Un grupo disidente de las FARC mata a un soldado en el sureste de Colombia
El presidente Santos condena el ataque en Guaviare donde también han resultado heridos otros tres militares
Un soldado ha muerto, tres han resultado heridos y otro está en paradero desconocido a causa de un ataque perpetrado por la disidencia de las FARC la noche del sábado en Guaviare, al sureste de Colombia. El responsable del atentado fue el Frente 1, según información del Ministerio de Defensa. Se trata de un grupo de combatientes que decidió no unirse al proceso de paz acordado entre la guerrilla y el Gobierno de Juan Manuel Santos el pasado noviembre. "Condeno ataque subversivo en Guaviare que dejó soldado muerto y cuatro heridos. Solidaridad con sus familias. Ejército sigue labores en la zona", ha escrito el mandatario en su cuenta oficial en Twitter.
Condeno ataque subversivo en Guaviare que dejó soldado muerto y 4 heridos. Solidaridad con sus familias. Ejército sigue labores en la zona
— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) April 9, 2017
"Un vehículo tipo camioneta que transportaba personal militar que se movilizaba para realizar el acompañamiento a la Policía Nacional y autoridades ambientales del departamento del Guaviare fue atacado mediante artefacto explosivo improvisado", ha explicado Defensa en un comunicado. En este momento, el Ejército colombiano continúa con la investigación y la búsqueda de los responsables del atentado en la zona de La Momposina.
La primera hipótesis apunta a Miguel Botache Santanilla, alias Gentil Duarte, un ex alto mando de las FARC que lideró durante muchos años el Frente 1 y responsable del secuestro de Ingrid Betancourt, política colombiana candidata a la presidencia. El pasado julio, poco tiempo después de que la guerrilla y el Gobierno firmaran el cese al fuego bilateral y definitivo, un grupo que se calcula en unos 60 guerrilleros, liderados por mandos medios, envió un comunicado anunciando su negativa a cumplir con lo pactado. “Hemos decidido no desmovilizarnos, continuaremos la lucha por la toma del poder por el pueblo y para el pueblo, independientemente de la decisión que tomen el resto de integrantes de la organización guerrillera. Respetamos la decisión de quienes desistan de la lucha armada, dejen las armas y se reincorporen a la vida civil, no los consideramos nuestros enemigos”.
En aquel momento, el Ejecutivo de Santos mostró su rechazo a esta decisión. "Cualquiera que tenga alguna duda que mejor la deje a un lado y se acoja [al acuerdo de paz], porque es la última oportunidad que tienen para cambiar de vida, porque de otra forma terminarán, se los aseguro, en una tumba o en una cárcel", aseguró entonces el mandatario. Las FARC tardaron en pronunciarse cinco meses. El pasado diciembre, el Secretariado de la guerrilla emitió un comunicado en el que apartaban de sus filas a cinco mandos, entre ellos Gentil Duarte y John 40, el que antaño fuera uno de los hombres de confianza del Mono Jojoy, uno de los comandantes más sangrientos y beligerantes de la insurgencia, caído en combate en 2010.
Era la primera vez que la organización guerrillera dejaba de hablar únicamente de desertores, el calificativo que hasta ese momento habían usado para responder al Gobierno y otros colectivos cuando se referían a la disidencia de las FARC.
Desde que el pasado 24 de noviembre Santos y Timochenko, líder de la guerrilla, firmaran el acuerdo definitivo que acabó con 52 años de conflicto armado en Colombia, el Ministerio de Defensa ha sido la única institución en referirse a la disidencia con cifras. Luis Carlos Villegas, titular de la cartera, considera que este colectivo representa un 5% de los guerrilleros, sin diferenciar si se trata de individuos que han continuado en el combate, la extorsión o el negocio del narcotráfico, o si son desertores que han regresado a sus casas. Las FARC no han confirmado ni desmentido este porcentaje. "Nosotros no estamos contando quién se va, sino quien llega a las zonas veredales", ha declarado en más de una ocasión Marcos Calarcá, comandante y miembro del Mecanismo de Monitoreo y Verificación encargado de controlar la primera parte de la implementación del proceso.
"Los números están dentro de los esperados en cualquier proceso de paz", explicaba Ariel Ávila, analista de la Fundación Paz y Reconciliación en un artículo en EL PAÍS. El experto cree que la tardanza en aplicar la amnistía pactada en la mesa de negociaciones de La Habana sembró desconfianza y miedo entre combatientes que cargan importantes delitos a causa del conflicto. Además, "se pactaron sueldos de 620.000 pesos, cerca de 280 dólares por mes, a cada guerrillero. Esto está bien para la base de las FARC pero no para los mandos medios". Es decir, comandantes que, en opinión de Ávila, "manejaban miles de dólares al mes, que tenían a su cargo centenares de guerrilleros y que tenían poder ante la comunidad".
A estos dos factores que explicarían la disidencia, se unen las organizaciones criminales que aun dominan muchos territorios de Colombia, y que ofrecen nuevos salarios a quienes decidan dejar las filas guerrilleras. Al mirar el mapa, los disidentes operan fundamentalmente en varios departamentos selváticos, como Guaviare, Guainía y Vichada, estos dos últimos limítrofes con Venezuela, así como en Nariño, fronterizo con Ecuador, especialmente en la localidad de Tumaco. Zonas donde el narcotráfico sigue representando un negocio muy rentable.
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