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Tres millones de argentinos viven en villas miseria

Un estudio de la ONG TECHO concluye que el 7 % de los ciudadanos reside en viviendas precarias

El acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas en Argentina. Las extensas longitudes dedicadas al cultivo en gran parte del país, el alto costo de las rentas y la poca accesibilidad a créditos inmobiliarios provoca que los grandes centros urbanos se vean superpoblados, tras las grandes corrientes de migración interna en búsqueda del empleo disponible. En ese contexto proliferan los asentamientos informales o villas miseria, como se las llama popularmente. Un relevamiento realizado por la organización social TECHO da cuenta de que ese fenómeno es cada vez mayor.

Según el informe, existen 2.432 asentamientos en los 11 territorios argentinos relevados, donde viven aproximadamente 650.685 familias. Utilizando la media nacional de 4,6 miembros por cada familia, al menos 2.993.151 personas residen en asentamientos informales en una porción de territorio donde habita el 67% de la población. El estudio se concentró en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y las provincias de Córdoba, Corrientes, Chaco, Misiones, Río Negro y Salta, además de las ciudades de Rosario y San Miguel de Tucumán.

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“Buscamos elaborar un diagnóstico de la realidad de los asentamientos informales en los territorios relevados y aportar información precisa para la generación de políticas públicas que permitan abordar la problemática”, señala Marina Morgan, directora del Centro de Investigación Social de TECHO Argentina. En relación al acceso a los servicios básicos, el estudio agrega que en el 73% de los asentamientos informales la mayoría de las familias no cuentan con acceso formal a la red de energía eléctrica, el 98% no cuenta con red cloacal y en el 95% las familias no tienen acceso al agua corriente. Asimismo, en el 16% de los asentamientos informales la mayoría de las familias bebe agua de pozo y al mismo tiempo elimina sus excretas a través de un pozo ciego sin cámara séptica, lo cual genera un riesgo sanitario alto.

A esto se le suma que el 60% de los asentamientos se inunda cada vez que llueve y en el 40% no ingresa el camión de basura. Mientras que el 70% de los asentamientos tiene dentro de su barrio o a menos de 10 metros un factor de riesgo (23,3% ribera de arroyo, 16,2% camino de alto tráfico, 15,8% basural, 9,5% torres de alta tensión). El documento se presenta a pocas semanas de que Argentina y demás Estados miembros definieran la Nueva Agenda Urbana, en el marco del evento de las Naciones Unidas, Hábitat III.

“Estos números continúan mostrándonos que los asentamientos son la máxima expresión de vulneración de derechos humanos y desigualdad en nuestro país. Es un escándalo que a 200 años de la declaración de nuestra independencia existan familias viviendo en estas condiciones. Resolver la problemática de los asentamientos deberá ser prioridad máxima de nuestro país si queremos ser una sociedad justa, democrática, desarrollada y pacífica” sostuvo Virgilio Gregorini, director ejecutivo de TECHO Argentina.

La ciudad de Buenos Aires tiene en su territorio 38 áreas residenciales informales entre villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios. El barrio más reconocido fue bautizado por sus pobladores como Padre Mugica, pero todos lo conocen como Villa 31. Hace pocas semanas, el alcalde Horacio Rodríguez Larreta presentó el plan de urbanización para esa zona, que comprende la remodelación de 9.000 casas y la reubicación de otras 1.200. El plan, que le costará a la comuna unos 9 millones de dólares, también comprende la pavimentación de calles, la colocación de luminarias y una mejor prestación en los servicios públicos, entre otras cosas. No obstante, la legislatura porteña discute y aprueba desde hace algunos años una diversidad de leyes que obligan al ejecutivo porteño a resolver la urgencia habitacional de los vecinos que allí viven aunque de momento, son pocos los resultados aparentes.

“Hemos registrado muy pocos avances. Las políticas de vivienda y hábitat vigentes van por detrás de la problemática, que sigue siendo urgente y de gran magnitud. Es necesario generar políticas estructurales que actúen sobre las causas que dan lugar a la generación de nuevos asentamientos o el crecimiento de los existentes, como las políticas de gestión, producción y regulación efectiva del mercado de suelo”, dijo Gregorini.

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