Grietas en la generosidad kurda hacia los desplazados por el EI

La generosidad mostrada por los kurdos de Irak hacia los desplazados por el Estado Islámico (EI) empieza a mostrar grietas. El gobernador de Kirkuk anunció la semana pasada que los procedentes de Diyala tenían un mes para regresar a sus casas. Arguye que esa provincia ya ha sido liberada. Sus habitantes, la mayoría árabes suníes, temen sin embargo a las milicias chiíes que ahora tienen el control; además, muchas de sus casas están destruidas. Son 14.000 familias afectadas, pero el resto sospecha que según el Ejército iraquí y las milicias aliadas avancen hacia el norte, las autoridades kurdas extiendan la medida.

“[El gobernador] no ha respondido a la preocupación de las organizaciones humanitarias respecto a los regresos forzados”, señala Lahib Higel, una analista independiente que trabaja en Irak.

El caso ha puesto de relieve tanto la necesidad de ayudas y garantías para el regreso a sus hogares de quienes ya hace un año huyeron del avance yihadista, como la fragilidad de la protección que reciben en su propio país. La situación se agrava en el caso de Kirkuk porque se trata de una provincia en disputa entre el Gobierno central y el de la región autónoma de Kurdistán. Al igual que en partes de Nínive y Diyala colindantes con su territorio, las fuerzas kurdas (los peshmergas) aprovecharon el vacío de poder que dejó el Ejército iraquí al huir del EI para extender su presencia, creando un hecho consumado.

“Incluso antes de junio de 2014, la provincia de Kirkuk hacía frente a un gran número de desplazados internos debido a la crisis de Al Anbar”, recuerda un informe publicado el pasado martes por el Middle East Research Institute (MERI) y titulado Un mapa de ruta para resolver el estatuto de Kirkuk. MERI cita entonces 12.780 personas. Pero tras el avance del EI, esa cifra se ha elevado hasta 408.162, un 13 % del total de desplazados dentro de Irak, según los últimos datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Eso supone un tercio de la población provincial, pero además concentrada mayoritariamente en la capital.

Aunque el Gobierno regional kurdo no se ha pronunciado sobre la medida adoptada por el gobernador de Kirkuk, el riesgo de cambios demográficos inquieta a sus responsables, en especial después de que Bagdad decretara este verano que cualquiera que viva en una provincia durante cinco años tiene derecho a ser considerado residente. Poco después, las autoridades de Suleimaniya (dentro de la región autónoma) publicaron una serie de leyes que prohíben trasladar a esa provincia las tarjetas de residencia de quien no sea kurdo.

“El problema es que el Gobierno kurdo no tiene una política clara. Aunque oficialmente no es restrictiva, en la práctica sus preocupaciones de seguridad se traducen en políticas restrictivas de los derechos básicos de los desplazados”, explica Higel en un correo electrónico.

Las autoridades kurdas, que controlan de facto Kirkuk, no esconden su temor a que entre las numerosas personas que han acogido (1,2 millones en la región autónoma y otras 600.000 en las zonas anexionadas) se hayan infiltrado miembros del EI. Ese recelo es mayor si cabe en Kirkuk debido a la mezcla de comunidades que se disputan la legitimidad de su control (y de paso, el de las reservas de petróleo que alberga su subsuelo). Además de kurdos y árabes, las dos etnias mayoritarias, hay también turcomanos y asirios, pero los kurdos siempre han denunciado la arabización que Sadam Husein impuso a la zona.