Los entresijos del pacto UE-Londres
La Unión Europea legislará con rapidez para satisfacer a Reino Unido
La oferta a Cameron es un denso ejercicio de ingeniería jurídica que introduce grandes novedades sin tocar los tratados. El texto no admite dilaciones: los Estados trabajarán en los cambios legales “de manera prioritaria” y la propuesta entrará en vigor “el mismo día” que Reino Unido comunique a Bruselas que permanece en la UE (algo por dilucidar en el referéndum esperado para junio). Estas son las claves del documento:
Restricciones a los europeos. Cuando un país reciba “un flujo de trabajadores de otros Estados miembros de una magnitud excepcional durante un extenso periodo de tiempo”, podrá pedir excluir a ese colectivo los nuevos empleados comunitarios de los llamados beneficios laborales. La limitación será gradual (al principio se podrá activar del todo y luego ir permitiendo el acceso a medida que el empleado gana derechos). Se aplicará durante periodos cortos (por definir), hasta un máximo de cuatro años. La medida, que deberá ser autorizada por una mayoría de Estados miembros, no afectará a quienes ya tuvieran empleo anteriormente.
Subsidios a menores. Londres recela a la hora de conceder prestaciones a trabajadores cuyos hijos viven en otro Estado europeo. Bruselas legislará para que la cuantía de esas ayudas pueda modularse en función del nivel de vida del país donde resida el menor.
Futuras ampliaciones. Bruselas limitará, de modo transitorio, la libertad de circulación de trabajadores cuyos países se integren en un futuro en la UE. Esta cautela ya se aplicó a rumanos y búlgaros en 2007, pero entonces Reino Unido no se acogió.
Blindaje contra las crisis del euro. Londres se garantiza quedar excluida de toda ayuda financiera a países del euro. Si el presupuesto comunitario debe afrontar algún rescate, Reino Unido y otros países ajenos al euro verán reembolsada su aportación.
Tarjeta roja a Bruselas. Cuando haya al menos 16 Parlamentos nacionales que objeten un proyecto de legislación europea, podrán emitir una tarjeta roja que obligará al Consejo a desestimarla o al menos a enmendarla.
