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La CIDH afirma que México vive una grave crisis de Derechos Humanos

El Gobierno mexicano rechaza el informe preliminar que realiza la Comisión Interamericana tras una visita de cinco días al país

Luis Pablo Beauregard
Representantes de la CIDH se reúnen con familias de los 43 de Ayotzinapa.
Representantes de la CIDH se reúnen con familias de los 43 de Ayotzinapa.Lenin Ocampo (EFE)

La sombra que el caso Ayotzinapa ha proyectado sobre México ha sido alargada este viernes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El pleno del organismo ha culminado este viernes una visita de cinco días en la que escucharon a víctimas, familiares y defensores de seis Estados del país. Han constatado “la grave situación de derechos humanos” que castiga a México. Las conclusiones preliminares destacan la “situación extrema de inseguridad y violencia” y subrayan especialmente las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura.

El Gobierno mexicano ha rechazado los señalamientos hechos por el cuerpo de la Organización de Estados Americanos (OEA). “No compartimos que un informe preliminar realizado en cinco días y sobre casos particulares pueda reflejar la situación de un país”, dijo Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Los catorce integrantes de la delegación encabezada por Rose Marie Belle Antoine, presidenta de la CIDH, han formulado 21 recomendaciones al Estado mexicano. Entre ellas, adoptar leyes sobre desaparición forzada y otra sobre tortura, crear un registro de muertos no identificados, la fundación de un instituto nacional forense y retirar gradualmente al Ejército y la Armada de las tareas de seguridad pública.

La CIDH también ha sugerido al Estado atender a las recomendaciones que ha hecho el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (establecido por la propia CIDH) en el caso Ayotzinapa. “(Se) acompaña la solicitud sobre el cambio del equipo completo de investigación del caso y nombrar un fiscal especial”, dice el documento publicado este viernes. La Comisión también solicita al Gobierno permitr a los expertos entrevistar a todos los testigos de la tragedia de Iguala. Esto incluye a los integrantes del 27 Batallón de Infantería, ubicado en esa ciudad. Este ha sido uno de los puntos que más controversia ha causado entre las autoridades y el grupo de expertos.

El Gobierno mexicano ha respondido a algunas de las sugerencias de la CIDH. Arely Gómez, la fiscal general, dijo tras una reunión de más de tres horas con la delegación extranjera que otro grupo de forenses “del mayor prestigio” realizará un nuevo peritaje en el basurero de Cocula. El sitio ha servido al grupo de expertos para polemizar con los investigadores mexicanos, que afirman que los estudiantes fueron quemados allí.

Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, dijo que el aumento a la violencia contra los periodistas es una “situación de emergencia”. Citó el caso de Veracruz, un estado al este de México donde 15 periodistas han sido asesinados en el último lustro. “Los periodistas trabajan en un ambiente de intimidación y con temor a ejercer”, dijo Lanza.

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Además de Veracruz, la delegación visitó el Distrito Federal, Tabasco, Guerrero, Coahuila y Nuevo León. En este último, una entidad norteña, los integrantes de la CIDH escucharon testimonios de los familiares de desaparecidos. “No hemos tenido ningún resultado de las investigaciones y la búsqueda la tenemos que hacer nosotros. El procurador local dice que tiene 2.300 desapariciones registradas”, dijo la madre de un hombre. La CIDH ha subrayado que no existen cifras claras que digan con precisión cuántos desaparecidos, secuestrados o extraviados hay en México.

Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, ofreció una conferencia de prensa para rechazar los señalamientos hechos por la CIDH. El Gobierno cree que la duración de la visita fue insuficiente para declarar una “grave” situación en México. “Las observaciones tienen como base la visita de solo seis de las 32 entidades federativas del país”.

Campa destacó el hecho de que México esté abriendo sus puertas para el escrutinio de organismos internacionales. “Es importante que estos ejercicios se lleven a cabo con la objetividad y la seriedad que un tema de esta naturaleza merece”, dijo. El informe definitivo estará disponible en el primer semestre de 2016.

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Sobre la firma

Luis Pablo Beauregard
Es uno de los corresponsales de EL PAÍS en EE UU, donde cubre migración, cambio climático, cultura y política. Antes se desempeñó como redactor jefe del diario en la redacción de Ciudad de México, de donde es originario. Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana y el Máster de Periodismo de EL PAÍS. Vive en Los Ángeles, California.

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