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El lento viaje hacia la normalidad de una aldea golpeada por la guerra con las FARC

La vereda La Cooperativa, que estuvo en el corazón del conflicto en Colombia, recibe la visita del Consejo de Seguridad de la ONU

Francesco Manetto
Representantes de Naciones Unidas junto a líderes de las FARC en La Cooperativa, el viernes.
Representantes de Naciones Unidas junto a líderes de las FARC en La Cooperativa, el viernes. Gonzalo Domínguez (EFE)

Decenas de campesinos se dan cita bajo un cobertizo en la calle principal de La Cooperativa, un camino sin asfaltar donde se forma un arroyo cada vez que llueve. Los cerca de 500 habitantes de esta comunidad del departamento del Meta, en el centro de Colombia, han convivido a diario, durante décadas, con una doble violencia. Al horror del conflicto armado entre el Estado y las FARC se sumaron las consecuencias de la producción de coca. Esta vereda es un símbolo de los males que han azotado el país. La guerra terminó y la paz, pese a los obstáculos a los que se enfrenta el desarrollo de los acuerdos con la guerrilla, se ha convertido ahora en su principal aliento.

La nueva vida de La Cooperativa, que se encuentra junto a La Reforma, una de las 26 zonas de transición a la vida civil de la insurgencia, produce también fotografías insólitas. Este viernes los representantes de la aldea se reunieron con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuyos 15 embajadores culminaron su visita de dos días a Colombia en uno de los epicentros del conflicto. Acompañados del alto comisionado para la paz del Gobierno de Juan Manuel Santos, Sergio Jaramillo, de la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, y del jefe de la delegación de paz de las FARC, Iván Márquez, los enviados de la ONU concluyeron el viaje reiterando su compromiso con los acuerdos y manifestando su esperanza de que, pese a los retrasos registrados hasta ahora, su implementación acabe, en los aspectos fundamentales, en menos de un mes. “Somos testigos de un proceso de paz irreversible en el cual el Consejo de Seguridad va a continuar prestando toda la asistencia que sea requerida”, señaló el uruguayo Elbio Rosselli, presidente de ese órgano.

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La guerrilla, según la previsión de Naciones Unidas, tenía que haber entregado a finales de esta semana 1.000 de las 7.000 armas que están en los campamentos. A esa cifra se suman las que se encuentran almacenadas en unas 900 caletas y, sobre todo, las dificultades que rodean el tránsito de miles de combatientes a la convivencia con la sociedad colombiana. En La Reforma viven, por ejemplo, 337 personas y 110 han recibido cursos de agroecología y capacitación digital. Pero el calendario del proceso no es la principal preocupación de los habitantes de La Cooperativa. Su prioridad era el cese del conflicto, En este poblado ya no se escuchan bombas por la noche y el fin de la guerra ha dado paso a otro tipo de reclamaciones y quejas relacionadas con la seguridad de los líderes sociales, víctimas de un incesante goteo de asesinatos y agresiones, o con la rutina de un centro rural. 

“Sabemos que [la comunidad] está en el centro de una gran zona de cultivo y hoy, con el fin del conflicto, tenemos la oportunidad de cambiar este lugar, cosa que vamos a hacer”, afirmó Jaramillo antes de que Simón Caro, representante de las juntas de acción comunal del municipio de Vista Hermosa, transmitiera las inquietudes de la población. “En esta zona estamos esperando una paz estable y duradera. Tenemos algunas preocupaciones. Hoy las madres de los policías no están llorando a sus hijos, hoy las madres de los guerrilleros no están llorando a sus hijos en combate, pero sí estamos llorando con los arroyos de sangre de lágrimas que estamos viendo de los líderes sociales, de los líderes comunales”. Según el último informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el año pasado se produjeron en Colombia 389 ataques y 59 homicidios contra estos activistas.

Los campesinos también demandan mejoras en su vida diaria. “La realidad es que estamos viviendo muchas promesas”, dice a EL PAÍS uno de los líderes de la comunidad, Luis Castro, que observa la reunión con el Consejo de Seguridad desde un porche cercano. “La carretera fue uno de los principales factores cuando se escogió este sitio como zona de la transición de la guerrilla. Lo primerio a lo que se comprometió el Estado fue con arreglar la carretera”, asegura. John Jairo Amaya Suárez aplaude, en cambio, la visita. “Esta es una zona muy estropeada por la guerra, por los grupos armados, donde hay víctimas, hay personas que tienen hijos que nunca aparecieron. Que tengan en cuenta a las personas que han vivido toda la vida aquí”. Y destaca lo que considera esencial desde la firma de los acuerdos de paz: “Ha disminuido mucho la violencia, puede uno dormir tranquilo. Ya no se escuchan los bombazos que se escuchaban antes”. 

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Sobre la firma

Francesco Manetto
Es editor de EL PAÍS América. Empezó a trabajar en EL PAÍS en 2006 tras cursar el Máster de Periodismo del diario. En Madrid se ha ocupado principalmente de información política y, como corresponsal en la Región Andina, se ha centrado en el posconflicto colombiano y en la crisis venezolana.

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