La hija de Berta Cáceres denuncia que los verdaderos asesinos de su madre siguen libres

“Berta Cáceres no murió, se multiplicó” es el grito que aparece en pancartas y pegatinas y corre de boca en boca entre activistas y defensores de los Derechos Humanos en recuerdo de la ecologista asesinada a tiros en marzo. La frase, sin embargo, toma una dimensión más poderosa cuando quien la pronuncia es su hija, Berta Zúñiga Cáceres, de 25 años, heredera de la batalla de su madre contra la compañía hidroeléctrica DESA y una de las voces que se elevan contra la supuesta impunidad cobijada por las autoridades hondureñas.

Seis meses después del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, la policía hondureña ha detenido a seis sospechosos entre ellos el autor material, un oficial del ejército, un gerente y un trabajador de la empresa DESA, propiedad de un consorcio chino/hondureño, como autores intelectuales.

El último detenido, este jueves, es Elvin Rápalo Orellana de 21 años, acusado de ser el "coautor" del asesinato de Cáceres y quien supuestamente disparó contra el mexicano Gustavo Castro, un ambientalista de Chiapas que estaba junto a Cáceres y que recibió dos disparos pero salvó milagrosamente su vida.

El último detenido, este jueves, es Elvin Rápalo Orellana de 21 años, acusado de ser el "coautor" del asesinato de Cáceres

Sin embargo, para la hija de la activista “sólo se ha detenido a cargos intermedios” y los culpables de ordenar el asesinato de su madre están en la calle. “Ni siquiera hay certeza de que los detenidos estén implicados” y denuncia que la búsqueda de justicia se diluye como un azucarillo entre oscurantismo y maniobras dilatorias, dijo a El PAÍS.

“Tenemos dudas de que llegaremos a conocer a quienes pagaron por este asesinato” denunció. Según Berta Zúñiga el asesinato quedará impune y reclama que “la justicia verdadera es desmontar la estructura criminal que la mató”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dispuesto medidas cautelares para proteger a la líder ecologista tras denunciar amenazas de DESA por encabezar las protestas y movilizaciones en contra la construcción de una represa de esa empresa en el río Gualcarque, en las comunidades indígenas lencas. Su hija señala directamente al estado hondureño e insistió en que sea condenado “por todo lo que tuvo que pasar antes de ser asesinada”.

Según Zúñiga Cáceres, “nos hemos encontrado con un muro de secretos una práctica habitual y además nos expone a posibles venganzas” dijo durante un acto de Amnistía Internacional la hija de la coordinadora del Consejo de organizaciones populares e indígenas de Honduras (COPINH)

Precisamente Amnistía Internacional ha elevado la voz para denunciar el brutal acoso que sufren los ecologistas en América Latina que se oponen a proyectos mineros o hidroeléctricos y que están pagando con su vida. Según la organización Global Witness en el último año en el mundo hubo 185 asesinatos de ecologistas, de ellos, 122 cometidos en América latina. Según esta organización Honduras es el país con el mayor número de asesinatos entre ecologistas

Además de Berta Cáceres, otros cuatro activistas del COPINH se han dejado la vida en los últimos meses en defender el agua del Río Gualcarque. “Ese proyecto destruye la tierra, la envenena. El agua es el corazón de nuestra comunidad, nuestro medio de cultivo” denuncian desde la organización.