Irán condena a 21 años de cárcel al hijo de quien fue delfín de Jomeini
Montazerí está acusado de atentar contra la seguridad nacional por difundir un audio de su padre
Ahmad Montazerí, hijo mayor y guardián del legado de quien fuera delfín del ayatolá Jomeini, ha sido condenado a 21 años de cárcel por “acciones contra la seguridad nacional”, según informa la página web de la fundación establecida por su padre, el ayatolá Hosein Ali Montazerí. La sentencia, que puede ser recurrida, llega en un momento de renovada tensión política en Irán con los conservadores intentando ganar terreno ante las elecciones presidenciales del próximo año.
El hoyatoleslam Ahmad, quien desde la muerte su progenitor en diciembre de 2009 ha tomado su antorcha de conciencia crítica de la República Islámica, ha sido juzgado por difundir el pasado agosto un archivo audio en el que Montazerí reprobaba las ejecuciones masivas de presos políticos que el Gobierno llevó a cabo en 1988. Nada que no se conociera. Fueron precisamente esas objeciones a lo que consideró un intento de “imponer la dictadura en nombre del islam” las que llevaron a Jomeini a apartarle como sucesor en favor del actual líder supremo, Ali Jameneí.
Sin embargo, algunos responsables han considerado subversivo que se oyera de nuevo la voz del gran ayatolá disidente, cuyo apoyo a los reformistas tras las protestas electorales de 2009 elevó aún más su popularidad. Según relató el propio Ahmad, los servicios secretos le pidieron que retirara la grabación de la página web y, aunque le pareció “excesivo”, aceptó por “respeto al presidente Hasan Rohaní y su Gobierno”.
La noticia es un aviso para los reformistas, cuyos líderes siguen bajo arresto domiciliario y cuya vuelta a la política de la mano del moderado Rohaní en las últimas elecciones está condicionada al respeto de las líneas rojas del régimen. Apoyándose en el prestigio paterno y en una fuerte convicción moral, Ahmad Montazerí (Qom, 1955) ha intentado mantener ese testigo. En 2010, cuando la mayoría de las voces reformistas habían sido silenciadas, accedió a dar una entrevista a EL PAÍS que motivó la expulsión de Irán de esta corresponsal.
“Es el mayor crimen de la República Islámica de Irán”, dice en la grabación el ayatolá Montazerí, que entonces era el heredero designado del fundador de aquel nuevo sistema de Gobierno con el que los iraníes habían remplazado la dictadura del Shah. Montazerí se dirige al tribunal para decirle que no desea que Jomeini pase a la historia como una "figura imprudente, cruel y sanguinaria".
Durante los meses de julio y agosto de 1988, Irán ejecutó a numerosos presos políticos, en especial miembros del grupo disidente armado Muyahedin-e Jalq, pero también comunistas. Grupos de oposición y de derechos humanos han estimado en entre 5.000 y 30.000 las víctimas de una orden secreta de Jomeini para que un tribunal, luego tildado de Comité de la Muerte, revisara las sentencias de los presos que no habían sido condenados a muerte. Montazerí recuerda en la grabación que él perdió a su hijo Mohammad en un atentado de los Muyahedin.
Las familias de los ejecutados, enterrados en fosas comunes en el cementerio de Khavaran, al suroeste de Teherán, llevan años pidiendo que se investigue aquel episodio, pero las autoridades se han negado de forma consistente a facilitar ningún detalle.
Significativamente, la decisión de difundir esa grabación sin editar de una reunión que se produjo el 15 de agosto de 1988, coincide con el ascenso en las filas del régimen de uno de los integrantes del tribunal, el entonces vice fiscal general Ebrahim Raisí. Su reciente nombramiento como rector del Mausoleo de Reza, en la ciudad santa chií de Mashhad, sitúa a Raisí como uno de los candidatos mejor situados para suceder a Jameneí como líder supremo.
Ahmad Montazerí ha sido “condenado a 10 de cárcel por atentar contra la seguridad nacional, otros 10 años por publicar archivos de audio con información clasificada, y 1 año más, por propaganda contra el Estado”. No obstante, el tribunal establece que “en consideración a su edad, a la existencia de un mártir en su familia y a que carece de antecedentes, la pena efectiva de privación de libertad se reducirá a 6 años”. Dispone de 20 días para apelar.
“Aparte de una intervención crítica de Ali Motaharí en el Parlamento y un poco de ruido en las redes sociales, no espero demasiado revuelo”, señala no obstante una activista exiliada tras la represión de 2009, en referencia un osado diputado por Teherán.
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