El cerco sobre Martinelli se estrecha con el arresto de otro exministro
Frank De Lima es el segundo miembro del gabinete del expresidente panameño que es detenido por corrupción
La trama de corrupción que involucra al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) ha estremecido de nuevo a Panamá. Una nueva bomba política se ha sumado a la incontenible onda expansiva por un escándalo que se remonta al mandato de Martinelli, una trama que habría desviado millonarios recursos destinados a la compra de alimentos para escuelas pobres.
El panameño Frank De Lima, ministro de Economía y Finanzas durante la administración de Martinelli, fue encarcelado este martes por cargos por supuesto peculado luego de que el lunes quedó primero bajo detención preventiva y fuera sometido a un intenso interrogatorio. La Fiscalía Primera Anticorrupción de Panamá presentó cargos en contra De Lima por un caso por el que, en abril anterior, el Tribunal Supremo Electoral de ese país despojó al exmandatario de su inmunidad como presidente del ahora opositor partido Cambio Democrático, para que también sea investigado.
De Lima se convierte en el segundo exministro de Martinelli que está en prisión. El panameño Guillermo Ferrufino, quien fue ministro de Desarrollo Social con Martinelli, está detenido desde el 4 de marzo anterior acusado de enriquecimiento injustificado, por el alquiler de helicópteros con dinero del estatal Programa de Ayuda Nacional (PAN), una institución a cargo de los alimentos para escuelas pobres y sobre la que hay sospechas por el manejo de más de 1.200 millones de dólares.
Martinelli abandonó el país después de que se produjera el primer fallo en su contra. Ahora reside en Miami
La Corte Suprema de Justicia de Panamá ratificó el pasado 2 de marzo un fallo que dictó el 28 de enero anterior, para pedir al Tribunal el levantamiento de la inmunidad y autorizar la apertura de un proceso penal para indagar y juzgar al expresidente por presuntas irregularidades con el manejo de 45 millones de dólares en contratos del PAN de compra de granos, pero con aparentes costes adicionales o sobrefacturación, entre otros hechos.
El abogado panameño Eduardo Sequeira, defensor de De Lima, denunció que su cliente es víctima de un trato anormal de la Fiscalía por su actividad “a espaldas de la defensa”. En declaraciones al diario panameño La Prensa, Sequeira alegó que el exfuncionario no podía ser responsable de todo lo que sucedía en el ministerio a su cargo y que su misión era buscar fondos para ejecutar programas como el PAN.
Acuartelado hace más de tres meses en un apartamento de Miami, Florida, sin inmunidad y convertido en un francotirador desde su cuenta de Twitter, el expresidente volvió a acusar al Gobierno de su sucesor, Juan Carlos Varela, de la detención de su exministro. Desde finales de enero de este año, cuando la Corte emitió el primer fallo en su contra, Martinelli optó por abandonar indefinidamente el país.
La defensa alega que el exministro no podía ser responsable de todo lo que ocurrió bajo su gestión
Con el arresto de De Lima, “quedó demostrado que en Panamá existe un solo sistema de justicia que es el sistema ‘varelista’ vengativo. Solo hay persecución política”, escribió en Twitter. De Lima está detenido “por persecución política al criticar el pésimo gobierno que tenemos” y el proceso en su contra “no es más que un pase de factura por criticar” a Varela, recalcó.
“A mí por política me están juzgado políticamente sin ninguna causal bajo el “sistema ‘varelista’ vengatorio”, puntualizó, al reiterar su inocencia. “Panamá va en franco retroceso”, alertó.
El presidente Varela ha rechazado los cuestionamientos de su predecesor, de quien fue vicepresidente durante los primeros 26 de sus 60 meses de administración. Pero el gobernante aseguró a inicios de este mes, en una entrevista con La Prensa, que el coste de la corrupción del Gobierno de Martinelli “se puede estar acercando a los 100 millones de dólares” y que esa “cifra de lesión patrimonial” está en vías “de recuperación”.
El monto podría aumentar mientras avanzan las indagatorias, advirtió.
La Corte empezó el 4 de mayo las investigaciones para determinar la supuesta participación del exgobernante, un próspero empresario de cadenas de supermercados, en el millonario desvío de fondos públicos para las escuelas pobres.
