Una oportunidad para la paz en Colombia

Durante los últimos 10 años el sector minero energético ha aportado la mayoría de las exportaciones colombianas. Entre el año 2000 y 2008 fueron del 30,9% sobre el total; entre 2009 y 2014 la cifra llegó al 51,2%. Mientras, sectores como la industria y el agropecuario están en una verdadera crisis. La participación de estos se redujo de forma alarmante. La industria pasó de aportar el 60,1% de las exportaciones en 2002 al 35,6% en 2014. Entre los mismos años, el sector agropecuario pasó del 9,9% al 4,6% de las exportaciones totales, una reducción en su participación de más del 50%.

Los buenos precios de los productos minero-energéticos llevaron a que el país comenzara a hablar del boom y la locomotora minera y energética. Sin embargo, casi una década después del inicio del boom la situación del sector es complicada. Se podría hablar de 4 situaciones.

Por un lado, un cansancio de las empresas, del movimiento social y comunidades locales y de las autoridades en materia ambiental y energética. Las empresas desde el año 2015 entraron en un fuerte desespero; a la caída de los precios de estos productos no renovables, se le sumó un bloqueo territorial a sus inversiones. Protestas, bloqueos viales, sabotajes han llevado a que muchos empresarios consideren salir del país. Se quejan de que no hay voluntad de diálogo y de una institucionalidad incapaz de plantear una solución para el sector. Por su parte el movimiento social y las comunidades locales han dicho que sus territorios se feriaron, que además no hubo ninguna consideración ambiental y sobre todo que no han visto nada de riquezas o de mejora de su calidad de vida producto de estas inversiones. Lo único que han visto son desastres ambientales y caos. Por su parte las autoridades ambientales y mineras no tienen capacidad humana, ni presupuestal, ni jurídica para controlar el boom minero energético.

En segundo lugar, cuando se adjudicaron los polígonos mineros se impuso el principio de “primero en el tiempo primero en derecho”. Lo que significaba que el primero que tuviera una licencia quedaba con el derecho legal de explotar un territorio sin importar si en él había explotaciones artesanales, informales u otro tipo de producción familiar o comunitaria. Cómo era de esperarse esto causó no solo un caos social, sino una gran especulación social, política y económica. Por ejemplo, de un polígono de exploración de oro, se pueden explorar 10 mil hectáreas y al final solo se explotan mil, en todo caso al menos durante la primera y segunda etapa las comunidades entienden que son 10 mil hectáreas las que se verán afectadas. Llega mucha población foránea atraída por el boom, los predios rurales se encarecen, comienzan los problemas de linderos, llega la prostitución y el licor y con ellos la minería criminal y al final todo es un caos. El Estado no tuvo ningún criterio mínimamente organizativo para esta adjudicación.

Lo tercero que sucedió es que al momento de entregar los polígonos y bloques no hubo un mínimo de criterio ambiental y social. De hecho, se adjudicaron zonas cercanas al parque nacional de la Macarena y a la reserva de Caño Cristales, lo cual fue un escándalo hace algunas semanas, también se adjudicaron zonas de páramo y de importancia ambiental.

Por último, las comunidades locales y administraciones públicas regionales y locales no se sienten participes de los dividendos del boom. Temas de corrupción, ineptitud administrativa e iniquidad en la distribución de las riquezas han llevado a que departamentos que han recibido más de 1 billón de pesos en regalías en 10 años tengan aun la muerte de cientos de niños por hambre y sed, como La Guajira más de 6 mil niños muertos en los últimos años. Este cansancio es realmente impotencia por parte de todos estos actores sociales y políticos.

Ahora que comienza la negociación con el ELN en Quito y que el tema minero-energético ha sido la principal bandera política de esta guerrilla y más aún cuando el modelo de negociación crea un mecanismo de participación social, se posibilita una oportunidad única para hacer un debate concreto sobre el tema de ordenamiento territorial y con ello determinar que territorio se dedica a la producción campesina, que a la ganadería, que a la minería y que queda con protección ambiental, es decir, aprovechar para poner una reglas mínimas de juego. De ahí, que esta negociación sea importante para de una vez por todas aclarar el ordenamiento territorial nacional.

Ariel Ávila es subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación