Las maras de El Salvador, en “guerra contra el sistema”

Gota a gota de sangre, la violencia de las maras en El Salvador aumenta día a día. Las recientes amenazas de atentar contra agentes oficiales no se han hecho esperar y desde el domingo hasta este viernes se contabilizaban cuatro agentes de la policía, un soldado y un director del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) asesinados, algunos de ellos con barbarie: decapitados o asfixiados.

En su mayoría los agentes oficiales victimizados, 61 en lo que va 2016 —41 policías, 19 soldados y un agente del CAM— fueron secuestrados y posteriormente asesinados mientras estaban de licencia y de visita en sus domicilios, como le ocurrió a Carlos Arturo Flores, quien el pasado miércoles salió de su unidad en el pueblo de Yucuaiquín, en el departamento oriental de La Unión, con la intención de visitar a su novia, pero el jueves su cadáver decapitado y tiroteado fue localizado cerca de su residencia.

Este viernes, la Policía Nacional Civil (PNC) informó de la captura en el mismo Yucuaiquín de 18 miembros de la Mara Salvatrucha (MS13), sospechosos de haber matado a Flores. La sorpresa es que la novia del policía también fue detenida como sospechosa de haber entregado a su pareja a los mareros. Los apresados están acusados por la Fiscalía General de haber cometido un homicidio agravado, terrorismo y de pertenecer a asociaciones ilícitas.

El pasado 28 de octubre se filtró un documento de la PNC. Estaba firmado y sellado por un jefe de la Delegación policial del departamento o provincia central de Cabañas y dirigido a los jueces de dicha localidad, para “informarles de que se ha tenido conocimiento sobre amenazas realizadas” por los líderes de las pan dillas MS13, la 18-Sureña y la 18-Revolucionaria, que habrían llegado a un acuerdo “mediante el cual han ordenado que a partir de este mes [octubre]” se incrementarían los atentados contra el personal del sistema de justicia de El Salvador.

En el informe, que fuentes oficiales reconocieron como auténtico, las maras han llamado a accionar “una guerra escalonada contra el sistema”, en la que los blancos y objetivos serían policías, soldados, fiscales, jueces y custodios de Centros Penales. También se advierte de que el objetivo “es que al final del año la cifra de homicidios sea grande”.

Desde abril pasado, el presidente Salvador Sánchez ordenó más presión contra el pandillerismo, que ha colocado a El Salvador entre los países más violentos y peligrosos del mundo. El Gobierno tomó control de las cárceles y aisló a los líderes para evitar que dieran órdenes a sus secuaces del exterior para asesinar y extorsionar. En esta guerra escalonada, de enero a octubre se incautaron 3.063 armas de fuego; se capturaron a 2.267 presuntos homicidas; los robos disminuyeron en un 8,3% y los homicidios un 18%. Pero la paz no parece cerca.