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Se cierra el cerco judicial alrededor de Cristina Fernández de Kirchner. El juez Claudio Bonadio ha procesado a la expresidenta en una nueva causa por corrupción, la segunda desde diciembre, en momentos en que el kirchnerismo discute si ella será o no candidata en las elecciones legislativas de octubre. Esta vez, el juez la acusa de liderar una asociación ilícita que lavó dinero proveniente de la obra pública mediante operaciones de la inmobiliaria familiar Los Sauces. Por eso le prohibió salir del país y embargó sus bienes por 8,4 millones de dólares. El fallo alcanzó también a los hijos de la expresidenta, el diputado Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, socios en Los Sauces. Desde su cuenta en Twitter, Fernández relacionó este nuevo procesamiento a un presunto intento del oficialismo por ocultar lo que consideró "el desastre económico y social de este gobierno".

Esta ha sido el segundo procesamiento contra Cristina Kirchner, es decir que dos jueces consideraron que hay pruebas suficientes para investigarla por corrupción. El juez federal Julián Ercolini lo hizo en diciembre en una causa que intenta probar que, entre 2003 y 2015, la exmandataria, varios miembros del Gobierno y uno de sus empresarios más cercanos, Lázaro Báez, hoy en la cárcel, integraron una organización "criminal" para "beneficiarse ilegítimamente" de la adjudicación de obra pública a la constructora Austral Construcciones. Ercolini embargó a Fernández de Kirchner por 666 millones de dólares, una suma enorme que no responde a la dimensión de sus bienes sino a la cantidad de fondos investigados.

Hay además otras causas que afectan a la familia, como el caso Hotesur, los hoteles de la expresidenta que presuntamente se utilizaron para lavado de dinero a través de alquileres simulados a, justamente, Lázaro Báez. El juez Bonadio consideró ahora que Austral Construcciones, Hotesur y Los Sauces formaron parte de una misma matriz delictiva y pidió que su expediente se sume al de Ercolini.

La decisión de Bonadio no ha hecho más que complicar el futuro político de la expresidenta. El 23 de marzo, el mismo juez elevó a juicio oral la llamada causa del dólar futuro, originada en una decisión de los últimos meses de mandato de la expresidenta, su ministro de Economía, Axel Kicillof, y su presidente en el directorio del Banco Central, Alejandro Vanoli. En ese momento, para contener la disparada del dólar en el mercado negro, el Gobierno decidió vender la moneda a 10,6 pesos a pagar seis meses después. Pero el gobierno de Mauricio Macri devaluó la moneda y pagó esos dólares a 15 pesos, con una ganancia para los inversores del 40%. Bonadio sostuvo que Kirchner sabía que la devaluación era inminente, ganase quien ganase las elecciones presidenciales de octubre de 2015, y perjudicó al Estado con una maniobra que supuso un costo de 3.500 millones de dólares. La causa dólar futuro es la más endeble en términos jurídicos porque falla contra una decisión de Gobierno, pero en el marco de los nuevos procesamientos por corrupción complican aún más el escenario de Fernández y sus dos hijos en los tribunales.

Bonadio consideró ahora que la expresidenta formó junto a sus dos hijos una asociación ilícita destinada a lavar dinero de la corrupción a través de la sociedad Los Sauces, creada en el año 2008. Los principales clientes de Los Sauces fueron Báez y el empresario Cristóbal López, quienes hicieron aportes millonarios en concepto de alquileres. Lo aportado por esos dos empresarios representó el 80% de los ingresos de la empresa familiar de los Kirchner y el juez sospecha que en realidad los alquileres fueron la fachada tras la cual se ocultó el pago de presuntos sobornos.

La corrupción ha ensombrecido la herencia del kirchnerismo desde que entregó el poder hace 15 meses. La imagen del máximo responsable de la obra pública, Julio López, intentando ocultar bolsos con 9 millones de dólares dentro de un convento, fue la foto más evidente, mientras en los tribunales avanzaban las causas contra la expresidenta y su entorno, sobre todos empresarios beneficiados con los negocios del Estado.

Cristina Fernández dijo siempre que las investigaciones ocultan el intento oficial por apartarla de la política en un año electoral, una tesis que defienden muchos argentinos que defienden su gestión. La expresidenta ha mantenido hasta ahora en suspenso si se presentará o no como candidata al Congreso, una demora que ha abierto grietas en el peronismo entre quienes la apoyan y quienes querrían verla fuera de la carrera. En todo caso, Fernández de Kirchner tiene tiempo para decidir hasta agosto, cuando los partidos deberán elegir a sus candidatos en elecciones primarias. Eso, claro está, si los tiempos judiciales no se adelantan.