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El dilema turco ante el peso de más de dos millones de refugiados

Turquía abrió puertas para elevar su influencia. Ahora sufre para gestionar el éxodo sirio

Andrés Mourenza
Dos personas fotografían a una víctima en Ayvalik (Turquía)
Dos personas fotografían a una víctima en Ayvalik (Turquía)REUTERS

Se estima que desde la fundación de la República de Turquía en 1923 hasta el inicio de la década pasada han llegado al país algo menos de dos millones de refugiados e inmigrantes, en su mayoría personas de etnia turca o religión musulmana que huían de la persecución en los Balcanes, el Cáucaso y Asia Central. Sólo desde 2011, Turquía ya ha superado esa cifra: más de dos millones de refugiados sirios y un cuarto de millón de iraquíes viven en Turquía y su número no deja de crecer.

La política turca de “puertas abiertas” hacia los refugiados de Siria se ha basado, según el director del Centro de Investigación sobre las Migraciones de la Universidad de Koç, “en la asunción de que el conflicto llegaría a una conclusión rápida, lo que permitiría a los desplazados sirios regresar a casa”. El Gobierno turco, primero con Recep Tayyip Erdogan y después con su delfín, Ahmet Davutoglu, pretendía con esta generosidad incrementar su influencia en una eventual Siria sin Bachar el Asad. Pero la guerra civil en el país vecino no tiene visos de terminar a corto plazo, algo que, a juicio de Içduygu, ha ido acompañado de la “ausencia de guías políticas generales” sobre qué hacer con los refugiados. Ello provoca una continua incertidumbre sobre el futuro de estas personas, consideradas “huéspedes temporales”.

Ankara ha destinado más de 7.000 millones a atender a los huidos

Los huidos sirios en Turquía no son oficialmente refugiados, ya que cuando Ankara firmó la Convención de Ginebra de 1951 incluyó una cláusula en la que limitaba la concesión de dicho estatus a los que procedían de territorio europeo. En 2012, el Gobierno turco otorgó “refugio temporal” a quienes huían de Siria, pero no fue hasta otoño de 2014 cuando una nueva regulación dio verdadera protección legal a los sirios, permitiendo su acceso a los servicios sociales y al mercado laboral. El problema, subraya el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD), es que estas resoluciones “son de naturaleza provisional” y “a largo plazo no les garantiza una residencia permanente y no permite a los refugiados planear su futuro”. Según Murat Erdogan, investigador de la Universidad Hacettepe, el hecho de ser reconocidos sólo como “huéspedes” causa en los refugiados sirios “inquietud, desesperanza y preocupación por sus hijos, a los que llaman ‘la generación perdida”.

Turquía ha destinado hasta el momento 7.600 millones de dólares (unos 7.075 millones de euros) —de los que sólo 418 han sido aportados por la comunidad internacional—, a atender las necesidades de los sirios, principalmente de los 263.680 que residen en los 25 campos de refugiados de la Dirección de Gestión de Emergencias y Desastres de Turquía en las provincias cercanas a la frontera. A ello hay que añadir otros tantos campos y decenas de casas de acogida gestionados por Ayuntamientos y ONG para refugiados kurdo-sirios e iraquíes.

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A la manutención se suma el coste en atención sanitaria y educativa. Se han realizado 4,7 millones de visitas médicas en campos y más de 5,6 millones en hospitales. El Gobierno turco ha reservado este curso unas 70.000 plazas para estudiantes sirios en turnos vespertinos en los colegios, y diversas organizaciones —muchas de marcado cariz religioso y financiadas por Arabia Saudí y Qatar— dan educación a más de 100.000 niños sirios fuera del sistema reglado. Pero no basta: dos de cada tres menores están sin escolarizar.

Aquellos que optan por trabajar en Turquía se enfrentan a numerosos problemas. “Con la tarjeta que te dan puedes ir a una escuela o al hospital, trabajar o abrir un negocio. Pero no puedes hacer otras cosas normales como poner a tu nombre el recibo de la luz, el gas o Internet”, se queja Adnan, procedente de Damasco y propietario de un restaurante en Estambul. En el caso de los empleados por cuenta ajena es habitual ser “objeto de explotación y condiciones laborales degradantes”, dice un informe del ICMPD, que también denuncia un incremento de la explotación sexual en prostíbulos de la frontera.

La ayuda del Gobierno genera división en la población

Los rótulos en árabe proliferan en las calles de Estambul: cafeterías, negocios textiles, puestos de pollo al estilo de Alepo… Y, junto a ellos, aceras que se han poblado de mendigos que piden limosna acompañados de carteles en los que se lee: “Soy sirio”. “Vivir en Turquía no es fácil”, prosigue Adnan. Si bien cree que los turcos tratan mejor a los sirios que otros países receptores como Líbano, Jordania o Irak, para este refugiado “la lengua y la diferencia de cultura” suponen “grandes dificultades” para la integración.

Según una encuesta de la empresa Optimar, el 51,2% de los turcos está a favor de ayudar a los sirios, mientras que el 40,4% se opone a ello, un reflejo de la polarización del país. De hecho, los porcentajes se revierten si se pregunta a los votantes de partidos opositores como el socialdemócrata CHP o el nacionalista MHP, quienes consideran a los refugiados un instrumento del Gobierno en su política de islamización. “Aunque los locales entienden la dimensión humanitaria de esta crisis, quieren que los sirios regresen a su país antes o después y que Turquía no acepte a más refugiados”, indica un estudio de la Universidad Hacettepe.

Una parte de los turcos vincula a los refugiados con un aumento de la inseguridad, la reducción de salarios y la subida de precios, aunque lo cierto es que la presencia de emprendedores sirios en provincias del sur como Gaziantep o Kilis ha estimulado la economía local. El pasado año se produjeron varios ataques indiscriminados contra sirios, si bien la situación no ha pasado a mayores.

Ante la falta de expectativas en Turquía o Siria, muchos de los refugiados preferirían probar suerte en la UE, algo cada vez más difícil debido al reciente acuerdo entre Ankara y Bruselas para evitar la llegada de nuevos refugiados a territorio comunitario.

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