Claves del proceso de destitución de Dilma Rousseff

Desde que asumió por primera vez el poder, en 2011, se han producido aproximadamente 30 peticiones para destituir a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Una de ellas, la que presentaron tres abogados brasileños (Hélio Bicudo, Miguel Reale Jr. y Janaina Paschoa), ha salido adelante con rapidez, apoyada por la oposición, por el presidente del Congreso, Eduardo Cunha, y por movimientos sociales contra el Gobierno. Ahora amenaza con apartar a Rousseff del poder en el plazo de un mes.

Estos son los plazos del proceso y los argumentos del segundo proceso de impeachment de la democracia de Brasil, después del de Fernando Collor de Mello en 1992.

Los plazos de la destitución

17 de marzo-11 de abril: Una comisión especial de 65 diputados analizó la petición y votó a favor del informe que proponía abrir el proceso de impeachment. 

 16-17 de abril: La Cámara de Diputados debate el informe de la comisión especial sobre la destitución.

18 de abril: Votación en la Cámara de Diputados (513 diputados). Si el Gobierno consigue 171 votos, paraliza la destitución. Si el impeachment recibe 342 votos, el proceso pasa al Senado.

26 de abril - 9 de mayo: Creación de una comisión especial de 21 miembros en el Senado para estudiar el proceso. Este equipo redacta un informe.

11 de mayo: Votación del informe de la comisión en el Senado.

12 de mayo: Una mayoría simple de senadores brasileños (55 de 81) da luz verde al proceso de destitución. Era necesaria una mayoría simple (41 votos) para aprobar o paralizar el proceso. Ahora, la presidenta será apartada del cargo durante 180 días como máximo.

Mayo - octubre: Los senadores debaten durante un máximo de 180 días.

De qué se acusa a Rousseff

• Ampliación del presupuesto público sin pasar por el Congreso.

El Gobierno firmó decretos de crédito suplementario en 2015 sin la autorización del Congreso. El Gobierno ya había admitido que no conseguiría cumplir la meta fiscal de aquel año. La comisión del impeachment considera que esta conducta no respeta la legislación. La Ley del Impeachment considera un delito de responsabilidad atentar contra la ley presupuestaria y contra "la guarda y el uso legal de dineros públicos".

El Gobierno argumenta que los decretos, que ascendieron a 96.000 millones de reales (27.330 millones de dólares), no ampliaron, sino que tan solo redistribuyeron los gastos, y que no hubo mala fe por parte de la presidenta, ni, por lo tanto, motivo para el proceso de destitución.

• Maniobras fiscales de 2015
  

El Gobierno retrasó una transferencia de 3.500 millones de reales (996 millones de dólares) al Banco de Brasil para el pago de un programa de crédito agrícola. Debido al retraso, el banco les pagó a los agricultores con recursos propios. Aunque el Gobierno restituyera luego el dinero al banco, la práctica está vista como una pedalada (un intento de maquillaje fiscal), porque, en la práctica, el Gobierno tomó un préstamo de un banco estatal, algo que la ley prohíbe. 

El Gobierno alega que estas maniobras son, sencillamente, retrasos en los pagos, y no préstamos.