La oposición de Venezuela condena la ratificación de la sentencia contra Leopoldo López

Aunque era un dictamen predecible porque el chavismo controla la administración de justicia de Venezuela, la oposición de este país ha condenado la ratificación de la condena del opositor Leopoldo López por parte de una corte de apelaciones de Caracas. Esa instancia superior ha emitido el veredicto en el último día hábil que tenía para responder a la apelación intentada por la defensa del exalcalde del municipio capitalino de Chacao, condenado en septiembre a 13 años y nueve meses de prisión por delitos asociados a una manifestación ocurrida en Caracas el 12 de febrero de 2014 y que luego se propagaron durante tres meses en otras ciudades del país.

A dos de los tres jóvenes sentenciados junto a López -Ángel González y Cristian Holdack- les ratificaron la duración de la pena, mientras que al restante –Demián Martín- le han reducido un año el castigo. Todos ellos cumplen su condena en libertad condicionada. López permanece preso en la cárcel militar de Ramo Verde.

La Mesa de la Unidad Democrática, la alianza de partidos adversarios al gobierno de Nicolás Maduro, ha calificado como “injusta e inmoral” la ratificación del veredicto y esgrimió una serie de razones para justificarlo: “Ya el país y el mundo saben que el juicio contra López fue una mascarada pseudojudicial. El fiscal, que en ese proceso llevó la acusación, reconoció públicamente que las supuestas pruebas fueron forjadas por el Gobierno, y la principal “testigo” denunció -también públicamente- que su testimonio fue manipulado de manera antiética por el tribunal para inculpar falsamente al acusado. Esta insólita decisión de la corte de apelaciones exhibe una verdad clara: En la Venezuela actual la denegación de justicia no es una ‘falla del sistema’ o un ‘accidente procesal’, sino el resultado esperado de un sistema judicial diseñado no para administrar justicia sino para aplicar venganzas”.

En un mensaje publicado en Twitter el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha repudiado el veredicto y agregó: “En democracia no hay presos políticos. Oportunidad perdida por la reconciliación de Venezuela”. El dictamen llega después de que a mediados de semana quince países miembros de la OEA solicitaron al gobierno de Venezuela “avances sin demoras” en el referéndum revocatorio, un mecanismo establecido en la Constitución del país sudamericano que permite, cumplidos una serie de trámites, llamar a una consulta electoral sobre un mandato en curso.

Freddy Guevara, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y número tres de Voluntad Popular, la formación que lidera López, ha mostrado su decepción en Twitter, pero ha valorado el fallo “como un golpe a la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro”. “La sentencia fortalece a Leopoldo como un símbolo de resistencia”, agregó.

A los abogados todavía les queda la posibilidad de recurrir el fallo mediante un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero desde ya dan por finalizado el camino de la causa en el sistema judicial venezolano y descartan un veredicto distinto a los ya conocidos. Nunca la máxima instancia judicial del país ha fallado en contra del gobierno, según han documentado cuatro investigadores venezolanos en el libro El TSJ al servicio de la revolución.

Con todo, el jefe del equipo de abogados, Juan Carlos Gutiérrez, cumplirá con la formalidad de introducir el escrito ante el Supremo una vez que López, preso en una cárcel militar de las afueras de Caracas desde el 18 de febrero de 2014, sea impuesto de la sentencia. Al mismo tiempo comenzará a sustanciar un recurso de fondo ante Naciones Unidas para denunciar lo que ha calificado, en una conversación con este diario, “como una barbarie jurídica”. “Los jueces no consideraron las evidencias, ni la acreditación de la jurisprudencia. Se ha ratificado una pena que contraría el Pacto Internacional Derechos Civiles y Políticos. López ha sido condenado por disentir y por expresar su opinión”, afirmó.

La defensa no puede acudir al sistema interamericano porque Venezuela abandonó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2013, después de que, en 2012, en una de sus últimas decisiones, el entonces presidente Hugo Chávez denunciara la convención por encarnar lo que en su oportunidad caracterizó como el brazo jurídico del imperialismo. Venezuela, además, tampoco acata resoluciones distintas a las establecidas por sus instituciones por considerarlas como intromisiones en sus asuntos internos.