Centroamérica buscará reducir el hacinamiento en las prisiones
Los procuradores de Iberoamérica proponen una Escuela Centroamérica y del Caribe para fiscales contra la delincuencia organizada
El hacinamiento en las prisiones de América Latina es un denominador común. En México, a finales de 2015, la sobrepoblación en los penales de la capital era del 172% y en el Estado de México, del 251,8%. En Guatemala, el Ministerio de Gobernación lo situaba en mayo pasado en un 212%. Más allá de los números, los responsables de Justicia de los países de Iberoamérica consideran prioritario mejorar los sistemas penitenciarios en la región. Reunidos durante dos días en la ciudad de Antigua (Guatemala), ministros y fiscales concretaron medidas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por Naciones Unidas para el año 2030.
Crear políticas penitenciarias más centradas en los derechos de la persona privada de libertad y buscar alternativas a la prisión preventiva. Estas son algunas de las prioridades definidas en el encuentro de ministros de Justicia y fiscales de Iberoamérica para la región mesoamericana. Las Defensorías Públicas han abogado durante las jornadas de reuniones por una política común que “mejore las condiciones de los sistemas carcelarios”. Para ello, consideran necesario fortalecer los trabajos de prelibertad antes de tener un beneficio en el cumplimiento de la pena, fomentar los métodos alternos de resolución de conflictos y respetar los plazos máximos de la prisión preventiva.
La utilización de controles telemáticos para condenados y para aquellas personas pendientes de proceso, permitiría reducir la sobrepoblación en las prisiones, según los abogados. Para la reinserción, el colectivo exhorta a la cooperación tanto de empresas comerciales como de la sociedad civil con la creación de plazas de trabajo específicas para exreclusos. También cree conveniente aceptar la justicia propia de los pueblos originales, a fin de "descongestionar la justicia oficial”.
Los países expresaron durante la cumbre su apoyo y solidaridad al proceso de paz en Colombia
Entre las herramientas propuestas por las procuradurías de varios países destaca el “desarrollo y materialización de la Escuela Centroamérica y del Caribe para fiscales contra la delincuencia organizada”. Jorge Alberto Chavarría Guzmán, fiscal general de Costa Rica, aseguró que Panamá ha ofrecido ya un terreno para la construcción de este centro de formación. “Sería muy importante el apoyo internacional”, señaló.
Desde los Parlamentos, las delegaciones presentes en el encuentro proponen fortalecer la capacitación de los legisladores, consensuar y dialogar los presupuestos, identificar aquellas legislaciones que habría que armonizar para la región mesoamericana y trabajar un marco legal que permita replicar propuestas en varios países.
También las Cortes Supremas de Justicia ven necesaria una reforma en la capacitación de jueces y funcionarios públicos en el ámbito de la tecnología, de la gestión de recursos humanos y del lenguaje jurídico.
Durante la sesión que clausuró la cumbre, los países expresaron su apoyo y solidaridad al proceso de paz emprendido en Colombia. El encuentro ha sido organizado por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, un organismo nacido en 1992 que agrupa a Ministerios de Justicia e instituciones homólogas de 21 Estados. En la discusión sobre las prioridades en la agenda de trabajo para los próximos 15 años participaron España, México, República Dominicana, Cuba, Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala.
El documento final
Los ministros de justicia y fiscales de los países de Iberoamérica declaran fundamental definir metas intermedias de justicia para Centroamérica, acordes con las prioridades y las realidades que existen en la región. Las medidas deben estar enfocadas en lograr las metas generales planteadas por las Naciones Unidas en el ámbito de la justicia para 2030.
La conferencia de ministros considera elemental contar con información confiable que recoja acciones en contra de los factores negativos: impunidad, mortalidad por violencia, inseguridad jurídica... para poder diseñar las políticas públicas en materia de justicia y seguridad.
En la declaración final del encuentro se pone de manifiesto también la necesidad de contar con indicadores que permitan analizar los avances en los próximos 15 años, así como el contar con instituciones de Justicia fuertes, transparentes fiables y con capacidad de rendir cuentas.
Los países instan a la Secretaría General de la Conferencia de Justicia de los Países Iberoamericanos a que movilice tanto la financiación como la ayuda de expertos para el seguimiento de los objetivos.
Sobre la firma
