Brasilia acoge una cumbre de fiscalías de 15 países para tratar el ‘escándalo Odebrecht’

Brasilia acoge desde este jueves una reunión de fiscales de 15 países para coordinarse ante la creciente complejidad del caso Odebrecht, el escándalo de corrupción que salpica ya a varios países de América Latina. Es un encuentro sin precedentes para abordar un único caso de corrupción que ya afecta a cientos de políticos, docenas de grupos empresariales millonarios y amenaza la estabilidad de algunos gobiernos del continente.

Cuando, en diciembre del año pasado, se supo que la constructora brasileña Odebrecht había firmado un acuerdo de reducción de condena con Brasil, Suiza y Estados Unidos, varios de los países implicados comenzaron a pedir a las fiscalías de esos tres países los detalles que iban revelando los ejecutivos de Odebrecht a cambio de una sentencia reducida. Así se fue entreviendo una trama a través de la cual la multinacional había pagado más de mil millones de dólares en sobornos para lograr los contratos de, al menos, cien obras en América Latina y África entre 2001 y 2014. De ahí la urgencia de realizar una reunión tan extraordinaria, que intenta unificar la estrategia de actuación y decidir de qué forma los fiscales brasileños podrán ayudar a sus homólogos a identificar el destino de los pagos ilícitos y quiénes se beneficiaron en cada lugar.

Pero hay un escollo por el momento insalvable: muchos de los detalles están bajo secreto de sumario. Según fuentes de la Fiscalía brasileña, no se podrá facilitar la mayoría de los datos para no perjudicar otras investigaciones. Las informaciones recabadas hasta el momento revelan que la brasileña Odebrecht y su brazo petroquímico, Braskem, abastecieron las cajas ilícitas de autoridades de Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. Pero existe la sospecha de que esos tentáculos se hayan extendido a otros países como Antigua y Barbuda, Chile, El Salvador y Portugal. Representantes de todas esas fiscalías estarán en Brasilia los próximos días.

En los casos en los que se investiga a Odebrecht por actuar ilícitamente, el modus operandi era el de acercarse a las principales autoridades de las repúblicas, independientemente de si pertenecían o no a los partidos que estuviesen en el poder. No diferenciaba, por ejemplo, si el gobernante era de izquierdas, de derechas o de centro. En Argentina, por ejemplo, era aliada de los Kirchner y se sospecha que pagó 35 millones de dólares a intermediarios de la gestión izquierdista. En Perú, la sospecha recae sobre tres gobiernos: Alejandro Toledo (2001-2006), Alán García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). Hay hasta una solicitud de prisión contra Toledo, acusado de recibir de 20 millones de dólares en sobornos. En Venezuela, algunos exdirectivos de Odebrecht mencionaron la suma de tres millones de dólares pagados por la constructora para la campaña de Hugo Chávez y Nicolás Maduro (2012-2013). El caso -bautizado en Brasil como "a delaçao do fim do mundo"- es una verdadera caja de pandora para toda América Latina.

De acuerdo con las investigaciones de Estados Unidos, la constructora se valió de un sofisticado entramado de offshores para hacer los pagos de los sobornos. Llegó incluso a comprar un banco en la isla de Antigua y Barbuda, en América Central, para facilitar la tarea. Es decir: se basó en un esquema de diferentes ciclos de lavado de dinero para dificultar el rastreo de las operaciones financieras.

Los pagos a agentes públicos en los países citados partían del Sector de Operaciones Estructuradas de la empresa, conocido en Brasil como sector de sobornos. Con una contabilidad paralela, fuera de los libros oficiales, este departamento se encargaba de autorizar los fondos que se emplearían en los sobornos y de efectuar los traspasos. Ahora, con el trabajo conjunto de estos países, será posible profundizar en esa compleja ingeniería empleada para delitos de cuello blanco.