Procesado por soborno el vicepresidente de Argentina
La oposición exige la destitución inmediata de Boudou
En medio de la recesión económica que atraviesa Argentina y del conflicto por su deuda en EE UU que puede derivar en una suspensión de pagos, por primera vez en la historia un vicepresidente del país sudamericano es procesado en el ejercicio de su cargo. Un juez federal de Buenos Aires, Ariel Lijo, procesó este viernes por la noche al vicepresidente de su país, Amado Boudou, por los presuntos delitos de cohecho (soborno) y negociaciones incompatibles con la función pública. Boudou, que fue elegido por el voto popular en 2011 junto con la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ha contado hasta ahora con su respaldo.
Su procesamiento supone un varapalo político para la jefa de Estado. El escándalo, que versa sobre el rescate de la única imprenta de billetes de Argentina, estalló en 2012 y ha llevado a que la fragmentada oposición, minoritaria en el Congreso, pida que el vicepresidente renuncie o al menos pida una excedencia hasta que se resolviese la causa si no quiere enfrentar un juicio político para destituirlo. La oposición también destacó la independencia judicial en el país.
La investigación judicial de Lijo presume que la imprenta Ciccone se encontraba al borde del colapso cuando de repente fue rescatada por alguien que estaba inscrito en Hacienda como pequeño contribuyente autónomo, Alejandro Vandenbroele. A su vez, la exmujer de Vanderbroele ha declarado que su exmarido era testaferro de Boudou. La justicia también cuestiona que Ciccone se beneficiara de un plan especial de pago de deudas tributarias.
La decisión judicial no implica la prisión preventiva, aunque sí el embargo de bienes por valor de 200.000 pesos (unos 24.500 dólares o 18.000 euros). Boudou alegó en varias ocasiones que no estaba dispuesto a renunciar a su cargo, ya que considera que las denuncias obedecen a una razón política de desgaste del Gobierno peronista y no tienen fundamento político. Recordó además que el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, estuvo procesado por presunto espionaje ilegal y, sin embargo, no dejó sus funciones.
El juez Lijo no solo procesó a Boudou sino también a Vanderbroele, a un amigo del vicepresidente que habría intervenido en la operación, a un exfuncionario de Hacienda, al expropietario de Ciccone y a su yerno. Después de estallar el caso, el kirchnerismo impulsó en el Congreso la estatalización de la imprenta.
La noticia del procesamiento ocurrió mientras el vicepresidente argentino se encontraba de viaje oficial por Cuba. Su abogado prometió este sábado que apelará la decisión judicial. Además, otro juez también quiere indagarlo porque supuestamente usaba un coche con documentación falsa. Tanto este presunto delito como el de la imprenta habrían sido cometidos por Boudou cuando era ministro de Economía del primer Gobierno de Fernández, entre 2009 y 2011, antes de llegar a la vicepresidencia del país.
La oposición quiere someter a Boudou a un juicio político, pero este proceso debería comenzar en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde el peronismo kirchnerista tiene mayoría. Sin embargo, en Propuesta Republicana (PRO), el partido de Macri, se esperanzan con que los diputados que son más peronistas que kirchneristas comiencen a despegarse del Gobierno de Fernández, cuando falta un año y medio para las próximas elecciones presidenciales, y voten en contra de Boudou. La Cámara de Diputados es la que decide si se hace el juicio y el Senado, el que juzga.
Boudou, de 51 años, es un economista de pasado liberal que se integró en el kirchnerismo en 2003. En 2008, como jefe de la Seguridad Social, impulsó la reestatalización del sistema de pensiones que había sido privatizado en la década de los noventa, cuando Boudou era militante de derecha. Por su fidelidad absoluta a la peronista Fernández, ella lo designó candidato a vicepresidente en las elecciones de 2011. Juntos obtuvieron entonces el 54% de los votos. Pero a poco de asumir la vicepresidencia del país, Boudou se enfrentó al caso Ciccone. En Argentina la función del número dos del Gobierno no es ejecutiva sino que se limita a presidir el Senado y a reemplazar al jefe de Estado en caso de enfermedad, muerte o viajes.
