El Gobierno de Jimmy Morales se estrena con una crisis militar
El relevo del jefe del Estado Mayor de la Defensa saca a luz las profundas diferencias en la cúpula militar de Guatemala
Los mayores temores porque la bisoñez política del recién juramentado presidente de Guatemala, Jimmy Morales, le pasara factura en detrimento de su gestión, parecen confirmarse en su primera semana de mandato, que se cierra con una crisis en la cúpula del Ejército que ha hecho aflorar las divisiones existentes en la institución castrense.
La crisis estalló después de que Morales destituyera al general Alfredo Sosa Díaz como jefe del Estado Mayor de la Defensa, la segunda jerarquía militar solo por detrás del Ministro. Lo que quiso presentarse como un cambio de rutina, cambió de óptica cuando la abogada del militar defenestrado presentó un proceso de antejuicio (despojarlo de la inmunidad del cargo) en contra del ministro de Defensa, el general Williams Mansilla Fernández, acusado de poner en manos de la Fiscalía hechos clasificados como "secreto militar" que involucran a 18 de oficiales retirados que son enjuiciado por crímenes de lesa humanidad.
La prehistoria del conflicto se remonta al 12 de enero, cuando el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa, el brigadier Alfredo Sosa Díaz, presentó ante el Constitucional un amparo tendente a abolir el artículo 8 de la ley de Reconciliación Nacional que establece que “La extinción de responsabilidad penal (…) no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada…”, por los que 18 oficiales de alta graduación, todos ellos en situación de retiro, guardan prisión preventiva a la espera de juicio.
Un coronel retirado, Edgar Ovalle, hombre fuerte del partido FCN-Nación que llevó a Morales a la presidencia, fue señalado de delitos de lesa humanidad
En esa oportunidad se dijo que la acción legal de Sosa Díaz, rechazada por el Constitucional, fue hecha a título personal, ya que nunca fue consultada ante la superioridad. Pero que el cambio va más allá de los relevos normales argumentado oficialmente, lo certifica el hecho de que la abogada de Sosa Díaz ha iniciado ante la Corte Suprema de Justicia una acción legal tendente a despojar al ministro de Defensa, general Williams Mansilla Fernández, a quien acusa de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y revelar secretos militares. Esto, después de que el divisionario pusiera en manos de la Fiscalía información relativa a crímenes de guerra por los que 18 oficiales retirados guardan prisión provisional.
Esta disputa, que amenaza con alcanzar al propio presidente Morales, no es el único problema que afronta el mandatario. La víspera de su juramentación, un coronel retirado, Edgar Ovalle, hombre fuerte del partido FCN-Nación que llevó a Morales a la presidencia y principal valedor del mandatario, fue señalado de delitos de lesa humanidad durante la guerra de guerrillas librada entre 1960 y 1996. Su condición de diputado electo, que le otorga inmunidad, le ha evitado ser apresado pero ya hay un proceso en marcha para despojarlo de la misma.
Jimmy, como le gusta ser llamado, también tiene otro frente abierto al nombrar como ministra de Comunicaciones, Infraestructura y vivienda a Sherry Ordóñez, antigua contratista del Estado y quien tiene abierto un expediente ante la Superintendencia de Administración Tributaria por evasión de impuestos, circunstancias que la inhabilitan para ejercer el cargo. Morales se niega a cesarla y le ha dado un plazo de 30 días “para aclarar su situación”.
El conflicto también amenaza con alcanzar la calle. Para la tarde de este sábado, los sectores más recalcitrantes de la derecha militar han convocado a una marcha multitudinaria en apoyo a los oficiales enjuiciados y al defenestrado brigadier Sosa Díaz, mientras que desde el jueves han circulado volantes en los que se acusa a columnistas de izquierda de autores de crímenes de guerra al, presuntamente, militar en la antigua guerrilla. Paralelamente, las manifestaciones populares que lograron derrocar a Otto Pérez y Roxana Baldetti, ahora en prisión, han convocado a una concentración frente a la sede del Legislativo, después de que a lo largo de la semana salieran a la luz salarios escandalosos de burócratas y plazas fantasmas en el Organismo Legislativo.
