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Deportado sin juicio un ‘dreamer’ que tenía protección con Obama

Un joven con permiso DACA fue detenido junto a la frontera en California y expulsado a México por no llevar documentación, según una denuncia

Pablo Ximénez de Sandoval

La peor pesadilla para los llamados dreamers en Estados Unidos tiene desde este martes nombre propio. Juan Manuel Montes Bojórquez es el primer inmigrante irregular que, teniendo una protección especial contra la deportación gracias a una orden del presidente Barack Obama, ha sido enviado a México siguiendo las órdenes de Donald Trump. No tuvo ni juicio. La deportación expeditiva se produjo el 18 de febrero, pero se ha conocido este martes a través de una demanda presentada en California.

Un vehículo de la policía de fronteras, junto a la valla en California.
Un vehículo de la policía de fronteras, junto a la valla en California.AFP
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Montes tiene 23 años y es uno de los alrededor de 750.000 inmigrantes que fueron protegidos de la deportación por una orden de Obama que creó el llamado programa DACA (siglas en inglés de acción diferida para llegadas de menores). El programa daba permiso de trabajo y una identificación a inmigrantes sin papeles que habían llegado al país siendo menores de edad. Ese programa sigue en vigor al menos hasta 2018. La deportación de Montes es la primera conocida de uno de estos jóvenes, en teoría el grupo más protegido entre los inmigrantes indocumentados.

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La denuncia la presentó un grupo de abogados de la organización National Immigration Law Center y otros tres despachos ante la Corte Federal del Distrito Sur de California. Relata cómo Montes estaba caminando por la calle en Calexico, California, en busca de un taxi alrededor de la medianoche del 17 de febrero. Entonces se le acercó en un agente de la policía de fronteras (CBP). Según el relato, el agente empezó a interrogarle de manera agresiva y llamó a un compañero. Montes no llevaba su cartera encima, con la tarjeta del permiso DACA, porque se la había dejado en el coche de un amigo.

Lo metieron en un coche y lo llevaron a la comisaría al lado del puesto fronterizo de Calexico (la ciudad que hay enfrente de Mexicali, capital de Baja California). “Allí fue detenido e interrogado y le pidieron que firmara ciertos documentos”. La denuncia destaca que en ningún momento tuvo acceso a un juez de inmigración, ni un abogado, ni a una explicación del contenido de los documentos que firmó, ni siquiera copias de los mismos.

La denuncia es precisamente para pedir por vía judicial que la policía de fronteras entregue la documentación que sirvió de base para la deportación de Montes. Tenía tres antecedentes menores, que no son suficientes legalmente para quitarle el estatus DACA.

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A la una de la madrugada, Montes se encontró al otro lado de la frontera. Allí llamó a su amigo para que le llevara la documentación. Se quedó a dormir en casa de otro amigo. Unos días después, fue asaltado por la calle y golpeado por unos ladrones. Entonces decidió volver a Estados Unidos. Según ha relatado el propio Montes al diario USA Today, saltó la valla fronteriza al ver a otras personas hacerlo. En la denuncia dice que se entregó a la policía media hora después. El 20 de febrero, fue deportado de nuevo, otra vez después de firmar una serie de documentos de los que no entendía el contenido y de los que no le dieron copias.

Según el relato de los abogados, Montes llegó a Estados Unidos cuando tenía nueve años. Sufrió daños cerebrales cuando era niño y tiene deficiencia cognitiva. A pesar de ello, cursó educación especial desde la primaria y completó el bachillerato. Estaba estudiando en una universidad pública. Montes había trabajado también en los campos recogiendo cultivos en California y Arizona.

Montes pidió el programa DACA en 2012. Le fue concedido en 2014 y renovado en 2016, según sus abogados. Tenía el permiso en vigor hasta 2018.

Trump firmó la orden ejecutiva antiinmigrantes el 25 de enero, cinco días después de jurar el cargo como presidente. Aquella orden, y los desarrollos reglamentarios posteriores del Departamento de Seguridad Nacional, en la práctica acababa con el sistema de prioridades de deportación de la era Obama. A partir de ese momento, todo inmigrante irregular que tuviera un encuentro con la policía de inmigración era objeto de deportación, independientemente de sus antecedentes o arraigo. La orden significaba que nadie está a salvo.

Sin embargo, quedaba pendiente la cuestión de los dreamers. Trump dio mensajes contradictorios durante la campaña electoral sobre sus intenciones respecto a estos casos. En la orden ejecutiva no aparecen mencionados. Finalmente, en televisión dijo que no tenían nada que temer. Pero no hay nada por escrito al respecto. Ha habido al menos dos casos de dreamers detenidos para deportación.

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Sobre la firma

Pablo Ximénez de Sandoval
Es editorialista de la sección de Opinión. Trabaja en EL PAÍS desde el año 2000 y ha desarrollado su carrera en Nacional e Internacional. En 2014, inauguró la corresponsalía en Los Ángeles, California, que ocupó hasta diciembre de 2020. Es de Madrid y es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense.

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