Perú revisa sus herramientas para luchar contra la minería ilegal
El Gobierno de Humala sigue haciendo operativos contra las explotaciones artesanales pero anuncia más inversión en desarrollo
El jueves pasado, la presidenta de la Sociedad de Minería y Petróleo, Eva Arias, afirmó que el modelo peruano para atacar la minería ilegal es un ejemplo en otros países. Del 28 al 30 de abril, la policía destruyó maquinaria pesada y tanques de combustible de mineros, aunque no todos eran ilegales y algunos mostraron a la prensa documentos de su trámite para formalizarse en la región Madre de Dios. “¿Es lógico que destruyan en la zona del corredor minero y no en La Pampa, donde están los mineros ilegales?”, cuestiona vía telefónica Katty Bernaola Baca, comerciante de Huepetuhe.
El corredor minero al que se refiere Bernaola es la zona donde el Estado ha otorgado concesiones. La actividad ilegal ocurre en playas de ríos y áreas naturales protegidas. Madre de Dios se caracteriza por su bosque húmedo tropical y una gran biodiversidad en la Reserva Nacional Tambopata-Candamo; sin embargo, desde los años 90 y más aún después de la inauguración de la Carretera Interoceánica, es el departamento más perjudicado por la deforestación que causa la extracción ilegal de oro y la contaminación por mercurio de sus ríos y fuentes de agua.
En 2012 el Gobierno de Ollanta Humala dictó leyes para la formalización de los pequeños mineros y la minería artesanal que se desarrolla sin pagar tributos y derechos, sin ser el titular de la concesión, y sin respeto por los estándares medioambientales. Fijó plazos para la presentación de requisitos que los más de 100.000 trabajadores en 21 provincias no podían cumplir, y por ello, en dos ocasiones modificó los cronogramas luego de ser presionado por paros regionales, bloqueos de carreteras y movilizaciones incluso en la capital, Lima.
Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos el sector de los mineros informales es el que ha sufrido más muertes (14) en los dos últimos gobiernos, producto de acciones de las fuerzas de seguridad. El último fallecido fue Américo Laura, producto de un disparo el 8 de abril en el octavo día de una huelga de los mineros en Madre de Dios. El comisionado contra la minería ilegal, el general en retiro Daniel Urresti, declaró a la prensa de Lima que no se podía afirmar que la responsabilidad fue de la policía.
Urresti también ha indicado que los mineros de Huepetuhe que alegaban tener sus documentos en regla, a quienes les destruyeron retroexcavadoras y otros equipos, no concluyeron sus trámites o no cumplen los requisitos para formalizarse. En una entrevista para la publicación La Mula explicó que hay quienes tienen una concesión que es atravesada por un río, pero que el Estado no la otorgó para explotar oro en dicho río.
El Gobierno denomina interdicción las operaciones de incautación de insumos para la minería ilegal o la destrucción de equipos. Entre el 28 y 30 de abril, la policía realizó la operación denominada ‘Principio de autoridad’ y destruyeron 124.000 galones de combustible en 18 tanques clandestinos, 12 retroexcavadoras, seis cargadores frontales, siete volquetes, diez lanchas con motor fuera borda y 161 motores para succionar y transportar agua.
El comisionado refiere que las concesiones mineras de Madre de Dios se superponen con concesiones forestales, de hierbas medicinales y de ecoturismo, y que alguna entidad debe decidir cuál es la que se respeta. Sin embargo, no mencionó que el lote 76 de la empresa Hunt Oil también se intersecta. La especulación de los mineros en Huepetuhe es que el Gobierno pretende dejar libre de mineros esa zona para la exploración sísmica de gas que debe realizar la firma estadounidense a fin de año.
Según relata a EL PAÍS Kathy Bernaola, luego de la interdicción del 28 de abril en Huepetuhe, un grupo de mineros insultó a los policías cerca de la plaza y estos reaccionaron lanzando gas lacrimógeno a un lado de la escuela Horacio Cevallos: “Unos 100 niños estaban jugando fútbol, mi hijo estuvo allí. Psicológicamente les ha afectado, ese día había seis helicópteros dando vueltas, se han tenido que tirar al suelo”. Aunque el comisionado Urresti niega que ello haya ocurrido, la misma información fue difundida por el corresponsal en Cusco del diario La República y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos recibió dos llamadas cuando el hecho ocurrió.
El antropólogo Gabriel Arriarán, testigo de los paros mineros en Madre de Dios tres veces este año, refiere que uno de los problemas para afrontar la minería ilegal es la incapacidad del gobierno regional de ese departamento de procesar los trámites de formalización de miles de mineros con solo tres personas en la dirección regional de minería. Los requisitos que en 2012 planteó la administración Humala no se adaptan a la realidad del problema.
El domingo, el Gobierno aprobó la creación del ‘Proyecto especial para el desarrollo de Madre de Dios’, que cuenta con un consejo integrado por el primer ministro, René Cornejo, y los titulares de otros ocho ministerios. El consejo debe proponer un plan para abordar la pobreza, desigualdad, desarrollo económico y minería ilegal. Asimismo, modificó el decreto legislativo 1103 para fiscalizar y controlar los insumos químicos que directa o indirectamente puedan servir para la minería ilegal. Por otro lado, una subcomisión del Grupo de Trabajo de Pueblos Andinos del Congreso investigará si hubo abusos en las operaciones de interdicción de fines de abril.
