Las víctimas de las FARC piden que el acuerdo se haga efectivo

El quinto punto de las conversaciones de paz del Gobierno colombiano con las FARC quedó cerrado este martes. Y las víctimas, que son el centro de los diálogos, ven con buenos ojos las medidas anunciadas. La creación de una comisión dedicada el esclarecimiento de la verdad y la no repetición de los crímenes, la búsqueda de desaparecidos, la jurisdicción especial para la paz y las medidas de reparación integral son los pasos más concretos para acabar con un conflicto que en 50 años ha dejado al menos 7 millones de víctimas.

“Lo que han anunciado hoy es muy importante. Vemos un compromiso como nunca antes, es un avance muy valioso”, dice Clara Rojas. En 2002 Rojas fue secuestrada junto a la candidata presidencial Ingrid Betancourt y estuvo en poder de las FARC hasta 2008. “El reto ahora es que se cumpla”, continúa: “No está aún muy claro el tema de la reparación material. Se habló de un fondo destinado a las poblaciones rurales que más han sufrido la guerra, pero eso aún no se ve muy claro, ojalá se dé”, apunta.

Sigifredo López, exdiputado y secuestrado por las FARC durante siete años, coincide con Rojas. Como presidente de la Federación colombiana de víctimas de las FARC, que reúne a cerca de 45.000 afectados por el conflicto, celebra el acuerdo pero manifiesta las dudas sobre el tema de justicia y reparación. “Sabemos que habrá beneficios para los victimarios, pero debe haber una supervisión que vele por el goce efectivo de los derechos de las víctimas. Ellos tienen que reparar por el daño causado”, dice López.

El exdiputado teme que no se logre establecer de forma clara cómo se hará la reparación. “Existen bienes confiscados a las FARC y se sabe que ellos obtienen dinero del tráfico de drogas y de la minería ilegal. Exigimos que esos recursos vayan a un fondo para reparar”. Pide también que las penas que se impongan a los miembros de las FARC, sea cual sea el nivel de reconocimiento de los crímenes, no “sea una burla”. “Somos conscientes de que habrá penas restaurativas, pero esperamos que no constituya una ofensa a las víctimas. Delitos atroces no deben ser condenados con condenas irrisorias”.

El anuncio, hecho en La Habana, señala que habrá penas de hasta 20 años de cárcel para los guerrilleros que no reconozcan su responsabilidad; de cinco años para quienes lo hagan de forma tardía; y restricciones de libertad, pero no en prisión, para quienes reconozcan de entrada su responsabilidad, aporten testimonio y procedan a realizar acciones reparadoras.

José Antequera, quien formó parte de la primera comisión de víctimas que viajó a La Habana, califica como coherente el anuncio de la mesa de diálogo. “Yo creo que es el consenso mayoritario de las víctimas: el centro de la verdad para la no repetición por medio de una justicia restaurativa que sea compatible con la necesidad de que haya participación política de la insurgencia”.

La vocera de los sobrevivientes del conflicto, Jineth Bedoya, insistió desde La Habana que su presencia y la de otras víctimas en Cuba no significa renunciar a la verdad, a la justicia y a la reparación. “Si ustedes fallan, no lo harán con nosotros, lo harán con la historia de Colombia”, aseguró. Las víctimas esperan que el anuncio del martes no quede solo en el papel.