“Colombia también se tiene que transformar para la paz”

“El acuerdo no es solo el cese de las armas y cómo los culpables cumplen algunas penas, sino también cómo podemos, como país, transformarnos”, dijo la canciller colombiana, María Ángela Holguín. “Lo que nos llevó a ese conflicto y a mantenerse y desarrollarse durante tantos años, tiene que cambiar. El país tiene que transformarse”, insistió.

Un cambio que, como prevé el acuerdo que será firmado el 26 de septiembre, tendrá como gran objetivo el campo colombiano que, como reconoció Holguín, ha quedado muy atrás respecto al desarrollo en el resto del país.

“En muchos de los aspectos, es increíble que a uno un grupo armado lo haya tenido que comprometer a hacer las cosas que el Estado debería haber hecho desde hace mucho tiempo”, lamentó Holguín, que estuvo acompañada por el ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y Alejandro Santos, director de Semana y presidente de la Fundación para la Reconciliación.

La jefa de la diplomacia colombiana, que desde el año pasado estuvo implicada de lleno en las negociaciones del acuerdo en La Habana, defendió un texto que, como han dicho los demás miembros del equipo negociador del Gobierno, no es perfecto pero sí el que más posibilidades de alcanzar la paz contiene.

“¿Que tenemos que transarnos con una justicia transicional? Sí, porque si no nunca en la vida hubiéramos podido llegar a que se desarmaran y a que acabara la guerra”, afirmó Holguín ante el foro que durante dos días reunió a un millar de políticos y expertos en el encuentro anual de la CAF y el Diálogo Interamericano en Washington, en el que colabora EL PAÍS. “Estamos dando un paso adelante de muchos otros países y muchos otros procesos, porque no es una amnistía como ha pasado en casi todos (los procesos). Estamos en una justicia que no es la que quisiéramos, pero es la que podemos tener para poder tener paz”, concluyó.

En ese sentido, el fiscal general sostuvo que el modelo diseñado “determina el máximo de justicia posible para poder alcanzar la paz en una sociedad que busca la reconciliación” pero siempre “dentro de los estándares internacionales”, y aseguró que “no hay impunidad”.

Martínez, que aprovechó su estancia en Washington para reunirse con la fiscal general estadounidense, Loretta Lynch, y otras altas autoridades de EE UU, reiteró que “las FARC no harán política en Colombia con los dineros ilícitos provenientes del narcotráfico, del secuestro, la extorsión y el chantaje”. Según explicó, en Washington se acordó la creación de grupos de trabajo que “permitirán hacer efectiva la extinción del patrimonio patrimonio ilegal de las FARC”.

Clave para este paso será la firma, el 4 de octubre —dos días después de la consulta popular sobre el acuerdo de paz— en Cartagena de Indias de un “acuerdo de repartición de activos” con las autoridades judiciales estadounidenses. Ese documento “viabilizará la participación del Gobierno americano de acuerdo con sus propias leyes en la persecución de los patrimonios ilícitos” tanto de las “organizaciones criminales como de los carteles de la corrupción que tanto daño están haciendo a nuestra democracia”, subrayó.