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Mauricio Macri usará datos de la seguridad social para publicidad oficial

Un decreto permite al Gobierno argentino acceder a un listado de 16 millones de personas

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, defiende el uso de datos de la seguridad social en la publicidad oficial.
Federico Rivas Molina

El Gobierno de Mauricio Macri ha decidido personalizar sus campañas de publicidad oficial, a tono con el énfasis que ha puesto desde el primer día en el uso de las redes sociales como herramienta de difusión. Para ello necesita información personalizada de la mayor cantidad posible de personas y la ha encontrado en los archivos de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Se trata de 16 millones de nombres que por decreto deberán ser compartidos por la Anses con la Secretaría de Comunicación Pública, y desde allí todas las dependencias del Estado. La oposición política ha denunciado que la medida viola el derecho a la intimidad.

El convenio lleva la firma del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y establece que la base de datos de ANSeS se usará para “mantener informada a la población a través de diversas modalidades, que incluyen desde las redes sociales y otros medios de comunicación electrónicos, hasta el llamado telefónico o la conversación persona a persona, de forma de lograr con los ciudadanos un contacto individual e instantáneo". Macri basó su campaña electoral en las redes. Ya en el poder ha concentrado su estrategia comunicacional en Twitter, Instagram y hasta Snapchat, desde donde detalla día a día pormenores de su gestión o se muestra en la intimidad de su casa. El Presidente ha tomado nota de que los grandes carteles en vía pública o la propaganda sin personalizar no tienen el mismo efecto que un correo electrónico que llega a una bandeja de entrada o a una cuenta en Twitter. Pero para ello necesita información, y el Estado tiene de sobra. Con la base de datos de Anses, Macri podrá organizar las campañas de acuerdo al perfil del destinatario. Contará para ello con direcciones, correos electrónicos, números de documento, teléfonos, fecha de nacimiento, estado civil y hasta nivel de estudios de cada inscripto en el sistema.

La decisión provocó duras reacciones políticas y obligó al Gobierno a aclarar los alcances. En una rueda de prensa organizada luego de la reunión de Gabinete, Peña dijo que la intención oficial “no tiene que ver con la comunicación política o propagandística, sino con el vínculo entre los ciudadanos y el Estado, para llegar con la información necesario cuando haga falta”. El funcionario, quién habla en nombre del presidente Macri, criticó entonces la estrategia comunicacional del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, rica en recursos económicos pero, según el macrismo, poco efectiva y destinada a beneficiar a medios de comunicación afines. “Anses gastó 1.000 millones de pesos (67 millones de dólares) en publicidad y no podía ponerse en contacto con sus ciudadanos. Era un monólogo que no comunicaba. Estamos cambiando la forma de comunicar para no usar tanta publicidad oficial”, dijo Peña. “Para profundizar aún más el tema de la transparencia, cualquier comunicación será puesta online para que no haya duda de que lo que estamos haciendo es aumentar la capacidad para llegar a los ciudadanos del país, sin utilización política”, dijo.

El director de Anses, Emilio Basavilbaso, aclaró además que sólo entregarán a Comunicación datos de contacto. “Sólo eso y ningún otro dato más. El teléfono, el correo electrónico y puede ser la dirección. Si esa persona se niega, nos puede avisar y nosotros damos de baja esa información", dijo. Sin embargo, el decreto no pone límites a la difusión de datos y para la oposición abre la puerta a usos menos transparentes. El diputado del Frente para la Victoria (FpV), Andrés Larroque, fue duro con la gestión oficial. “Los expertos de campaña sucia van a manejar la información de todas las personas. Es el gobierno de los trolls”, dijo consultado por medios argentinos. En el mismo sentido, la diputada Graciela Camaño, del Frente Renovador, un partido que mantiene una alianza ambivalente con el macrismo, advirtió que presentará una denuncia judicial contra la medida. “El banco de datos más importante que tiene el país es el de la Anses. No puede tocarse un tema de tanta sensibilidad como la protección de los datos personales, y muchísimo menos con los fines publicitarios”, advirtió.

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Sobre la firma

Federico Rivas Molina
Es corresponsal de EL PAÍS en Argentina desde 2016. Fue editor de la edición América. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y máster en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona.

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