Venezuela: señalar a un alto cargo se paga caro

Aunque en Venezuela no hay límites formales para ejercer la libertad de expresión, muchos casos han dejado claro que al ejercerla se paga un alto costo. Si se habla de un alto cargo, como el número dos del régimen, Diosdado Cabello, el destino del supuesto infractor podría ser el exilio o la prohibición de salida del país sudamericano.  Y bien lo sabe el editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero.

En enero de 2015 el diario de Otero y otros dos medios —Tal Cual, editado por el premio Ortega y Gasset 2015, Teodoro Petkoff, y el agregador de noticias La Patilla— versionaron un artículo del diario español ABC que acusaba al diputado chavista Diosado Cabello de narcotraficante. Otero y otras 22 personas, miembros de las juntas directivas tanto de El Nacional como de las otras cabeceras, están pendientes del resultado de un juicio que es también una advertencia: si se difunde cualquier otra información que moleste al Gobierno, el proceso seguiría su inexorable camino hacia la condena. Otero no ha regresado a Venezuela desde entonces y dirige su medio a distancia.

El Poder Judicial responde a las instrucciones del partido de Gobierno. Fue el mismo Cabello quien sugirió a las autoridades judiciales que consideraran prohibir la salida del país a sus supuestos difamadores. Ese mismo aparato de justicia condenó en marzo a David Natera, editor del combativo Correo de Caroní —que se publica en el sureño estado de Bolívar— a cuatro años de prisión por difamación e injuria tras divulgar casos de corrupción en la empresa estatal del hierro. Los elevados costos del proceso judicial y la falta de papel liquidaron la edición impresa del medio, que ahora solo se publica en la web.

El Nacional es quizá uno de los últimos mohicanos de la libertad de prensa. Otros tres grandes impresos de tradición, el Grupo Últimas Noticias, El Universal y Notitarde, han sido vendidos a capitales chavistas y convertidos en cajas de resonancia de la información oficial. Los que no corren esta suerte son víctimas de un hecho colateral: la falta de papel para la prensa para imprimir sus ediciones. Entre agosto de 2013 y enero de 2016 al menos 12 impresos habían dejado de circular por esa razón, entre ellos El Carabobeño, la principal cabecera del centro del país. Como sucede con otros sectores de la economía, el Gobierno creó un complejo editorial llamado Alfredo Maneiro que centralizó la importación de papel y hoy se ha quedado sin dólares para traer las bobinas a Venezuela debido a la caída de los precios del petróleo.

Muertes y agresiones

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela ha documentado desde 2005 2.059 agresiones a los trabajadores de la prensa y el asesinato de siete reporteros. Estos números incluyen, entre otros, agresiones físicas, impedimentos para consultar a funcionarios, censura previa y campañas difamatorias contra periodistas a través de los medios del Estado.

Venezuela no es México, Colombia o un país en guerra, pero las consecuencias de ejercer el oficio con independencia son evidentes. Los ricos de nuevo cuño, que han visto engrosar sus fortunas en estrecha alianza con la revolución chavista, han comprado radios y televisoras tradicionales y exitosos medios electrónicos con el objetivo de atenuar el impacto de la crítica sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, para asegurarse de que nadie denuncie sus negocios irregulares o para despedir a quien trabaja y publica sin responder a las presiones.