El temor al zika amenaza con disparar el aborto clandestino en América

La alerta sanitaria por el virus del zika en América y su vinculación con casos de microcefalia en bebés nacidos de madres infectadas ha llevado a las autoridades de países como Ecuador, Colombia o El Salvador a aconsejar que se eviten los embarazos. Una recomendación difícil de cumplir en una región donde los programas de educación sexual son casi inexistentes y hay unos 24 millones de mujeres sin acceso a métodos anticonceptivos modernos, según la ONU. El virus se expande, además, por una de las regiones más restrictivas con la interrupción del embarazo: solo seis Estados permiten el aborto por malformación fetal; en otros siete no se autoriza ni para salvar la vida de la mujer. Los expertos alertan de que las dudas sobre los riesgos del zika unidas a la falta de opciones de las mujeres para decidir sobre su maternidad pueden provocar un aumento de los abortos clandestinos.

En América Latina y el Caribe, alrededor de un 56% de los embarazos son no planeados, como muestra una investigación del Instituto Guttmacher --especializado en salud sexual—a partir de datos de la Agencia de Población y Desarrollo de la ONU (UNFPA). Conseguir preservativos, anticonceptivos farmacológicos (como la píldora) o el DIU es complicado para el 33% de las mujeres en edad fértil y con pareja fija en Haití, el 17% de las guatemaltecas, el 15% de las argentinas o el 12% de las salvadoreñas (datos de UNFPA de 2015). Se trata de barreras no sólo económicas, también socioculturales, en una región donde, además, las tasas de violencia sexual son muy altas. 

Las mujeres más pobres y de zonas rurales combinan las mayores dificultades de acceso a anticonceptivos con la menor cantidad de información sobre la enfermedad, indica Giselle Carino, directora adjunta de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF). Ellas son también la población más vulnerable al zika, un virus que transmite un mosquito –el Aedes aegyptis, el mismo que el dengue o el chikunguña— que prolifera en las zonas con menos instalaciones sanitarias y más aguas estancadas.

De momento, Ecuador, Puerto Rico, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Jamaica y Panamá han pedido a sus ciudadanas que eviten quedarse embarazadas; en algunos casos hasta dentro de más de año y medio. Un consejo no sólo insuficiente sino también extremadamente poco realista. “Lo que hace es trasladar toda la responsabilidad a las mujeres”, critica Carino. Las autoridades sanitarias aún no han puesto en marcha programas específicos de prevención del embarazo, a pesar de la llamada de atención de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“La crisis del zika ha vuelto a poner de manifiesto la vulneración de los derechos reproductivos en América. No sólo falla el acceso a la anticoncepción o el aborto, también la información y la atención y controles prenatales son puntos negros”, reclama Mónica Roa, vicepresidenta de Women’s Link Worldwide. Y para determinar que el feto padece microcefalia –un trastorno neurológico muy grave que implica un cerebro y un cráneo más pequeños—hace falta, como mínimo, una ecografía. “Es, además, un diagnóstico que no es fácil y que se realiza a partir de la semana 18 de gestación. A veces más tarde, porque hay que ver cómo evoluciona el desarrollo del feto”, explica la experta en diagnóstico prenatal Pilar Martínez-Ten.

Ante los riesgos del virus y su asociación con la microcefalia –en Brasil, el país más afectado por el virus, hay casi 4.000 casos sospechosos—, las organizaciones de mujeres y derechos reproductivos exigen a los Gobiernos revisar sus regulaciones sobre el aborto. “Una vez que existe ese diagnóstico y con toda la información en la mano, son las mujeres quienes deben decidir si siguen adelante con el embarazo”, reclama. Roa, que apunta que ni si quiera en los países en los que se permite el aborto en algunas circunstancias es fácil el acceso. Las leyes de México, Belice y Panamá permiten la interrupción del embarazo por malformaciones fetales; en Brasil, sólo si el feto padece anencefalia, y en Colombia es posible si la malformación es mortal. En otros –como en Argentina—podría existir esa opción si se considera que salud física o psicológica de la mujer está en riesgo. En República Dominicana, Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam esta prestación está totalmente prohibida. En todos se han detectado casos de zika.

Los expertos y las organizaciones que trabajan por los derechos reproductivos temen que el miedo al zika y las dudas sobre sus efectos en el desarrollo del feto, que aún deben aclarar los expertos, lleven a un aumento de los abortos clandestinos. “La experiencia nos dice que, pese a las restricciones legales, cuando las mujeres tienen un embarazo no deseado, especialmente las jóvenes y aquellas que no tienen recursos, terminan por buscar formas inseguras de abortar, lo que pone en un riesgo grave su salud y sus vidas”, previene Gillian Kane, asesora de IPAS, una organización que trabaja para prevenir el aborto inseguro.

En Latinoamérica y el Caribe se producen unos cuatro millones de abortos inseguros cada año, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un problema de salud pública que provoca la muerte a miles de mujeres.