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La extradición que no fue

El Gobierno mexicano quería que El Chapo Guzmán terminara su condena en el país antes de mandarlo a EE UU

Luis Pablo Beauregard
Ficha de recompensa de Joaquín Guzmán.
Ficha de recompensa de Joaquín Guzmán.PGR

Antes de fugarse este sábado de prisión por segunda vez, Joaquín El Chapo Guzmán estuvo 16 meses en la cárcel del Altiplano, considerara de máxima seguridad. Ese tiempo fue suficiente para que el Estado mexicano tramitara su extradición a Estados Unidos, pero el Gobierno de Enrique Peña Nieto no quiso hacerlo. El regreso del PRI dio un giro a la política de intercambio de presos que México tiene con su vecino del norte. El envío de importantes capos del narcotráfico se redujo sustancialmente después de haber conseguido máximos históricos durante el sexenio de Felipe Calderón, el presidente que declaró la guerra a la delincuencia organizada.

En enero de este año el procurador (fiscal) Jesús Murillo Karam reconoció que sabía de manera "extrainformal” que Washington preparaba el trámite ante la secretaría de Relaciones Exteriores para reclamar al capo del Cártel de Sinaloa. Sus declaraciones motivaron una ofensiva del equipo legal del Chapo, que consiguió un amparo para frenar una extradición que nunca existió.

El Chapo aparece en sumarios judiciales en al menos seis cortes federales de Estados Unidos. Una de ellas en Chicago, una ciudad que lo ha declarado enemigo público número uno y que le acusa de importar dos toneladas de cocaína al mes. También se cree que es responsable de blanquear 14.000 millones de dólares a través de centenares de empresas.

El Chapo se tiene que quedar aquí a cumplir su condena y después lo extradito. Unos 300-400 años después
Jesús Murillo Karam, exfiscal general 

“México no está obligado a mandarlo y tampoco se puede exigir una extradición porque se invade la soberanía del juez”, señala Gilberto Santa Rita, catedrático de Derecho en la Universidad Iberoamericana. El académico señala que el tema de las extradiciones no es estrictamente judicial, sino que roza la esfera política.

Washington no vio en México voluntad para mandar a Guzmán al extranjero. Murillo, antes de dejar el cargo en febrero de este año, había dicho públicamente que esperaba que el narcotraficante terminara de pagar la sentencia de 20 años que quedó interrumpida por su fuga en 2001. "Yo puedo aceptar la extradición, pero en el momento en que yo diga. El Chapo se tiene que quedar aquí a cumplir su condena y después lo extradito. Unos 300-400 años después. Falta mucho", dijo el fiscal, que dejó el cargo en febrero de este año.

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En los dos primeros años del Gobierno de Peña Nieto fueron extraditadas 133 personas, solo 45 fueron enviadas al norte por delitos contra la salud. La cifra representa una disminución comparada a los dos últimos años del presidente Felipe Calderón (188 personas, 55 reos más). La Administración del PRI solo ha extraditado a dos altos mandos del narcotráfico. El primero fue Iván Velázquez Caballero, de Los Zetas, en noviembre de 2013. Conocido como El Talibán, fue enviado a una corte de Texas que lo acusó de 47 cargos criminales. Pasó un año para que otro capo cambiara las cárceles mexicanas por las de Estados Unidos. Alfredo Beltrán Leyva, conocido como El Mochomo, había sido capturado en 2008, pero fue hasta noviembre de 2014 que compareció frente a un juzgado del Distrito de Columbia, en Washington. El jefe de una organización que se escindió del cártel de Sinaloa fue acusado de importar toneladas de cocaína y metanfetaminas.

La Administración de Peña Nieto optó por la soberanía y el orgullo que significaba cuidar al criminal más importante del país. Esperaba que cumpliera su condena en México antes de enviarlo a Estados Unidos para que fuera juzgado. Imaginaban una custodia compartida que duraría décadas. "Pensaron que se iba a morir en la cárcel", dice Santa Rita. "Si hubiese habido voluntad, un año es un tiempo razonable para haber tramitado la extradición”, afirma. No la hubo. El Chapo está nuevamente en libertad.

Capos extraditados

Benjamín Arellano Félix, del Cártel de Tijuana, fue extraditado en 2012 durante el Gobierno de Felipe Calderón. El presidente que declaró la guerra al narcotráfico también envió a Estados Unidos a otros capos como Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa. En abril de 2007 un avión fuertemente custodiado partió de la Ciudad de México rumbo al norte. En él iban Héctor El Güero Palma, jefe del cártel de Sinaloa hasta 1995, y Osiel Cárdenas Guillén, el sangriento criminal que encabezaba el Cártel del Golfo, que era extraditado cuatro años después de su captura, en marzo de 2003.

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Sobre la firma

Luis Pablo Beauregard
Es uno de los corresponsales de EL PAÍS en EE UU, donde cubre migración, cambio climático, cultura y política. Antes se desempeñó como redactor jefe del diario en la redacción de Ciudad de México, de donde es originario. Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana y el Máster de Periodismo de EL PAÍS. Vive en Los Ángeles, California.

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