras y la Comisión Europea mantienen la confidencialidad de toda la correspondencia, nadie podría desentrañar los motivos si en un momento dado las empresas finalizan sus pagos antes de tiempo, critica el liberal Theurer en un documento interno. Por tanto, surge la fundada sospecha de que los consorcios tabacaleros prácticamente han comprado con dinero la benevolencia de la Comisión Europea y de los Estados miembros. “Es posible que el objetivo de la UE y de los Estados miembros de seguir recibiendo pagos anuales en el futuro influya en las resoluciones políticas que se tomen durante el tiempo en que estén vigentes estos acuerdos”. En uno de ellos se prevé un pago máximo de 23 millones de euros en el año 2029; por eso es importante no romper el acuerdo antes de tiempo.

Ingeborg Gräßle, diputada de la CDU y compañera de Theurer en la Comisión Presupuestaria, cree que existe una especie de “acuerdo de caballeros”. Gräßle quiere saber quién paga las reuniones anuales de las instituciones de la UE con la industria tabacalera. Los verdes preguntan si los consorcios pueden anular los acuerdos con Bruselas si no les gusta alguna de sus directivas. Pero no hay respuestas.

El último miércoles del mes de febrero, el Parlamento aprobó las nuevas normas de la UE para reducir el atractivo del tabaco. Menos estrictas de lo previsto. A partir de 2017, las cajetillas de cigarrillos y los paquetes de tabaco de liar y de tabaco de pipa de agua llevarán imágenes impactantes impresas en el 65% de sus caras anterior y posterior (hasta ahora sólo cubrían el 40%); los cigarrillos aromatizados estarán prohibidos a partir de 2020. También se prohíben los embalajes de tabaco engañosos o que minimicen el riesgo que entraña su contenido. Los cigarrillos electrónicos se seguirán vendiendo libremente y se introducirá un nuevo sistema para refrenar el contrabando de tabaco.

Florenz deja tras de sí una legislación nada satisfactoria. Lo que más le molesta es que el mentol todavía se pueda seguir utilizando como aditivo durante un tiempo. “El mentol penetra profundamente en los pulmones llevando consigo el humo y todas las sustancias liberadas en la combustión que se van acumulando allí dentro”. Guarda su calendario de Adviento en la bolsa de tela. En mayo volverá a presentarse como candidato a las elecciones al Parlamento Europeo; quiere seguir allí otra legislatura más. En Düsseldorf, la CDU acaba de designar a sus candidatos. Florenz está en el octavo puesto. Antes del asunto de la directiva del tabaco, era el número 2 de la lista.

Traducción: News Clips