HRW denuncia abusos sistemáticos contra los manifestantes venezolanos
La organización recoge 45 casos de graves violaciones de derechos humanos
Casi tres meses después del estallido de las protestas opositoras en Venezuela, una investigación de Human Rights Watch (HRW) pone al descubierto un patrón de abusos de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes y de trato discriminatorio en la esfera judicial. En un informe publicado este lunes, la organización internacional relata decenas de casos de severa represión a ciudadanos, opositores o no, como disparos a quemarropa sin pretexto, excesos físicos y psicológicos, e incluso episodios de tortura. Tristemente no es la primera vez que afloran denuncias de abusos contra los opositores -primero fue una ONG local y luego Amnistía Internacional- pero la particularidad de este nuevo informe es que incluye un amplio abanico de ejemplos detallados y que desvela una orquestada "práctica sistemática" de excesos tolerada por las autoridades.
Tras una investigación de seis semanas en Caracas y tres estados, el informe recoge, a partir de entrevistas y pruebas, 45 casos de “evidencias convincentes” de graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. HRW estima que más de 150 personas fueron víctimas de estos abusos y que 10 de los 45 casos constituyeron claramente torturas. El documento llega a las pocas semanas de la primera reunión, poco fructífera, entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición para tratar de encontrar una salida a la crisis generada por las protestas, que arrancaron el 12 de febrero y se han cobrado desde entonces una cuarentena de víctimas mortales. Y a los pocos días del anuncio por parte de las autoridades de la creación de un consejo de derechos humanos tras las quejas de la Iglesia por la cruenta represión.
En la mayoría de los episodios documentados, las víctimas fueron arrestadas arbitrariamente y retenidas hasta 48 horas o por períodos mayores, muchas veces en establecimientos militares. “Allí sufrieron nuevos abusos, como violentos golpes y, en varios casos, descargas eléctricas o quemaduras”, denuncia. “A numerosos detenidos con lesiones graves se les negó el acceso a atención médica, o bien fue demorado, lo que exacerbó su sufrimiento, a pesar de sus reiterados reclamos solicitando tratamiento médico. En varios casos, guardias nacionales y policías también sometieron a detenidos a severos abusos psicológicos, que incluyeron amenazas de muerte y violación sexual”.
El informe incluye, por ejemplo, el caso de un hombre de 36 años a cuyo rostro un agente de la guardia nacional disparó perdigones a quemarropa, pese que ya había sido detenido y no ofrecía resistencia. Gengis Pinto participaba ese 19 de febrero en una manifestación contra el Gobierno en San Antonio de los Altos, donde cientos de manifestantes habían bloqueado parte de una autopista. Pinto levantó el brazo para protegerse del disparo, y recibió el impacto en la mano, lo que le causó graves lesiones en varios de sus dedos y algunos perdigones se incrustaron en su antebrazo. Sin embargo, los militares que lo retuvieron no lo llevaron a ver un médico hasta al cabo de seis horas. El doctor le recomendó que viera otro especialista urgentemente pero los agentes hicieron caso omiso, lo esposaron sentado bajo el sol y tardaron diez horas más en trasladarlo a una clínica privada.
Fue interceptado por guardias nacionales que le propinaron puntapiés, lo golpearon y dispararon un perdigón desde muy corta distancia a su muslo derecho”
La misma crudeza e inhumanidad se repite en otro caso, de un hombre de 22 años, que fue detenido por guardias nacionales mientras se dirigía a pie a un banco en las afueras de Caracas el 5 de marzo. “Ese mismo día había participado en una protesta en la zona, y sin ningún tipo de advertencia, fue interceptado por guardias nacionales que le propinaron puntapiés, lo golpearon y dispararon un perdigón desde muy corta distancia a su muslo derecho”, relata el informe.
A continuación, fue llevado a una sede militar, donde una decena de guardias nacionales lo obligaron a desvestirse y le propinaron todo tipo de abusos. Uno de ellos le introdujo un dedo en una herida abierta en su pierna. Luego, según HRW, tres guardias nacionales lo esposaron a una barra de metal, le aplicaron descargas eléctricas en dos oportunidades y le exigieron que les dijera quiénes eran sus cómplices. “A continuación, lo llevaron a un patio, donde fue obligado a luchar con uno de ellos, mientras los demás miraban y se reían”, detalla. Poco después fue trasladado a un hospital y más tarde, de vuelta en la sede militar, volvió a ser pateado.
En su intento de sacudirse la responsabilidad por la represión, el Gobierno de Maduro ha denunciado la violencia de algunos manifestantes, que han lanzado piedras y cócteles Molotov contra los agentes. Según las autoridades, más de 200 miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios gubernamentales han resultado heridos y nueve han fallecido por estos ataques. Sin embargo, ninguno de los 45 casos del documento de HRW -que también pide investigar la agresividad de los opositores- corresponde a personas que estuvieran participando en actos violentos cuando fueron atacados por las fuerzas del orden. Además, según el informe, algunas de las personas que fueron objeto de abusos ni siquiera participaban en manifestaciones o ya se encontraban detenidas.
Esta excesiva brutalidad lleva a la organización a denunciar un patrón de represión absolutamente dirigido: “La naturaleza y el momento en que se produjeron muchos de estos abusos —así como la expresión frecuente de epítetos políticos por quienes los cometieron— sugieren que el propósito no fue que se cumpla con las normas vigentes o dispersar las protestas, sino más bien castigar a personas por sus opiniones políticas reales o presuntas”. Por ello, no sorprenderá que en buena parte de los casos de abusos el objetivo fuera impedir que una persona documentara, por ejemplo con una grabación de vídeo, la contundencia de los agentes en dispersar las protestas.
En la misma línea, HRW asegura que miembros de las fuerzas de seguridad permitieron que violentas pandillas armadas partidarias del Gobierno agredieran a civiles que no estaban armados, y en algunos casos colaboraron abiertamente con ellas en los ataques.
Una connivencia que también se reproduce en la esfera judicial: “Casi la totalidad de los 45 casos implicaron violaciones de las garantías de debido proceso. Entre estos actos se incluyeron mantener a los detenidos incomunicados, negarles el acceso a un abogado hasta minutos antes de haber sido llevados ante un juez y, en varios casos, sembrar pruebas falsas para poder imputarles delitos”. Y añade: “A menudo algunos jueces confirmaron el procesamiento de detenidos sobre la base de evidencias dudosas presentadas por la fiscalía, sin someter las pruebas a un examen riguroso ni indagar de qué modo los presuntos implicados que fueron presentados ante ellos habían sufrido lesiones que eran visibles”.
Como resultado, la organización internacional critica que, por su politización, el poder judicial “ha dejado de ejercer su rol como garante frente a abusos del poder del Estado”, e insta al Gobierno de Maduro -que pese a que ha prometido investigar posibles abusos a su vez los ha tildado de casos aislados-, a aceptar las solicitudes de visita de representantes de la ONU. También pide a los organismos regionales presionar a Caracas para garantizar su respeto a los derechos humanos, pero por ahora la reacción de la mayoría de países latinoamericanos se ha caracterizado por lo contrario al abordar con tibieza la represión de las protestas.
