El uribismo apoya una medida clave para el desarrollo de la paz

Más de tres años después de iniciarse el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, el Centro Democrático, el partido del expresidente y senador Álvaro Uribe, férreo opositor a las negociaciones de La Habana, pactó por primera vez con el resto de formaciones políticas una resolución sobre la paz. Por unanimidad, el Congreso dio el visto bueno a la ley que autoriza al presidente, Juan Manuel Santos, a decretar zonas de concentración para los guerrilleros de las FARC.

El vaivén de la política colombiana ha sufrido en los últimos días uno de los giros más bruscos que se recuerdan. La bancada del Centro Democrático se retiró la semana pasada del Congreso, durante la primera sesión en la que se debatió la ley aprobada este lunes. Santiago Uribe, el hermano del expresidente, acababa de ser detenido. “Nos declaramos en rebeldía contra la dictadura”, clamaron los senadores opositores. Cuando las posiciones entre santistas y uribistas parecían irreconciliables, sin embargo, una puerta parece haberse entreabierto para futuros acuerdos.

La ley de orden público permite crear zonas de desmovilización y facilitar el desarme de las FARC. Además, otorga facultades al presidente para que suspenda las órdenes de captura sobre los guerrilleros que estén en esas áreas. Según la norma aprobada por unanimidad, con 67 votos a favor, las zonas de concentración de los guerrilleros serán temporales y no deberán estar en zonas urbanas ni próximas a la frontera.

Además, las zonas no podrán estar en territorios en donde haya cultivos ilícitos o minería ilegal. Los miembros de las FARC que ingresen en las áreas acordadas deberán estar identificados, incluso dactilarmente. Sobre el desarme, o dejación de armas según la expresión que se emplea en Colombia, se contempla un inventario de las armas y verificación del desarme.

“Dejamos en claro que no somos enemigos de la paz sino de la entrega del país al terrorismo”, tuiteó este martes el expresidente y senador Álvaro Uribe, quien la noche del lunes aseguró que el apoyo de su partido a la nueva ley constata que “el afán no está en la firma del proceso sino en que se acabe el delito”. Pese a este acuerdo trascendental, las grietas con la negociación del Gobierno con las FARC aún siguen abiertas. De hecho, el Centro Democrático pretende que las zonas de concentración no sean más de 10 y que no haya más de una por departamento, algo que se deberá fijar en La Habana.

El primer gran acuerdo entre los dos sectores que han polarizado a la sociedad colombiana estos años se logra cuando quedan menos de dos semanas para que se cumpla el plazo que el Gobierno y las FARC se dieron para llegar a un acuerdo de paz. Sin embargo, la fecha del 23 de marzo cada vez está más difusa en el imaginario de los colombianos y de los negociadores. Este martes, las FARC plantearon la idea de fijar una nueva fecha para el acuerdo definitivo al no darse las condiciones necesarias para lograr un pacto que satisfaga a ambas partes. La declaración va en consonancia con lo que el presidente Santos deslizó este lunes y lleva sugiriendo desde principios de año. “Por cumplir con una fecha no voy a firmar un mal acuerdo”, aseguró este lunes Santos, quien insistió: “Después de tanto esfuerzo, si no hemos llegado el 23 de marzo a un buen acuerdo, yo le digo a la contraparte: pongamos otra fecha. Yo cumplo y firmo lo que para los colombianos sea un buen acuerdo”.