Obispos bajo lupa en México
Las sombras del episcopado mexicano ante el nuevo tribunal vaticano contra encubridores
El 25 de junio, el obispo Gonzalo Galván dejó su cargo sin hacer ruido. En abril había saltado en su diócesis (Autlán, Estado de Jalisco) un caso de pederastia. La madre de una niña acusó a un cura de abusar de su hija. Galván, que ya cargaba con la sospecha de haber protegido a otro sacerdote pederasta, presentó su renuncia al Papa dos meses después y —lo que pudo ser más determinante— dos semanas después de que llegase una noticia desde Roma. El 10 de junio se había anunciado la orden de Francisco de constituir un tribunal contra obispos encubridores. El 27 de junio, a los dos días de que el obispo renunciase, el cura acusado fue detenido. Los tiempos del affaire Galván parecen marcar un aviso contra la impunidad para una Iglesia, la mexicana, con un episcopado que tiene puntos densos de sombra.
Empezando por la máxima autoridad eclesiástica en México, el cardenal Norberto Rivera, protector en su día de su compatriota Marcial Maciel, fundador de la congregación de los Legionarios de Cristo que terminó corroída por la pederastia. Rivera defendió a Maciel desde que en 1997 salieron las primeras acusaciones contra él. "Son totalmente falsas, son inventos. ¡Y tú nos debes platicar cuánto te han pagado!", le respondió entonces al periodista que empezó a dar voz a las víctimas, Salvador Guerrero. Maciel, violador de menores consumado y consentido de Juan Pablo II, murió en 2008 sin haber sido procesado por la justicia civil ni castigado por la Iglesia, que en 2006 le pidió que se retirase a la vida privada para hacer oración. Dos años después de su muerte, Roma reconoció oficialmente los "graves delitos" del padre de los Legionarios.
"Rivera tenía en sus archivos toda la información del mundo sobre Maciel", dice Alberto Athié, un exsacerdote que se salió del ministerio para convertirse en un aglutinador de denuncias de víctimas. "Lo encubrió incluso después de que fuese declarado criminal por los obispos que hicieron la investigación de 2010. Eso no es sólo un delito moral aberrante sino un delito civil grave. Y hasta la fecha Rivera no ha reconocido su error ni ha pedido perdón". De cara a la puesta en marcha del nuevo tribunal de Bergoglio, los grupos de víctimas mexicanas, liderados por Athié, tienen preparadas sus pruebas de cargo contra los supuestos obispos encubridores de su país. A Rivera le corresponden otras dos a mayores de la de Maciel. Las de los padres Nicolás Aguilar y Carlos López Valdés.
"Fue quizás un exceso de cariño"
—A mí me jodió toda mi vida, padre —le dijo Jesús Romero Colín entre golpes de llanto—. ¡Yo quiero saber por qué lo hace! ¿Por qué me hizo esto y por qué le hizo eso a todos los demás?
—No te puedo dar una explicación —respondió, hierático, el cura Carlos López Valdés sentado en un sofá sin mover un pelo—. Se fue dando todo simplemente así. Fue quizás un exceso, si tú quieres, de cariño o lo que sea.
Es una escena del documental Agnus Dei (Cordero de Dios), en el que Romero Colín descubrió donde oficiaba misa su antiguo abusador y consiguió grabar su conversación con una cámara oculta.
Hoy Romero Colín tiene 32 años y es psicólogo. López Valdés abusó de él desde que tenía 11. El cura, expulsado del sacerdocio por la Iglesia, sigue libre y su víctima continúa luchando por que lo juzgue un tribunal civil.
No confía en la capacidad punitiva de la Iglesia. "Si ellos mismos juzgaz a sus propios delincuentes no creo que sus sanciones sean severas. Los obispos implicados deberían sentarse en el banquillo de las autoridades civiles para que los juicios sean autónomos, para que sean juicios como es debido".
Aguilar fue párroco en los años ochenta en la diócesis de Tehuacán, de la que era obispo Rivera antes de llegar a la cúspide de la Iglesia mexicana. Los abusos de este sacerdote salieron a la luz un día de 1987 cuando lo encontraron ensangrentado en la casa parroquial después de una orgía con unos muchachos que acabaron asaltándolo, según el informe Pederastia Clerical de Mexicanos presentado en 2013 por organizaciones civiles ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. El documento relata que en 1988 Aguilar fue trasladado a la arquidiócesis de Los Ángeles y que allí abusó de 26 niños en sólo nueve meses, hasta que fue denunciado y huyó de vuelta a México —donde lo pusieron a cargo de los monaguillos de una parroquia—. Se estima que abusó de más de 100 menores y está prófugo desde principios de los 2000.
Carlos López Valdés fue denunciado en 2007 por Jesús Romero Colín por haber abusado de él durante cinco años desde que tenía 11. El cura oficiaba en una parroquia de la Ciudad de México, perteneciente a la arquidiócesis primada de México, ya bajo responsabilidad de Rivera. "La arquidiócesis le pidió a López Valdés que atendiera sus "conductas inadecuadas" y evitara el "escándalo"", indica el informe Pederastia Clerical. Las autoridades eclesiáticas lo expulsaron del sacerdocio en 2011 pero hay testimonios de que ha seguido oficiando en parroquias pequeñas.
Rivera a un lado, hay más obispados en cuestión. El de San Luis Potosí carga con el caso del sacerdote Eduardo Córdova, acusado de haber abusado de al menos 20 menores desde 1985, expulsado del ministerio en 2014 por el Vaticano y en la actualidad prófugo. Córdova, que según sus víctimas adormecía a los niños con pastillas para poder someterlos, llegó a ser encargado de relaciones Iglesia-Estado en la arquidiócesis de San Luis. Entre otros también destaca el caso del padre Gerardo Silvestre, acusado de abusar de unos 45 menores indígenas en el Estado de Oaxaca. Si bien fue arrestado en 2013, en su momento el obispo José Luis Chávez Botello lo defendió diciendo que los compañeros sacerdotes que lo denunciaron eran esbirros de la "teología india".
En un futuro cercano estos casos podrían pasar por el nuevo tribunal vaticano. Tanto para los mexicanos como para el resto de eventuales acusados de otros países, quedaría por ver si además de juzgarlos de acuerdo al Derecho canónico la Iglesia daría el paso de facilitar su entrega a la justicia civil, como le pidió en 2014 el Comité de Derechos del Niño en una inédita comparecencia del Vaticano ante la ONU. Para el sociólogo de las religiones Bernardo Barranco la iniciativa del Papa, para empezar, ha puesto en la mira a una casta eclesial que en México parecía intocable: "Hasta hace unas semanas nuestros obispos dormían tranquilos. Hoy no deben de dormir tan bien".
